Cada vez más en los últimos años, los activistas de la reforma de la justicia penal en los estados y ciudades han estado haciendo campaña a favor de lo que se conoce como «prohibir la caja», un esfuerzo para promulgar nuevas leyes y ordenanzas que prohíben a los propietarios y empleadores preguntar a los solicitantes sobre sus antecedentes penales. La idea es que demasiados antiguos delincuentes rehabilitados no pueden encontrar trabajo o alquilar un apartamento gracias a la «caja» de los formularios de solicitud que pregunta por las condenas penales.
No es difícil simpatizar con este esfuerzo. Gracias a la Guerra contra las Drogas, millones de estadounidenses han sido condenados por varios «crímenes» relacionados con las drogas y otros delitos menores que se han convertido cada vez más en delitos graves y otros delitos penales.
La Heritage Foundation ha notado que los delitos federales con penas severas han ido en aumento durante años, y el Illinois Policy Institute señala que el estado ha gastado enormes sumas de dinero en encarcelar a personas bajo los estatutos de delitos mayores de clase 4, que cubren delitos menores.
Como ha explicado Justin Murray en mises.org, Estados Unidos es bastante único en cuanto a la severidad de sus castigos. Muchos de los delitos que acarrean largas penas de prisión en Estados Unidos son tratados mediante multas y programas de rehabilitación en muchas otras partes del mundo, con mejores resultados.
Una amplia variedad de delitos no violentos son transformados rutinariamente en delitos graves por los legisladores, y muchos ni siquiera están relacionados con las drogas. Por ejemplo, en un informe del 2015 de la Oficina de Investigación Legislativa del estado de Connecticut, encontramos numerosos ejemplos de ser un prestamista sin licencia o permitir que un menor trabaje en violación de las leyes laborales estatales.
Muchas de estas violaciones fueron alguna vez delitos menores, pero ahora acarrean fuertes multas e incluso años de prisión.
La idea de que las personas culpables de tales delitos menores deben ser aisladas de la mayoría de los empleos les parecerá excesiva a muchas personas.
Pero la forma en que los gobiernos están corrigiendo el problema es totalmente errónea.
En Detroit, por ejemplo, la nueva ley de «prohibir la caja» impone una amplia variedad de nuevas regulaciones a los propietarios en cuanto a lo que pueden y lo que no pueden preguntar a los solicitantes sobre un posible pasado criminal.
Irónicamente, si el propietario no se adhiere a estas nuevas reglas, él o ella puede ser condenado por una ofensa criminal.
El Estado de Massachusetts ha promulgado una ley similar para los empleadores, que impone multas por infracciones que a menudo se manifiestan como hacer las preguntas»incorrectas» en los formularios de solicitud de empleo, o hacer las preguntas equivocadas en el momento equivocado en el proceso de solicitud.
La Ciudad de Seattle ha promulgado una medida similar.
En las jurisdicciones que han adoptado tales medidas, las investigaciones civiles y las sanciones se llevan a cabo de manera similar a las investigaciones de vivienda justa en los casos de los propietarios, y las investigaciones de discriminación en el empleo en los casos de los empleadores.
Esto abre a los dueños de negocios a una variedad de nuevas demandas basadas en acusaciones de discriminación, y estas leyes tienen el potencial de añadir cargas significativas a las empresas. Esto es especialmente cierto en el caso de las pequeñas empresas que no cuentan con un personal importante de recursos humanos.
Además, estas medidas limitan la capacidad de los empleadores y propietarios para tomar las decisiones más apropiadas a sus situaciones específicas, necesidades, base de clientes y personal existente.
La verdadera solución
Es desafortunado que los gobiernos hayan considerado conveniente hacer que los propietarios y las empresas paguen el precio de lo que es un problema creado por los gobiernos.
La razón por la que muchos estadounidenses tienen antecedentes penales es porque se han tipificado demasiados delitos. La respuesta a este problema, por lo tanto, radica en primer lugar en la despenalización del uso de drogas y otros delitos de poca monta. El segundo paso es borrar todos los antecedentes penales relacionados con estos delitos.
Colorado, por ejemplo, finalmente ha comenzado a moverse hacia la eliminación de las viejas condenas por marihuana, más de siete años después de que se legalizara el uso recreativo de la marihuana. Illinois ha avanzado aún más rápido hacia la eliminación de estos registros ahora que el estado está dispuesto a legalizar la marihuana recreativa en 2020.
En un mundo más razonable, este proceso debería ampliarse, ya que otros delitos menores también se despenalizan.
Si a los responsables de la formulación de políticas les preocupa que demasiadas personas sean tildadas permanentemente de delincuentes, entonces esos mismos responsables de la formulación de políticas deberían dejar de aumentar el número de delitos. En lugar de eso, deberían estar explorando maneras de volver a convertir muchos delitos graves en los delitos menores que antes eran. O, cuando no hay víctima, legalizar completamente la actividad.
Esto, por supuesto, no supondría una carga adicional para las empresas o los propietarios. No requeriría investigaciones para asegurar que los propietarios privados estén haciendo las preguntas correctas. No conducirá a más condenas penales para los sospechosos de discriminar a los delincuentes.
Pero, como ocurre a menudo, la solución «fácil» es simplemente imponer más regulaciones, multas y sanciones al sector privado. Esta «solución», por supuesto, no hará nada para abordar el verdadero problema subyacente.
