El debate sobre el aborto en los Estados Unidos se ha convertido esencialmente en un debate sobre el grado de centralización de la política del aborto a nivel federal. Dado que no hay ninguna posibilidad real de que se prohíba el aborto en todo el país, el hecho de que la Corte Suprema de EEUU anule el caso Roe v. Wade es una cuestión de si la política del aborto pasará a ser del dominio de los gobiernos estatales y locales. Es decir, sin Roe para federalizar la política del aborto, el asunto vuelve a donde estaba antes de 1973: a los legisladores estatales y locales.
Sin embargo, los centralistas que exigen que la política sobre el aborto se imponga desde Washington, DC —y sólo desde Washington, DC— no parecen soportar la idea de que tal vez la gente en otras partes del país pueda estar en desacuerdo con las élites nacionales proaborto. Sin embargo, tolerar el control estatal y local sobre una cuestión política importante no es una idea revolucionaria. Los responsables políticos estatales y locales suelen ser los encargados de legislar en muchas otras áreas consideradas de vida o muerte, como los delitos violentos y la pena de muerte.
Los centralistas, sin embargo, emplean un argumento moralista para anular cualquier preocupación sobre el localismo o el federalismo. El argumento es el siguiente: «Sí, hay algunas áreas en las que podríamos permitir a los estados cierto control local sobre la ley y la política. Pero el derecho legal al aborto es tan importante que cualquier limitación de este derecho constituye una violación de los derechos humanos. Por lo tanto, no podemos tolerar ningún control local porque esta cuestión es muy importante».
Este es un truco astuto que se ha empleado en muchos contextos además del aborto. Incluso se ha utilizado para justificar las invasiones de Estados Unidos en países extranjeros en nombre del humanitarismo. También es la justificación ideológica fundamental del imperialismo y el colonialismo: «Esos salvajes de esos lugares fuera de nuestra metrópoli ilustrada no saben cómo gobernarse. Así que nosotros lo haremos por ellos». Sin embargo, al final, centralizar el poder político de esta manera constituye su propia violación de los derechos humanos.
Por qué los centralistas no toleran la autodeterminación local
Ciertamente, los centralistas pro-aborto presentan una variedad de argumentos para apoyar su posición de que la política del aborto debe ser hecha por las élites a nivel nacional. Muchos esgrimen argumentos jurídicos y afirman que una interpretación adecuada de la Constitución de EEUU exige el control federal del aborto. Otros hacen una afirmación pragmática, insistiendo en que permitir el control local de la ley del aborto llevará a la confusión, al malestar o incluso a la guerra civil.
Sin embargo, en el centro de estos argumentos suele haber una afirmación moral: que los límites legales al aborto son tan moralmente incorrectos que justifican la intervención federal independientemente de las preocupaciones sobre el federalismo o el control local.
Por ejemplo, escribiendo para Los Angeles Times, Ronald Granieri admite que tal vez podría tolerarse cierto nivel de autodeterminación local, pero dice que la «república tiene que garantizar algunos derechos básicos compartidos por todos los ciudadanos, lo que impone limitaciones a la amplitud de las divergencias entre los estados». Naturalmente, Granieri considera que el aborto legal está entre estos derechos básicos. Del mismo modo, en The Nation, Atima Omara opina que los demócratas en el Congreso y la Casa Blanca deben hacer «lo que sea necesario» para garantizar el estatus legal del aborto en todo el país. Omara deja claro que considera la situación de extrema importancia, escribiendo: «Aquí estamos todos mirando al borde del desastre y de la temporada abierta en nuestros derechos humanos fundamentales». Además, como escribió Ruth Marcus en el Washington Post el pasado mes de junio, permitir que los estados elaboren sus propias leyes sobre el aborto «los facultaría para ser agentes de opresión».
Desde su punto de vista, es mucho lo que está en juego, por lo que no es de extrañar que la solución propuesta sea que el gobierno federal haga «lo que sea necesario» para «garantizar» una base de derechos. Sin embargo, los artículos de opinión de este tipo nunca mencionan cómo deben hacerse exactamente esas garantías o qué implica en la práctica hacer lo que sea necesario. En la práctica, esto significa utilizar el poder coercitivo del Estado para forzar el cumplimiento de los edictos federales. Significa enviar agentes federales para garantizar que los funcionarios locales no cierren las clínicas de aborto o persigan a los médicos que practican el aborto. Pero eso requiere, en última instancia, amenazas de utilizar la fuerza coercitiva. Y si esas amenazas fallan, significa enviar realmente agentes federales armados para garantizar el cumplimiento.
Por eso, quienes se oponen al localismo en la política del aborto deben emplear términos universalistas y moralistas como «derechos humanos» y «desastre». Es necesario demostrar que el mantenimiento de la legalidad del aborto supera otras consideraciones. El mensaje es claro: independientemente de lo que digan nuestras tradiciones o textos legales sobre la soberanía estatal, el control local o el federalismo, todo eso no es nada comparado con el imperativo moral de intervenir para garantizar la protección de los derechos humanos.
Esta posición, hay que recordarlo, no debe confundirse con la mera denuncia de las restricciones al aborto o con el hecho de animar a los activistas y votantes de estos estados a resistirse a ellas. La resistencia local al poder del Estado en nombre de los derechos humanos es totalmente diferente a la imposición de derechos desde arriba. Lo primero es una forma de liberación del control estatal. La segunda es una forma de imperialismo.
Los centralistas del aborto utilizan el lenguaje de los imperialistas y colonialistas
El argumento centralista de «los derechos humanos justifican cualquier cosa que hagamos» es peligroso, por no decir otra cosa, porque esencialmente dice que no hay límites al poder federal. En esos casos, la preocupación por lo que definamos como derechos humanos básicos anulará la preocupación por lo que podríamos llamar «autodeterminación», «autogobierno», «autonomía local» o «derecho constitucional».
Este lenguaje es también fundamentalmente el mismo que se ha utilizado para justificar el imperialismo y el colonialismo en muchos casos a lo largo de la historia. Como ha señalado el activista indio de los derechos humanos Salil Shetty, los partidarios del colonialismo se basaron durante mucho tiempo en argumentos de derechos humanos para justificar sus intervenciones en el extranjero:
En el último siglo y medio, los derechos humanos han estado siempre ligados, de forma extraña y artificial, al propio proyecto de colonización, antes de que se convirtieran más genuinamente en parte del esfuerzo inverso de resistencia contra el colonialismo: el colonialismo y los primeros derechos humanos modernos se alimentaron mutuamente.
Este fue a menudo el caso explícito cuando los colonizadores europeos del siglo XIX afirmaron que imponían el dominio extranjero a las poblaciones indígenas «por su propio bien». Como señala la historiadora Alice Conklin
Las ideas republicanas sobre la civilización influyeron en la política francesa en África Occidental entre 1895 y 1914 de dos maneras distintas pero complementarias. En primer lugar, basándose en la retórica universalista de 1789 sobre el derecho de todas las personas a las libertades básicas, la ideología republicana inspiró a los franceses a identificar y tomar medidas para liberar a los africanos de las formas de opresión que creían que existían, incluyendo la esclavitud africana, el «feudalismo», la ignorancia y las enfermedades.... En segundo lugar, los ideales liberales alentaron a los franceses a establecer límites a la cantidad de coerción que la administración colonial podía utilizar contra los colonizados, especialmente en la administración de justicia y el uso del trabajo forzoso; esto se hizo a través de los medios legales de la codificación, que a su vez crearon la ilusión de que se respetaban los derechos humanos básicos en las colonias. Ambas iniciativas conspiraron igualmente, y de forma trágica, para legitimar un régimen basado en la fuerza en la era de la democracia.
Los americanos tenían una visión similar de Filipinas. La justificación de la intervención americana en ese país a principios del siglo XX era la idea de que Estados Unidos «civilizaría» a los filipinos «cristianizando» a la población —que ya era mayoritariamente católica y, por lo tanto, cristiana— y también enseñaría a los filipinos a gobernarse a sí mismos de una manera que se consideraba suficientemente orientada hacia las ideas americanas sobre los derechos humanos.
Tanto en África Occidental como en Filipinas, por supuesto, el proceso de imponer el «respeto» a los derechos humanos requirió violar los derechos humanos de los lugareños en innumerables ocasiones.
Mayorías regionales que son minorías nacionales: un estado de colonización de hecho
Pero las realidades de la colonización y la negación de la autodeterminación no son sólo algo que ocurre en tierras lejanas donde la gente tiene un aspecto diferente y habla lenguas diferentes, ni se ven anuladas por la existencia de instituciones democráticas.
En su libro de 1927 Liberalismo, Ludwig von Mises reconoce que la autodeterminación se niega de forma rutinaria incluso dentro de las políticas que son democráticas. Mises escribe:
La situación de tener que pertenecer a un Estado al que no se desea pertenecer no es menos onerosa si es el resultado de unas elecciones que si hay que soportarla como consecuencia de una conquista militar.... Ser miembro de una minoría nacional significa siempre ser un ciudadano de segunda clase.
Dentro del propio sistema político de EEUU, regiones enteras del país pueden encontrarse en una situación como ésta cuando se les impone una política a pesar de las ideologías y valores políticos de las mayorías locales. Es decir, si las mayorías nacionales son suficientes para mantener en el poder a los responsables políticos proaborto a nivel nacional, esto significa que las mayorías locales antiaborto carecen de autodeterminación. Entonces, las mayorías locales no tienen medios para ejercer ningún control real sobre el gobierno nacional. Estas mayorías locales están esencialmente en la misma posición que una colonia sin voto o las minorías permanentes que Mises describió.
En una confederación como la de Estados Unidos, hay una manera fácil de abordar este problema: limitar el poder del gobierno central a los asuntos externos, como la política exterior; maximizar el autogobierno a nivel estatal, local y regional; y, en última instancia, permitir la secesión cuando el compromiso ya no sea factible.
La retórica de los centralizadores del aborto, sin embargo, va exactamente en la dirección opuesta. El lenguaje de «acepta nuestra definición de los derechos humanos, o si no» es típico de lo que esperaríamos de los imperialistas de antaño, que insistían en que no se podía confiar en el autogobierno de esos patanes de las provincias.
