Estados como California lo están aprendiendo en tiempo real, a medida que las personas con altos ingresos se trasladan en respuesta a la creciente presión fiscal y a la creciente incertidumbre fiscal. La magnitud es difícil de ignorar. Más de 90 000 millones de dólares en ingresos han abandonado el estado desde 2019 —lo que revela cómo lo que parece ser una fuente estable de ingresos sobre el papel es mucho más frágil en la práctica.
Esos ingresos no desaparecen, sino que van a parar a algún sitio. Estados como Texas y Florida —ambos sin impuesto sobre la renta estatal— se han situado entre los principales beneficiarios de este cambio. A medida que las personas con altos ingresos se trasladan, llevan consigo sus ingresos, su actividad inversora y su gasto, lo que refuerza la base impositiva de los estados a los que se mudan.
Esto no ocurre por casualidad. Estados como California han creado sistemas fiscales que dependen en gran medida de las personas con altos ingresos, especialmente a través de los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital. Eso funciona... hasta que esos contribuyentes empiezan a marcharse.
En California, las plusvalías se gravan como renta ordinaria, lo que significa que las ganancias importantes por inversiones pueden estar sujetas al tipo impositivo más alto. Esto hace que una parte significativa de los ingresos fiscales dependa de una renta que es más fácil de trasladar.
Durante la última década, California ha subido repetidamente los impuestos a las rentas más altas, incluso mediante medidas como la Proposición 30, para financiar el aumento del gasto gubernamental en programas como la educación y la sanidad. En lugar de ampliar la base impositiva mediante el crecimiento empresarial, la creación de empleo y una economía más sólida, el estado optó por depender aún más de un pequeño grupo de contribuyentes con rentas elevadas. El crecimiento lleva tiempo. Subir los tipos impositivos genera ingresos inmediatos y gana votos. Pero también crea un sistema que resulta más difícil de mantener a largo plazo.
Esa pérdida de ingresos se traduce en unos 10 000 a 12 000 millones de dólares en ingresos fiscales anuales que ya no se recaudan como antes.
Y esos ingresos no solo se están reduciendo, sino que son impredecibles. Dado que gran parte de ellos depende de las plusvalías, la recaudación fiscal sube y baja con el mercado. En años de bonanza, los ingresos se disparan. En años de menor actividad, caen en picado. Cuando esa volatilidad se combina con la salida de riqueza del estado, la elaboración de presupuestos a largo plazo se vuelve mucho más difícil.
No se trata solo de particulares. En los últimos años, grandes empresas han trasladado sus operaciones y sedes fuera de California. Tesla trasladó su sede a Texas, al igual que empresas como Oracle y Hewlett Packard Enterprise. Cuando los directivos se marchan, no solo se llevan puestos de trabajo —sino también salarios, ingresos por acciones y las plusvalías que estos generan. Estas decisiones también determinan dónde se producirá el crecimiento económico y los ingresos fiscales en el futuro.
Ahora, el estado de Washington está tomando una medida similar. Tras años sin aplicar el impuesto sobre la renta, el estado ha introducido un impuesto del 7 % sobre las plusvalías que superen los 250 000 dólares. Al igual que en California, se trata de una forma de generar más ingresos centrándose en un pequeño grupo de personas con altos ingresos.
El problema de fondo es que la riqueza no está anclada en un lugar concreto; es móvil, flexible y cada vez más global. Las personas con altos ingresos de hoy en día no están atadas a un único lugar como lo estaban las generaciones anteriores. El teletrabajo, los activos digitales y los negocios portátiles han facilitado más que nunca la reubicación. Cuando la política fiscal da por sentado que la riqueza permanecerá estacionaria, ignora la realidad de que las personas ajustan su comportamiento cuando cambian los incentivos. Con el tiempo, ese error de cálculo erosiona silenciosamente la propia base impositiva de la que dependen esas políticas.
En esencia, se trata de una lección sobre los límites. Los gobiernos pueden gravar los ingresos, las plusvalías y las inversiones, pero no pueden controlar dónde se generan. Cuando las políticas empiezan a tratar a las personas con altos ingresos como una fuente fija de ingresos en lugar de como participantes en un sistema competitivo, se genera una presión que, con el tiempo, los empuja a irse a otros lugares. El resultado no es solo una pérdida de ingresos, sino un desplazamiento de los lugares donde se producen la innovación, la inversión y el crecimiento económico. La riqueza no desaparece bajo presión —sino que se traslada a donde se la trata de forma más favorable.
