Al editor:
He leído con interés el artículo del Naples Daily News titulado «Collier se enfrenta a un recorte de 63 millones de dólares por el plan fiscal» (6 de junio).
Aunque gran parte del debate se centra en cómo los gobiernos locales harán frente a la reducción de ingresos, la cuestión más profunda es la desconexión entre los impuestos sobre la propiedad y los servicios que prestan los gobiernos.
Sabemos cuánto cuestan los servicios públicos porque los responsables políticos presentan cada año los presupuestos y los proyectos de ley sobre impuestos. Pero, ¿cuál es el valor de esos servicios? En una economía de mercado, el valor viene determinado por el intercambio voluntario. Los consumidores deciden qué bienes y servicios desean, y los productores responden en consecuencia. La oferta y la demanda fijan los precios, que reflejan lo que la gente está dispuesta a pagar y lo que los proveedores están dispuestos a ofrecer.
La mayoría de los servicios de los que dependen los americanos a diario —desde los teléfonos móviles y el acceso a Internet hasta las plataformas de streaming y la televisión por cable— se prestan mediante transacciones voluntarias. Los consumidores deciden si el servicio justifica su precio. Los impuestos rompen esta relación pacífica. Los ciudadanos se ven obligados a pagar independientemente del valor que le den al servicio o de si lo utilizan o no.
La solución consiste en abandonar el modelo de financiación de las administraciones locales mediante impuestos y pasar a un sistema de tasas de usuario. La protección policial, los servicios de bomberos, los parques, la recogida de residuos, las escuelas y otros servicios locales deberían financiarse de la misma manera que el resto de servicios del mercado: a cargo de quienes deciden utilizarlos y apoyarlos. Un sistema de este tipo haría que las administraciones locales fueran más responsables, eficientes y receptivas a las necesidades de los ciudadanos.
Deberían suprimirse los impuestos sobre la propiedad. Una sociedad libre debería basarse en el intercambio voluntario y no en la coacción. Dejemos que sean los ciudadanos, y no los tasadores fiscales, quienes determinen por qué servicios merece la pena pagar y cuánto están dispuestos a gastar.
Murray Sabrin, PhD
Nápoles, Florida
