En los debates sobre la justicia social, a menudo se pasa por alto una distinción importante: la diferencia entre la acción del Estado y la elección privada. La filosofía libertaria sostiene que los individuos y las organizaciones tienen derecho a asociarse o no asociarse con quien elijan. Esto incluye decisiones que algunos pueden considerar discriminatorias. En una sociedad libre, la asociación voluntaria es una expresión fundamental de la libertad. Los actores privados no están moral ni legalmente obligados a tratar a todos por igual.
Los libertarios se oponen a los programas gubernamentales que favorecen a determinados grupos raciales o de género porque implican una redistribución coercitiva. Algunos ejemplos son los préstamos reservados a empresas propiedad de minorías o mujeres, o las ayudas concedidas en Oregón durante la pandemia del COVID dirigidas exclusivamente a los residentes negros. Estas iniciativas suelen hacer que los blancos, especialmente los hombres, se sientan excluidos. Por ejemplo, los hombres blancos se ven perjudicados en la contratación debido a las iniciativas de diversidad. Estos programas estatales difieren fundamentalmente de las iniciativas privadas voluntarias. En un caso, el gobierno utiliza su poder para asignar recursos; en el otro, los actores privados ejercen su libertad de elección. Los libertarios solo critican el primero como una violación de la libertad.
Las iniciativas privadas, por el contrario, funcionan según los principios de la asociación voluntaria. Consideremos The Fearless Fund, un fondo de capital riesgo con sede en Atlanta que se centraba en apoyar a las mujeres empresarias negras. El fondo cerró tras las continuas críticas de activistas conservadores que lo acusaban de discriminación racial. Sin embargo, el trabajo del fondo era totalmente voluntario. Los inversores privados tienen derecho a elegir a quién apoyan, al igual que las redes empresariales judías financian habitualmente a empresarios judíos. Estas iniciativas crean comunidad, fomentan el espíritu emprendedor y funcionan sin coacción ni violación de los derechos de nadie.
El mismo principio se aplica a las comunidades residenciales. Los medios de comunicación criticaron el asentamiento de Ozark en Arkansas, una comunidad exclusivamente blanca, por ser intrínsecamente racista. Desde una perspectiva libertaria, nada en dicho asentamiento viola la libertad. Los residentes están ejerciendo su derecho a asociarse con las personas que elijan. Al igual que los afroamericanos forman comunidades para escapar de la discriminación percibida o fortalecer la cohesión cultural, los blancos tienen el mismo derecho. La asociación voluntaria es compatible con la libertad, independientemente de la indignación pública.
La libertad de asociación permite a los individuos organizar comunidades, empresas o redes sociales que reflejen valores, creencias o identidades compartidos. Ralph Raico, respetado historiador libertario, argumentó que una sociedad libre debe permitir la coexistencia de grupos diversos, incluso si sus prácticas son controvertidas. Las comunidades voluntarias organizadas en torno a la raza, la religión o la ideología son expresiones legítimas de libertad. Los intentos de restringirlas mediante acciones legales o presión social socavan los principios de una sociedad libre. La crítica es aceptable, la coacción no.
La discriminación privada debe entenderse en términos de igualdad de derechos y libertad, no de igualdad de oportunidades o resultados. Los programas gubernamentales que favorecen a grupos específicos violan la igualdad de libertad al redistribuir los recursos de forma coercitiva. Las iniciativas privadas que se centran en un grupo demográfico concreto no lo hacen. La asociación voluntaria refuerza la cohesión social, construye comunidad y fomenta las oportunidades económicas. Las consecuencias sociales no justifican la interferencia legal. Los individuos conservan el derecho a organizarse como consideren oportuno, incluso si algunos encuentran sus elecciones objetables.
Este principio se extiende a la vida privada. Los fondos de capital riesgo, los clubes sociales, las comunidades religiosas y los asentamientos residenciales funcionan todos bajo la misma lógica. La participación es e mente voluntaria y no existe coacción estatal. Los organizadores pueden determinar los criterios de afiliación, inversión o participación. El libertarismo afirma que el derecho a excluir es un ejercicio legítimo de la libertad y que negar este derecho es negar la libertad misma.
En resumen, la discriminación privada en una sociedad libertaria es permisible porque es una expresión de libertad. Los individuos y los grupos pueden organizarse según sus valores, identidades y preferencias sin interferencias. Programas como The Fearless Fund o las redes empresariales judías ilustran este principio, mientras que controversias como el asentamiento de Ozark o el programa de ayuda contra la COVID de Oregón ponen de relieve la tensión entre la asociación voluntaria y la inclusión forzada. En una sociedad libre, el derecho a elegir con quién asociarse es fundamental, incluso cuando la elección es controvertida.
