En mi primera columna tras los acontecimientos del 6 de enero de 2021, critiqué a quienes calificaron la protesta de «golpe de Estado», señalando que «algunos de los mismos políticos y burócratas que denuncian la ridícula farsa del Capitolio como si fuera equivalente al 9-11 han participado durante décadas en la planificación y ejecución de verdaderos golpes de Estado en el extranjero. En sus verdaderos golpes de Estado, han muerto muchos miles de civiles».
Los medios de comunicación de entonces exageraron la violencia cometida por unos pocos en la protesta para avivar la indignación nacional y las demandas de «justicia». Más de 1500 americanos fueron acusados por el incidente y casi 500 fueron encarcelados, incluyendo condenas de prisión escandalosas por delitos relativamente menores, como entrar en el edificio del Capitolio a través de puertas abiertas por la policía y grabar el evento.
Aunque la mayoría de los demócratas y republicanos del Congreso denunciaron duramente a los «insurrectos» del 6 de enero, algunos miembros mostraron el escepticismo adecuado ante las narrativas aceptadas por el gobierno. El representante Thomas Massie, por ejemplo, fue implacable en su búsqueda de respuestas a una pregunta sencilla pero de vital importancia: cuántos de los «insurrectos» eran en realidad agentes encubiertos del FBI y otros agentes de las fuerzas del orden, y qué papel podrían haber desempeñado en la incitación a la violencia.
Massie interrogó varias veces al entonces fiscal general Merrick Garland, pero este no cedió. Se negó a decir si había agentes federales encubiertos entre la multitud, aunque, por supuesto, debía saberlo.
La semana pasada supimos un poco más de la verdad. Con la publicación del informe «posterior a la acción» del FBI, perdido durante mucho tiempo, ahora sabemos que había más de 250 agentes encubiertos entre la multitud. Según el informe, se les asignaron funciones para las que no estaban preparados, como el control de multitudes. Algunos agentes citados en el informe se quejaron de los sesgos políticos de la Oficina contra los conservadores. ¿Qué otras tareas se le podrían haber asignado a un equipo encubierto del FBI «politizado»?
Además de los agentes encubiertos, había más de dos docenas de informantes pagados entre la multitud del 6 de enero. El representante Barry Loudermilk (Republicano por Georgia), que preside la subcomisión que investiga el asunto, plantea una pregunta importante: «Con tantos informantes pagados entre la multitud, queremos saber cuántos había entre la multitud, cuántos había en el edificio, pero también quiero saber si se les pagó para informar o para instigar».
¿Se les pagó para informar o para instigar? Es una buena pregunta. Sabemos que el nuevo gobierno de Biden utilizó el evento para demonizar y perseguir a la oposición política. No se sabe cuántos americanos habrían querido utilizar la libertad de expresión que les garantiza la Primera Enmienda para criticar al gobierno de Biden, pero se vieron silenciados por el miedo a la persecución o a algo peor. Es fácil llegar a la conclusión, al ver a tantos detenidos y condenados a largas penas por «delitos» no violentos, de que es mejor callarse. En aquel momento, los EEUU seguía bajo el yugo de la tiranía del COVID, donde hablar en contra de «la ciencia» podía acarrearte la «cancelación» o algo peor. Era otra forma de silenciar a quienes no «seguían el programa».
Al final, el 6 de enero de 2021 fue una especie de golpe de Estado. Fue un golpe contra la Primera Enmienda. La lección para todos nosotros es que, si no ejercemos de forma regular pero pacífica las garantías de la Primera Enmienda, las perderemos definitivamente, independientemente de quién esté en el poder.
