El senador de EEUU Rand Paul, de Kentucky, ha presentado un proyecto de ley para la restricción del gasto federal, denominado «Plan de los seis centavos», que podría funcionar de verdad. El concepto básico es sencillo. Cada año, durante los próximos cinco años, el Congreso reduciría el presupuesto federal en un seis por ciento con respecto al presupuesto del año anterior. En cinco años, el presupuesto anual estaría equilibrado y la deuda federal total estaría en vías de ser saldada.
En qué se diferencia el «Plan Rand»
Cabe preguntarse en qué se diferencia este plan de otros planes de recorte del gasto. Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley no señala áreas específicas para la reducción del gasto, como el fallido plan DOGE del presidente Trump. El proyecto de ley propone una reducción generalizada, lo que deja en manos de cada agencia federal la decisión de dónde y en qué recortar. Por ejemplo, el Pentágono vería reducido su presupuesto en un seis por ciento, lo que le obligaría a distribuir los fondos entre sus principales comandos. Lo mismo ocurriría con la Seguridad Social, Medicare, la EPA, etc. Ninguna agencia quedaría exenta, aunque es de suponer que habrá un gran revuelo, por supuesto.
Pero el Congreso no tendría que negociar qué recortes aplicar. De hecho, es posible que no se eliminara nada por completo. La responsabilidad recaería en quienes gestionan los programas, quienes, al fin y al cabo, deberían ser quienes mejor conocen los gastos exactos de sus departamentos. Se podría decir que el Congreso está eludiendo sus responsabilidades, y no hay nada que le impida aumentar los gastos o retirar la financiación a cualquier partida, siempre y cuando se cumpla la reducción total del seis por ciento. Cabría imaginar una protesta pública ante la revelación de que algunos programas de alta prioridad dentro de los departamentos a nivel ministerial estuvieran sufriendo recortes para ahorrar lo que la gran mayoría consideraría gastos superfluos. Pero esta negociación se llevaría a cabo dentro de los propios departamentos y no a nivel del Congreso.
La «subsidiariedad» es la clave para una buena toma de decisiones
Actualmente, existen precedentes de cómo la industria se está adaptando a la escasez provocada por la guerra en Oriente Medio y los aranceles del presidente Trump. Por ejemplo, Al Jazeera y el Wall Street Journal informan de que el helio procedente de Oriente Medio —una materia prima crucial para muchas industrias— escasea y los importadores están racionando su suministro a los clientes. Los importadores han declarado fuerza mayor, lo que les obliga a decidir cómo economizar el uso del suministro reducido.
Se pueden apreciar las ventajas de este proceso, denominado «subsidiariedad de la asignación». Las asignaciones forzadas se llevan a cabo de la forma más eficiente y eficaz en el nivel operativo más bajo posible. Esto es muy habitual y no siempre está relacionado con la guerra. La disponibilidad de suministros depende de todo tipo de factores. Hay motivos de sobra para confiar en que este método de asignación de recursos, que es habitual en el ámbito empresarial (e incluso en los hogares), funcionaría igual de bien en los programas gubernamentales.
El Congreso asigna fondos de manera general a los ministerios. Los responsables de estos ministerios, a su vez, asignan los fondos a los gestores de los programas dentro de sus respectivos ministerios. La negociación política para obtener fondos tiene lugar dentro de los ministerios y no a nivel del Congreso. No es razonable esperar que el Congreso pueda determinar de manera eficiente y eficaz cuáles de los cientos, y probablemente miles, de programas deben recortarse. Esa es responsabilidad de los distintos responsables de los ministerios y de sus subordinados.
Incertidumbre y escasez
Los economistas de la Escuela Austriaca nos recuerdan que el mundo se rige por la incertidumbre y la escasez. Los beneficiarios de fondos públicos se verían obligados a adaptarse a una oferta de recursos cada vez más escasa, una oferta de recursos entre muchas otras. La forma en que estos beneficiarios se adaptan a la reducción de los fondos públicos es algo con lo que todos nos enfrentamos a diario. Ninguno de nosotros dispone de recursos ilimitados o garantizados. Esa es la naturaleza de la condición humana. No hay razón para que el gobierno y sus organismos estén exentos de esta realidad.
