El actual juicio para dividir potencialmente Google es otra injustificada extralimitación gubernamental en el libre mercado. Una de las muchas razones por las que los libertarios creen en una intromisión mínima del gobierno en la economía es que desincentiva la competencia y la innovación. Aunque el gobierno cree que Google se ha convertido en un monopolio en el negocio de las búsquedas, el objetivo final debería ser dejar que el libre mercado decida si otros navegadores y motores de búsqueda ofrecen algo superior.
La demanda antimonopolio contra Google presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) pretende desmantelar el gigante tecnológico alegando que ha «monopolizado el mercado de las búsquedas en Internet». Esto no es más que una extralimitación que hace añicos los pilares mismos de un mercado libre y competitivo.
El mercado tiene que ser libre para autorregularse según las leyes de la oferta y la demanda, la competencia y la elección del consumidor. En el caso de Google, lo ha conseguido ofreciendo servicios adicionales de calidad que los consumidores apoyan voluntariamente. Google puede tener un puñado de otros problemas, como la recopilación de datos y la privacidad, pero su éxito es testimonio de su capacidad innovadora y su utilidad para los consumidores, no de ningún poder coercitivo o monopolístico. El intento del Gobierno de disolver Google se basa en una comprensión errónea de las fuerzas del mercado.
El argumento del DOJ de que Google ha incurrido en prácticas contrarias a la competencia se disipa por el hecho de que el dominio de Google se ha logrado mediante la innovación constante y la preferencia de los consumidores, no mediante medidas ilegales o poco éticas. Los servicios de Google —como la búsqueda y Chrome— han evolucionado para mantener el ritmo de las cambiantes necesidades de los consumidores, lo que refleja un mercado en constante evolución en el que las nuevas empresas aún pueden competir y prosperar. La inclusión de la IA en sus búsquedas es una de esas innovaciones que los consumidores no solo acogieron con satisfacción, sino que deseaban que formara parte de su navegador de búsqueda.
Los remedios propuestos por el DOJ —como obligar a Google a desinvertir en su navegador Chrome o conceder licencias de sus datos de búsqueda a los competidores— no sólo serían ineficaces, sino también perjudiciales. Frenarían la innovación al imponer cargas normativas indebidas tanto a Google como a sus competidores.
La intervención del gobierno está abocada a una situación en la que Google se verá obligada a operar en un entorno de regulación que se inmiscuye en su proceso de innovación y adaptación a nuevas tecnologías como la IA. La solución propuesta por Google —cumplir con la decisión judicial sin someter al gobierno a una autoridad general sobre el diseño de productos— es una opción preferible, cuando se enfrenta a este nivel de coerción. Google reconoce que tendrá que haber alguna respuesta a la decisión de la corte, pero aún así debe permitir a la empresa innovar y competir.
Al permitir que Google mantenga su negocio dentro de un marco de cumplimiento estricto, el mercado sigue siendo lo suficientemente libre como para funcionar, y la competencia y la innovación pueden seguir siendo el factor dominante. En resumen, el juicio por la disolución de Google es la quintaesencia de la extralimitación gubernamental que tendrá un impacto perjudicial en el libre mercado. Debe permitirse que el mercado se gobierne a sí mismo a través de la competencia y la elección del consumidor, no mediante la acción autoritaria del gobierno. Este tipo de intervenciones no sólo no contribuyen a resolver los problemas en cuestión, sino que pueden ahogar la innovación y la competencia, que son la savia de una economía de libre mercado dinámica y que funciona bien.
