Hace unos meses, a raíz del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, España, escribí un artículo titulado «La burocracia aumenta los accidentes y los riesgos». Y, precisamente, ahora el terremoto en Venezuela ha tenido consecuencias tan graves, no por la geología —que forma parte de la naturaleza y es conocida y prevenible de antemano por el ser humano—, sino precisamente por esa burocracia.
En ese artículo dije que la idea de que el mercado es algo egocéntrico y perverso es una tergiversación maliciosa de algo tan natural como la reunión de todas las personas de un lugar, que cooperan voluntariamente, intercambian productos y servicios con el fin de mejorar sus vidas y colaborar con los demás, ya que todo intercambio voluntario solo ocurre si cada uno recibe lo que le sirve más que lo que da; así es como se genera la eficiencia.
Pero la codicia de los políticos y los burócratas ha llevado al Estado a arrogarse el monopolio de la violencia, con el que imponen «leyes» y «regulaciones» que, como toda violencia, siempre destruyen.
Hay dos cosas que descalifican a los burócratas. En primer lugar, la gente —el mercado— arriesga su propia vida, pero para el burócrata, la prevención de un accidente no es más que otro tedioso trámite.
El mercado regula y previene los accidentes de manera eficaz, empezando por la competencia entre las empresas, que las obliga a mejorar la seguridad, la calidad y los precios. Además, en casos como el de la vivienda, nadie construiría en zonas de riesgo, y los costos de los seguros serían otra razón para no vivir allí.
En segundo lugar, el mercado funciona en tiempo real y de manera personalizada, mientras que los burócratas responden con regulaciones, leyes y protocolos obsoletos y generalizados, cuando cada persona y cada situación son únicas.
La responsabilidad de esta catástrofe humanitaria en Venezuela recae íntegramente en el Estado. En primer lugar, el 80 % de los venezolanos vive en zonas de alto riesgo sísmico, una situación que se remonta a la colonización —sin menoscabar los méritos que esta tuvo—, la cual fue una empresa estatal dirigida por militares y funcionarios españoles. Y esa ubicación se mantuvo por razones políticas y, dado que el Estado es omnipresente, las empresas y los ciudadanos se ven obligados a vivir cerca de la burocracia.
Además, junto a la catastrófica situación socioeconómica provocada por el enorme peso del Estado, la intromisión estatal en toda la economía —a empezar por los costos fiscales y las regulaciones urbanísticas— ha impedido la construcción de infraestructuras antisísmicas adecuadas.
Y, por último, la respuesta de las entidades estatales de rescate ha sido tan ineficiente que muchas muertes se deben precisamente a ello. Las quejas son innumerables: «A las 8 de la noche había gente viva ahí abajo, y no se han molestado en rescatarlos», se lamentó un familiar de una víctima.
Si el mercado fuera libre y no existiera la omnipresencia del Estado, no se llevarían a cabo asentamientos en estas zonas, la infraestructura sería mucho más resiliente y las compañías de seguros podrían hacerse cargo, en primer lugar, de la prevención —ya que perderían dinero en caso de accidentes— y, luego, del rescate y la reconstrucción. Sin embargo, la actividad aseguradora en Venezuela está atravesando una profunda crisis, debido al peso del Estado, como lo demuestra la destructiva Ley de Actividad Aseguradora.
Se perdieron 6.700 millones de dólares, según estimaciones del PNUD, lo que equivale al 6 % del PIB, una cifra considerable para la devastada economía venezolana, pero insignificante para la industria mundial de seguros. Swiss Re estimó que las contribuciones de las aseguradoras mundiales, por catástrofes provocadas por fenómenos naturales durante 2024, ascendieron a más de 135.000 millones de dólares.
