Durante décadas, los demócratas y los republicanos del establishment han abogado por ampliar continuamente el papel del gobierno federal, especialmente la autoridad de los «expertos» de los organismos ejecutivos. El acuerdo convenía a estos congresistas centrados en mantener el poder: aprobaban leyes vagas, dejaban que los organismos las interpretaran de forma amplia bajo la dirección de la Casa Blanca y echaban la culpa a la administración cuando crecía el descontento público.
Con el tiempo, el sistema judicial estableció una jurisprudencia que reforzó este marco. Un ejemplo notable es el caso de la Corte Suprema Chevron v. el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, que dio lugar al desarrollo de la doctrina Chevron. La doctrina Chevron se hizo famosa por su papel en la interpretación de la ley federal: si el Congreso no había abordado una cuestión específica en su legislación, los tribunales se remitían a la interpretación de la agencia, siempre que se considerara razonable.
La delegación gradual de responsabilidades ha dado lugar a que los sucesivos presidentes de los Estados Unidos ejerzan poderes ejecutivos cada vez más amplios, lo que ha contribuido al crecimiento de la presidencia imperial. En la revista Tablet Magazine, Michael Lind escribe: «Lo que parece que nos espera, o lo que estamos viviendo, es una serie de dictadores temporales y electivos, que no solo revierten los decretos de sus predecesores con sus propios decretos». Cada vez que ambos partidos políticos han llegado al poder, el Congreso ha realizado esfuerzos limitados para recuperar sus poderes constitucionales. Ambos partidos políticos defienden de boquilla la idea de que el otro partido en el poder ha excedido su autoridad, mientras que los respectivos Departamentos de Justicia encuentran justificaciones legales para cada acción.
Hasta el segundo mandato del presidente Trump, pocos (si es que hubo alguno) presidentes conservadores habían estado dispuestos a ejercer el poder bruto del Estado en cuestiones internas. Los conservadores solían hacer campaña a favor de un gobierno limitado y la reducción de las regulaciones, por lo que parecían reacios a ejercer el tipo de control necesario para impulsar una agenda conservadora a través de las agencias. Esta moderación había dado a los progresistas una falsa sensación de seguridad de que los instrumentos de poder (en cuestiones internas) que habían construido solo se utilizarían en la dirección que ellos preferían. Desde la primera elección de Donald Trump a la presidencia en 2016, se han emprendido importantes iniciativas para examinar y revelar las estructuras fundamentales de lo que a menudo se denomina «Washington permanente». «Washington permanente» se refiere a los numerosos miembros del personal del Congreso, expertos de agencias, abogados y grupos de presión que permanecen en Washington después de que los miembros del Congreso dejan sus cargos; ellos también han sido los más afectados por las acciones del presidente Trump.
Trump 2.0 versus Trump 1.0
La segunda administración Trump ha sido notablemente diferente y podría decirse que más eficaz a la hora de promover sus prioridades declaradas. Durante la primera administración Trump, muchas figuras republicanas del establishment adoptaron una retórica populista de derecha, pero no aplicaron medidas políticas significativas en consonancia con esos mensajes. En cambio, la segunda administración Trump ha llevado a cabo su agenda populista tanto en materia de políticas como de personal.
La piedra angular de Trump 2.0 ha sido la reactivación de los aranceles por parte de su administración. El 2 de abril de 2025, el presidente lanzó el «Día de la Liberación» para introducir aranceles universales tanto a aliados como a enemigos. Dejando de lado los méritos de los aranceles universales, Trump 2.0 los impuso basándose en una declaración de «emergencia nacional» en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca, la emergencia e a nacional se basa en «el elevado y persistente déficit comercial provocado por la ausencia de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales».
Desde el punto de vista normativo, la administración Trump se ha esforzado por reestructurar significativamente las agencias federales, incluida la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y otras agencias independientes como la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión Federal de Comercio y la Reserva Federal. Estas agencias forman parte del poder ejecutivo, pero funcionan independientemente del control presidencial. En otras palabras, el Congreso diseñó estas agencias para que funcionaran de forma autónoma, basándose en «expertos» que están aislados (sin causa justificada) de la responsabilidad política ante el presidente elegido democráticamente.
Conclusión
Durante décadas, la expansión de la autoridad del poder ejecutivo, impulsada por una legislación parlamentaria imprecisa y precedentes judiciales como la doctrina Chevron, ha empoderado a «expertos» de agencias no elegidas y ha alimentado el auge de una presidencia imperial, con demócratas y republicanos del establishment explotando este marco y eludiendo la responsabilidad. Sin embargo, Trump 2.0 ha marcado un cambio radical, ya que su uso agresivo del poder ejecutivo a través de aranceles universales en virtud de la IEEPA y la reestructuración de agencias independientes como la CFPB y la Reserva Federal ha destrozado la ilusión progresista de que el Estado administrativo solo serviría a sus fines, revelando una nueva voluntad conservadora de ejercer el poder estatal para sus objetivos. Esta transformación plantea interrogantes sobre si la presidencia imperial y el «cuarto poder» se convierten en elementos permanentes o en aberraciones temporales.
