Si uno afirma audazmente la importancia del derecho a la libertad de expresión, es casi inevitable que otro responda con uno de los argumentos apologéticos más comunes para la limitación gubernamental de la expresión: «Pero no se puede gritar “¡fuego!” en un teatro lleno de gente». El argumento non sequitur se supone que humilla el derecho a la libertad de expresión en favor de alguna restricción gubernamental. Este argumento fracasa lógicamente porque no se deduce que porque un teatro pueda restringir la expresión de quienes admite mediante la venta de una entrada, el gobierno deba estar facultado para restringir legalmente la expresión de sus ciudadanos en general.
Además, el problema es en gran medida teórico e imaginario. Esta es una táctica común del estatismo y de la argumentación a favor del estatismo: El problema X podría surgir en la sociedad, por lo tanto, el gobierno debe prevenir X mediante la acción Y. En otras palabras, se espera que creamos que el gobierno debe restringir legalmente la libertad de expresión porque, de lo contrario, la gente sería libre de gritar «¡Fuego!» en los teatros abarrotados. Este no es el caso, ni lógica ni prácticamente. ¿Ha oído alguna vez que esto ocurra en la vida real?
Dicho esto, ¿de dónde viene este argumento tan común y cuándo fue la primera vez que se utilizó?
Es comprensible pensar que este ejemplo coloquial común de por qué hay que limitar la expresión proviene de un caso en el que alguien gritó «¡Fuego!» en un teatro abarrotado, causando pánico, lesiones o la muerte. De hecho, el ejemplo del «fuego» no proviene de una ley o caso que tenga que ver con los teatros en absoluto. La afirmación procede del caso Schenck contra Estados Unidos (1919), en el que el juez Oliver Wendell Holmes Jr. declaró en nombre del tribunal unánime
La protección más estricta de la libertad de expresión no protegería a un hombre que gritara falsamente fuego en un teatro y provocara un pánico.... La cuestión en cada caso es si las palabras utilizadas se emplean en tales circunstancias y son de tal naturaleza que crean un peligro claro y presente de que provoquen los males sustanciales que el Congreso tiene derecho a prevenir. Es una cuestión de proximidad y grado.
Esta famosa afirmación, aunque la mayoría de la gente no tiene ni idea de dónde se originó, se ha utilizado durante más de un siglo para demostrar supuestamente los peligros o los límites de la libertad de expresión. Como tal, esta argumentación ha sido la base de muchas restricciones gubernamentales a la libertad de expresión. Irónicamente, en este caso se decidió que las personas que repartían literatura en la que se afirmaba que el servicio militar obligatorio para la Primera Guerra Mundial era una forma de esclavitud, que contravenía la Decimotercera Enmienda, y que animaban a otros a resistirse al servicio militar obligatorio, podían ser prohibidas legalmente por ese discurso. El caso en sí no tenía nada que ver con los teatros. No es como si se tratara de un problema generalizado en los teatros de todo Estados Unidos, que exigiera la actuación del gobierno federal para solucionarlo. De nuevo, el ejemplo de alguien que grita en un teatro para causar pánico no es en realidad una cuestión de libertad de expresión, sino de derechos de propiedad y de contrato.
Al igual que quien no permite que otra persona grite «¡Fuego!» en su casa sin su consentimiento, el propietario o propietarios del cine y quienes asisten a él tienen expectativas mutuas, aunque no se declaren directamente. La compra de una entrada permite la entrada al cine, el visionado de una película, el acceso a las instalaciones, como los baños, y la posibilidad de tirar la basura. A cambio, el espectador acepta un contrato implícito para comportarse viendo la película pagada sin molestar a los demás. La gente es expulsada de los cines todo el tiempo por molestar a los demás sin gritar «¡Fuego!». Esta cuestión no se plantea tan a menudo porque apenas existe y no es un problema de la sociedad por el que los gobiernos deban restringir la libertad de expresión. La razón por la que este problema es poco frecuente es porque el contrato implícito, el consentimiento informado y los derechos de propiedad regulan los posibles problemas. El hecho de que un ejemplo tan vacuo se convierta en un argumento tan convincente para la restricción gubernamental de la libertad de expresión en muchos otros ámbitos es preocupante. Para resumir, Walter Block ha argumentado en relación con esta misma cuestión que
anular el derecho a la libertad de expresión, por cualquier motivo, es un precedente peligroso, y nunca necesario.... Los derechos de los espectadores pueden protegerse sin prohibir legalmente la libertad de expresión. Por ejemplo, los propietarios de los cines podrían contratar a sus clientes para que no griten «¡fuego!». ... La situación sería totalmente análoga a la de alguien contratado para cantar en un concierto, pero que se niega a hacerlo y en su lugar da una conferencia sobre economía. Lo que está en juego en ambos casos no es el derecho a la libertad de expresión, sino la obligación de cumplir un contrato.
