En el debate público, la obra de Mises Calculation in the Socialist Commonwealth (Cálculo económico en la mancomunidad socialista) suele interpretarse como una afirmación propia de la Guerra Fría de que «el gobierno es ineficiente». Eso es demasiado simplista. El argumento más profundo de Mises —formulado por primera vez en 1920— era que una economía sin precios de mercado genuinos para los medios de producción no puede calcular qué usos de los recursos son más o menos valiosos. En su lenguaje posterior, el cálculo monetario es la «estrella guía» de la producción porque permite a los responsables de la toma de decisiones comparar opciones diferentes a través de un denominador común determinado por el intercambio.
En pocas palabras, el problema misesiano surge cada vez que una organización debe elegir entre múltiples usos técnicamente viables de recursos escasos y heterogéneos, pero carece de una forma confiable de medir el costo de oportunidad de esas alternativas. Por eso, la cuestión va más allá del socialismo en su forma más radical. El socialismo es el caso general. Versiones más pequeñas y locales surgen en cualquier lugar donde el control sobre los recursos se desvincula de la valoración real del mercado.
Por eso mismo, no se debe confundir el problema del cálculo con la mera incompetencia, la corrupción o las malas intenciones. Esas cosas pueden empeorar la situación, pero no constituyen el problema fundamental. El problema fundamental es de carácter institucional. Si nadie puede comprar ni vender los activos pertinentes, nadie puede determinar qué hay que sacrificar para utilizarlos de una forma u otra. La ingeniería puede indicarnos lo que es posible. No puede indicarnos lo que vale la pena hacer desde el punto de vista económico.
Esa observación ayuda a explicar por qué las empresas estatales suelen encontrarse en una zona gris. No se encuentran en la misma situación que una economía totalmente socialista, ya que pueden «tomar prestados» muchos precios de los mercados circundantes. El propio Mises señaló que las empresas de propiedad pública dentro de un mundo de mercado pueden utilizar precios formados en otros lugares. Pero eso solo atenúa el problema; no lo elimina.
Consideremos lo que dicen ahora las instituciones más importantes sobre las empresas estatales. Las directrices de gobernanza de 2024 establecen que los gobiernos deben definir claramente los fundamentos de la propiedad estatal, dar a conocer públicamente los objetivos impuestos a las empresas estatales e incluso plantearse si se podría lograr una asignación más eficiente mediante alternativas como la regulación, las subvenciones, los impuestos, las concesiones o los organismos gubernamentales ordinarios, en lugar de la propiedad en sí misma. El mismo documento advierte que no se debe sobrecargar a las empresas estatales con objetivos políticos ajenos a su actividad. El informe del FMI señala que las finanzas y las operaciones de las empresas estatales a menudo se alejan de los intereses comerciales debido a que los gobiernos imponen mandatos o restricciones, incluso en materia de precios y empleo.
Esa es una forma tecnocrática y cortés de reformular el argumento de Mises: en cuanto se le pide a una empresa que persiga varios objetivos políticos a la vez, sus cuentas dejan de ser un indicador claro de si está utilizando bien los recursos.
Un ejemplo concreto es el Servicio Postal de los EEUU (USPS). El USPS es un organismo federal independiente que afirma autofinanciarse en general, al tiempo que presta servicio a todas las comunidades americanas. En el año fiscal 2025 registró una pérdida neta de 8.980 millones de dólares según los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), y su propio director general, un «desequilibrio sistémico significativo entre ingresos y costos anuales». Eso no prueba que los trabajadores postales sean perezosos ni que todas las funciones postales deban privatizarse mañana mismo. Sí ilustra un problema más básico: cuando una organización debe satisfacer una misión de servicio público, restricciones políticas y una contabilidad cuasi-comercial, todo al mismo tiempo, la prueba de ganancias y pérdidas se vuelve confusa. Aún podemos llevar los libros. Lo que se vuelve más difícil es saber si esos libros reflejan un costo de oportunidad genuino o simplemente un compromiso administrativo.
Las organizaciones sin fines de lucro muestran una perspectiva diferente del mismo tema. Por lo general, una organización benéfica puede valorar sus insumos porque adquiere mano de obra, combustible, equipos, alquileres y software en los mercados. Su dificultad suele estar en el lado de los resultados. ¿Cuál es la unidad común que le permite comparar la prevención de la malaria, las transferencias de efectivo, el tratamiento de la salud mental y la conservación de los museos? No existe una línea de ingresos de mercado que resuelva la cuestión.
Por eso las organizaciones benéficas más avanzadas crean sustitutos. GiveWell, por ejemplo, utiliza «ponderaciones morales» para comparar los resultados entre distintos programas, y reconoce abiertamente que esas ponderaciones son, en última instancia, subjetivas, aunque se basen en datos empíricos y en indicadores de salud global. Pide a los lectores que comparen aspectos como salvar la vida de un niño, corregir un pie zambo o duplicar el consumo de un hogar pobre durante un año. Esto no es una crítica a la caridad; es un reconocimiento del problema. Cuando no existen precios de mercado, quienes toman las decisiones deben proporcionar un sustituto ético o administrativo. Eso puede ser reflexivo y humano, pero no es lo mismo que el cálculo empresarial en el marco del intercambio.
Así pues, la lección sobre el sector público es más contundente que el típico eslogan. El problema del cálculo económico no demuestra que todos los organismos públicos sean inútiles, ni que todas las organizaciones sin fines de lucro sean irracionales. Significa algo más preciso: cuanto más se aleja la asignación de recursos de la propiedad privada, de licitación competitiva, del capital alienable y de las rigurosas pruebas de ganancias y pérdidas, menos se puede saber si los recursos escasos se están administrando de manera eficiente en lugar de simplemente gastarse.
Por eso la crítica de Mises sigue siendo relevante. No se trata de una obra de época sobre los comisarios soviéticos. Es una advertencia general sobre las instituciones que deben asignar recursos valiosos sin los costos de oportunidad generados por el mercado. En (La burocracia de la planificación centralizada), Mises lo expresó con claridad: la gestión burocrática se ocupa de asuntos que no pueden verificarse mediante el cálculo económico. Ese sigue siendo el problema hoy en día. Una sociedad aún puede elegir tales instituciones por razones morales o políticas. Pero al menos debería dejar de fingir que esas elecciones eliminan la necesidad del cálculo. No lo hacen. Solo reemplazan las pruebas del mercado por reglas, subsidios, objetivos y decisiones discrecionales.
