En los últimos años, ha surgido una corriente de pensamiento ambientalista que sitúa a la población en el centro de las crisis ecológicas. Algunos activistas, entre ellos figuras vinculadas a Extinction Rebellion y al movimiento Stop Having Kids en el Reino Unido y los Estados Unidos, han expresado posturas antinatalistas, argumentando que optar por no tener hijos es una respuesta significativa al cambio climático. El razonamiento es lúcido y, a primera vista, convincente: menos personas deberían significar menos consumo, menores emisiones y más espacio para que el mundo natural se recupere.
Sin embargo, este argumento pierde fuerza cuando se analiza con más detenimiento. La despoblación, por sí sola, no es una solución ni suficiente ni fiable para los problemas medioambientales. Una vez que se tienen en cuenta cuestiones como el momento en que se produce, las infraestructuras y el uso del suelo, la relación entre la disminución de la población y la mejora del medio ambiente parece mucho más incierta.
La primera cuestión es la del momento oportuno. El cambio climático se considera un problema urgente que debe abordarse en las próximas décadas. El descenso de la población, sin embargo, se produce en un horizonte temporal mucho más amplio. Aunque las tasas de fertilidad descendieran drásticamente hoy mismo, el número total de personas seguiría siendo elevado durante décadas debido al inercia demográfica. Las generaciones numerosas ya existentes seguirán viviendo, consumiendo y generando emisiones durante todo el período en el que la acción climática es más crucial.
Por esta razón, el impacto de la disminución de la fertilidad en las emisiones es mínimo dentro del plazo relevante. Los modelos climáticos y económicos indican que incluso diferencias sustanciales en el tamaño de la población a largo plazo producen solo pequeñas diferencias en las temperaturas globales proyectadas. Esta conclusión es difícil de evitar. El cambio demográfico se produce con demasiada lentitud como para influir significativamente en los resultados climáticos a corto plazo. En última instancia, lo que importa no es el crecimiento demográfico, sino la velocidad con la que las economías innovan mediante el desarrollo de tecnologías que reducen la dependencia de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, a veces se plantea que los países que experimentan un descenso demográfico también experimentan una disminución del consumo energético. Sin embargo, esta relación suele malinterpretarse. La disminución del consumo energético se vincula frecuentemente con el estancamiento o la contracción económica, más que con el cambio demográfico en sí. Cuando las economías se ralentizan, la producción industrial cae, la inversión se debilita y el consumo disminuye. Estas condiciones pueden reducir el consumo energético total, pero lo hacen debido a la menor actividad económica, no simplemente porque haya menos personas. En este sentido, una menor demanda energética puede reflejar una recesión más que una mejora ambiental estructural.
Al mismo tiempo, el descenso demográfico puede generar ineficiencias que actúen en sentido contrario. A medida que la población disminuye, los hogares tienden a reducirse y los edificios se utilizan de forma menos intensiva. Una vivienda que antes albergaba a una familia puede acabar ocupada por una sola persona, pero sigue requiriendo calefacción, iluminación y mantenimiento prácticamente al mismo nivel. Esto hace que el consumo de energía se reparta entre menos personas, lo que aumenta el consumo por persona.
En el ámbito de las infraestructuras se observa una tendencia similar. Los sistemas de transporte, los servicios públicos y las redes de suministro suelen estar diseñados para poblaciones más numerosas. Cuando el número de usuarios disminuye, estos sistemas rara vez se reducen al mismo ritmo. Por el contrario, siguen funcionando por debajo de su capacidad, a menudo con equipos obsoletos que no se renuevan con rapidez debido a la falta de incentivos económicos. En estas condiciones, es posible que el consumo energético total no disminuya tanto como se esperaba, y que cada residente que queda represente una mayor proporción del mismo. La despoblación, por lo tanto, no conlleva automáticamente una mayor eficiencia y, en algunos casos, puede afianzar patrones de uso energético derrochadores.
La cuestión de la biodiversidad añade una capa más de complejidad. Se suele pensar que, cuando las poblaciones disminuyen, las tierras quedan abandonadas y la naturaleza las recupera gradualmente. Sin embargo, la evidencia de Japón —uno de los ejemplos más claros de despoblación sostenida— sugiere que este resultado dista mucho de ser automático. En una amplia gama de especies y ecosistemas, la pérdida de biodiversidad continúa independientemente de si las poblaciones humanas aumentan o disminuyen.
El factor decisivo es el uso del suelo. En las regiones que se están despoblando, las tierras agrícolas no vuelven simplemente a ser bosques o hábitats naturales. Algunas zonas quedan en desuso, pero otras se venden para su urbanización o se reconvierten en formas de agricultura más intensiva. El uso urbano del suelo suele seguir expandiéndose incluso en zonas donde la población está disminuyendo, mientras que las tierras agrícolas se reducen sin ser sustituidas por entornos ecológicamente ricos. Estos patrones interrumpen los procesos, como la sucesión natural y la reforestación, que de otro modo favorecerían la recuperación de la biodiversidad. En lugar de un retorno constante a la naturaleza, los paisajes se fragmentan y se vuelven inestables, lo que limita la regeneración ecológica.
Esto ayuda a aclarar un punto importante. La biodiversidad no se recupera simplemente porque disminuya la población humana. Depende de cómo se gestione el territorio, de cómo se protejan los ecosistemas y de si se permite que los procesos ecológicos a largo plazo sigan su curso. Sin una intervención deliberada, la despoblación por sí sola puede contribuir muy poco a revertir la pérdida de biodiversidad.
La experiencia demográfica de Japón refuerza esta idea. Tal y como exploró en el trabajo de Peter Matanle sobre el «dividendo de la despoblación», el descenso de la población no genera automáticamente beneficios medioambientales. Los resultados dependen de cómo respondan las sociedades ante este fenómeno. En Japón, la despoblación rural ha llevado a menudo a la erosión de las prácticas tradicionales de gestión de la tierra que en su día sustentaban ecosistemas diversos, mientras que las zonas urbanas siguen concentrando la actividad económica y el uso de los recursos. El cambio medioambiental, en este sentido, viene determinado menos por el número de personas que por los sistemas en los que viven.
Todo esto apunta en la misma dirección. La despoblación puede influir en las presiones medioambientales a muy largo plazo, pero no aborda sus causas subyacentes. El cambio climático está impulsado principalmente por los sistemas energéticos y la actividad industrial, mientras que la pérdida de biodiversidad viene determinada por el uso del suelo y la gestión ecológica. Ninguno de estos problemas puede resolverse simplemente reduciendo el número de personas.
El atractivo del pensamiento antinatalista radica en su simplicidad. Ofrece una respuesta clara e individual a un problema global complejo. Pero esa simplicidad es engañosa. Los retos medioambientales son estructurales, no meramente demográficos. Sin cambios en la forma en que se produce la energía, se organiza la infraestructura y se utiliza el suelo, una población más reducida no se traducirá automáticamente en un mundo más sostenible.
Al fin y al cabo, la cuestión fundamental no es cuántas personas hay, sino cómo eligen vivir las sociedades. La despoblación, por sí sola, es un proceso demasiado lento, demasiado indirecto y demasiado incierto como para constituir una solución significativa a las crisis medioambientales a las que nos enfrentamos hoy en día.
