Los nativos americanos viven rodeados de una gran riqueza natural, pero sus comunidades se encuentran entre las más pobres de los Estados Unidos. Esta paradoja no se debe a la falta de ambición o capacidad, sino a décadas de políticas federales que tratan a los pueblos indígenas no como ciudadanos iguales, sino como sujetos bajo la tutela del Estado. El paternalismo arraigado en la doctrina del fideicomiso federal ha paralizado el desarrollo económico, desalentado la inversión y sofocado la iniciativa individual. Para liberar todo el potencial del Territorio Indígena, el gobierno federal debe reorientar radicalmente su relación con las comunidades nativas mediante la restauración de los derechos de propiedad, la promoción de la libertad económica y la habilitación de la independencia energética.
El núcleo de este problema es la tierra —específicamente, quién la posee, quién la controla y quién puede beneficiarse de ella. Bajo la ley actual, el gobierno federal mantiene en fideicomiso aproximadamente 56 millones de acres de tierras indígenas americanas, lo que significa que las tribus y los individuos no poseen la plena titularidad legal de la tierra en la que viven, trabajan y dependen. El sistema de fideicomisos dificulta, a menudo imposibilita, que los indígenas americanos utilicen sus tierras como garantía, las arrienden o vendan libremente, o las desarrollen para la agricultura, la vivienda o la producción de energía. Este acuerdo, aunque aparentemente diseñado para proteger los intereses indígenas, en la práctica los priva de la autonomía y la claridad de propiedad necesarias para generar riqueza y participar significativamente en las economías de mercado. Según investigaciones, la propiedad en fideicomiso es mucho menos productiva que la tierra privada. La productividad agrícola en tierras individuales en fideicomiso es entre un 30 % y un 40 % menor que en tierras equivalentes en pleno dominio, mientras que las tierras tribales en fideicomiso tienen un rendimiento entre un 80 % y un 90 % inferior.
Esta ineficiencia no se limita a la agricultura. Los efectos son aún más perjudiciales cuando se trata del desarrollo de los recursos energéticos. Las tierras indígenas contienen una parte asombrosa del potencial energético del país —casi el 30 por ciento de sus reservas de carbón al oeste del Mississippi, la mitad de todas las reservas de uranio y el 20 por ciento de las reservas conocidas de petróleo y gas. Estos activos están valuados conservadoramente en casi $1.5 billones Sin embargo, el 86 por ciento de las tierras indígenas con potencial energético o mineral permanecen sin desarrollar. El problema no es técnico ni geológico, es institucional. Cuatro agencias federales diferentes deben aprobar un contrato de arrendamiento energético en tierras tribales, y el proceso a menudo implica docenas de pasos procesales. El resultado es retraso, confusión y oportunidad perdida. En la reserva Fort Berthold, por ejemplo, que se encuentra sobre la formación petrolera Bakken, el proceso de permisos es tan complejo y lento que las empresas prefieren perforar en tierras privadas cercanas, dejando la reserva empobrecida e inactiva mientras la riqueza petrolera fluye más allá de sus fronteras.
Esta red burocrática es consecuencia de la doctrina fiduciaria y de la estructura de gobernanza dual que somete la autoridad tribal a la supervisión federal. La Oficina de Asuntos Indígenas (BIA), por ejemplo, retiene la aprobación final de los contratos de arrendamiento y los acuerdos de desarrollo, incluso cuando las tribus los han negociado de buena fe con socios privados. Esta estructura regulatoria no solo retrasa las decisiones, sino que también genera un efecto disuasorio sobre la inversión extranjera. Los inversores se muestran reacios a invertir capital cuando los derechos de propiedad son inciertos, cuando la inmunidad soberana puede invocarse de forma impredecible y cuando la interferencia política puede alterar retroactivamente los términos de un acuerdo. En varios casos de alto perfil, las tribus han ejercido el derecho de expropiación para confiscar inversiones sin compensación, dañando la reputación de los gobiernos tribales y alejando a posibles socios.
Incluso dentro de las tribus, el legado de la intervención federal ha generado confusión y fragmentación. A lo largo de generaciones, las tierras que originalmente se asignaron a individuos se han fragmentado, con decenas o incluso cientos de herederos, cada uno con una participación indivisa. Cualquier decisión de arrendar o desarrollar dichas tierras requiere el consentimiento de numerosos copropietarios, lo que hace casi imposible su uso eficiente. Si bien la legislación ha intentado abordar este problema simplificando los requisitos de consentimiento, el problema subyacente persiste: los nativos americanos no pueden controlar ni beneficiarse plenamente de las tierras que legalmente les pertenecen.
Esta situación no solo es injusta, sino también económicamente devastadora. El ingreso per cápita de los nativos americanos en reservas está muy por debajo del promedio nacional. En algunas reservas, el desempleo se acerca al 80%. Estas estadísticas persisten a pesar del enorme valor de los recursos que yacen bajo sus pies. Si los nativos americanos pudieran obtener tan solo un 5 % de rendimiento de sus recursos energéticos no explotados, esto se traduciría en 75 000 millones de dólares adicionales al año —suficiente para aumentar drásticamente los ingresos, reducir la pobreza y transformar comunidades enteras.
Existe evidencia contundente de que, donde las naciones indígenas han logrado establecer derechos de propiedad más claros e instituciones más estables, los ingresos aumentan significativamente. Un estudio que analiza el Índice de Libertad Económica en Reservas encontró una fuerte correlación entre la libertad económica y los ingresos familiares en las reservas. Un aumento de un punto en el índice se asocia con un aumento de casi $1,900 en el ingreso familiar medio , y un aumento de una desviación estándar se vincula con un aumento del 7.4% en los ingresos. Estos resultados reflejan lo que los economistas han descubierto a nivel mundial: la seguridad de los derechos de propiedad, el Estado de derecho y la libertad frente a la burocracia son condiciones esenciales para la prosperidad.
La lección es clara: si el gobierno federal realmente busca apoyar a las comunidades indígenas americanas, debe dejar de intentar controlarlas. En cambio, debe ceder el control sobre la tierra y los recursos, permitiendo que las tribus y los individuos posean plenos títulos de propiedad, controlen sus tierras y tomen decisiones en su propio beneficio. Las propiedades en fideicomiso deben convertirse en propiedad absoluta cuando las tribus o los individuos así lo deseen. Los acuerdos de desarrollo energético deben ser negociados y ejecutados por las tribus sin interferencia federal. Se deben respetar los tribunales y los contratos, y la inmunidad soberana no debe utilizarse para evadir responsabilidades legales.
La libertad económica no es un ideal teórico, sino una necesidad práctica. Los nativos americanos siempre han sido capaces de gestionar sus asuntos y construir economías prósperas. Antes de la imposición del control federal, muchas naciones indígenas contaban con sólidos sistemas de derechos de propiedad, comercio y gobierno. Estas tradiciones no desaparecieron, sino que fueron suprimidas. Hoy, con las reformas adecuadas, pueden renovarse. El camino a seguir no reside en más ayuda ni mayor supervisión, sino en restaurar la libertad de poseer, construir y prosperar.
Solo eliminando las barreras estructurales impuestas por Washington podrán los indígenas americanos recuperar la prosperidad que ya tienen a su alcance. Los Estados Unidos debe finalmente tratar a los pueblos indígenas no como dependientes, sino como ciudadanos plenos capaces de ser dueños de su futuro. Acabar con el sistema fiduciario, restaurar los derechos de propiedad y desmantelar las trabas burocráticas no son propuestas radicales —son actos de justicia largamente esperados. Los indígenas americanos merecen las mismas oportunidades que cualquier otra persona para aprovechar sus recursos, acceder al mercado y generar riqueza para sí mismos y para las generaciones futuras.
