A principios de este mes, The New York Post informó de que el alcalde de Nueva York está regalando tarjetas de prepago —cada una con «hasta 10.000 dólares»— a los extranjeros que se encuentran en Nueva York. La mayoría de estos extranjeros —es decir, «inmigrantes ilegales»— han llegado a Nueva York sin invitación, sin perspectivas de empleo y sin plan de vivienda. Pero la mayoría piensa quedarse. ¿Y por qué no? A su llegada, miles de ellos pasaron inmediatamente al paro público de una forma u otra, recurriendo a refugios financiados por los contribuyentes, programas de vivienda y diversas fuentes de alimentos «gratuitos». Los inmigrantes que no han encontrado alojamiento en hoteles financiados por los contribuyentes —en la actualidad hay al menos 66.000— simplemente viven en las calles como vagabundos.
La última idea de los planificadores centrales de la ciudad es pagar millones más mediante tarjetas de débito prepagadas, por supuesto, por millones de personas que realmente trabajan para ganarse la vida. La ciudad ya ha planeado gastar al menos 2.500 millones de dólares en los emigrantes de esta forma. Otros 53 millones se destinarán a engrasar las palmas de los banqueros que proporcionarán las tarjetas.
Esta es sólo una de las muchas historias que hemos visto en los últimos años sobre cómo los responsables políticos estatales, locales y federales han destinado cantidades cada vez mayores de fondos de los contribuyentes tanto a los inmigrantes legales como a los ilegales. Después de todo, hay al menos 23 millones de extranjeros que residen en los Estados Unidos —tanto legal como ilegalmente— y ambos son subvencionados por los contribuyentes con al menos 150.000 millones de dólares al año. Otros 140.000 millones se destinan a los inmigrantes naturalizados.
Es evidente que los gobiernos de los Estados Unidos están haciendo mucho para subvencionar la nueva inmigración. A estas alturas es bien sabido que las ciudades y los estados americanos —por no hablar del gobierno federal— ofrecen dinero «gratis», vivienda, comida y mucho más. Además, se sabe que una vez que los inmigrantes llegan aquí, pueden incluso aspirar a la residencia legal por la vía rápida alegando ser refugiados. Luego, una vez establecida la residencia legal, sólo hay que esperar cinco años hasta que pueda comenzar el proceso de ciudadanía. En ese momento, se puede solicitar todo el abanico de prestaciones públicas que se ofrecen a los ciudadanos: acceso ilimitado a Medicaid, cupones de alimentos, vales de vivienda y mucho más. Y, por supuesto, estos nuevos ciudadanos también pueden votar.
Sin embargo, la mayor parte del debate sobre la inmigración se ha centrado en lo poco que hace el gobierno para detener físicamente la inmigración. Mientras Washington tiende una enorme zanahoria a los extranjeros repartiendo miles de millones en prestaciones sociales, los activistas antiinmigración dedican la mayor parte de su tiempo a centrarse en el «palo» del control fronterizo y la deportación. De vez en cuando, algún político puede ofrecer una afirmación poco entusiasta de que «la frontera no está abierta». Los inmigrantes, sin embargo, saben lo que está pasando realmente.
Por desgracia, centrarse principalmente en el control de fronteras y las deportaciones ignora la verdadera raíz del problema. Mientras la «zanahoria» siga siendo un enorme incentivo, el «palo» producirá resultados limitados.
La zanahoria versus el palo
Además, los activistas proinmigración prefieren que el lobby antiinmigración se centre en el control fronterizo y la deportación, y su plan va según lo previsto. El plan funciona así: atraer a un número cada vez mayor de inmigrantes a la frontera con promesas cada vez mayores de beneficios sociales. A continuación, una vez que los inmigrantes llegan a la frontera, presentan todos y cada uno de los esfuerzos de control fronterizo como «niños enjaulados» o «latigazos» por parte de los agentes de la patrulla fronteriza.
Por supuesto, los medios de comunicación nunca se hacen eco de la realidad de la situación fronteriza. Mientras que los supuestos «niños enjaulados» —o su equivalente actual en relaciones públicas— aparecen regularmente en los órganos de comunicación pública oficialmente aprobados, los trabajadores explotados que pagan todo esto nunca parecen recibir una mención. Si los medios de comunicación heredados pensaran un momento en quién está pagando las interminables «caravanas» de futuros devoradores de impuestos hacia la frontera, la narrativa mediática sería diferente. Los periodistas del régimen publicarían noticias sobre los propietarios de pequeñas empresas que se ven obligados a pagar cada vez más impuestos —incluido, por supuesto, el impuesto sobre la inflación— para pagar a otros 50.000 o 100.000 extranjeros cada mes.
Si los medios de comunicación tradicionales se preocuparan por el contexto, publicarían historias sobre fontaneros y camareras cuyos hijos están ahora en aulas superpobladas, ocupadas por hijos de inmigrantes que no han contribuido en nada a la construcción ni al mantenimiento de esas escuelas. Mientras tanto, por supuesto, los contribuyentes de toda la vida se ven obligados a pagar impuestos sobre la propiedad cada vez más elevados. Los medios de comunicación destacarían cómo estos trabajadores han pagado impuestos en esa jurisdicción durante muchos años, sólo para que se les diga que es mejor que paguen más. Los trabajadores de a pie reciben una factura fiscal cada vez mayor de unas élites que, por la razón que sea, están obsesionadas con subvencionar la inmigración al máximo.
En otras palabras, el esquema actual funciona a la perfección: atraer a innumerables nuevos inmigrantes a la frontera con el dinero de los contribuyentes, y cuando algún contribuyente se oponga, llamarle fascista (o algo peor).
Además, mientras el grupo de presión pro-inmigración pueda mantener a la otra parte centrada en el «palo» en lugar de en la «zanahoria», la parte anti-inmigración acaba apoyando las políticas que desea el régimen. Por ejemplo, consideremos cómo el lobby antiinmigración favorece los poderes del Estado policial en nombre del control de la inmigración. Estas medidas incluyen la «identificación real», el «E-Verify» y la execrable «zona fronteriza» de 160 kilómetros de profundidad en la que se puede detener a cualquier americano y exigirle sus «papeles». Todo esto se vende como una forma de «prevenir la inmigración ilegal». En la práctica, al régimen le parece bien todo esto, ya que estas medidas acaban ampliando enormemente la vigilancia federal y el poder policial.
Subsidiando pasos fronterizos
A muchos activistas antiinmigración les gusta centrarse en los controles fronterizos e insisten en que la suya es la única solución viable. «¡Buena suerte recortando las ayudas sociales a los inmigrantes!», dicen. Se creen muy listos, pero uno podría preguntarles con la misma facilidad: «¿qué tal os van esas deportaciones masivas? Seguro que empiezan cualquier día de estos». O podríamos preguntarles: «¿cómo va ese muro fronterizo? Enhorabuena, el estado de Texas ha conseguido cerrar una pequeña parte de la frontera cerca de Eagle Pass. Buena suerte con el cierre del resto».
Si no se aborda el atractivo de la migración subvencionada, el «control fronterizo» tendrá un éxito limitado. Después de todo, si fuera fácil cerrar la frontera —que recorre 1.900 millas a través de un país en su mayor parte remoto—, los Estados Unidos no estaría inundado de drogas ilegales importadas del extranjero. Mientras haya un montón de dinero fácil esperando en el lado americano de la frontera, los narcotraficantes y los emigrantes encontrarán la forma de llegar a él.
Así pues, los cambios políticos más sostenibles y aplicables consisten en cortar el acceso a la generosidad financiada por los contribuyentes a los nacidos en el extranjero —tanto legales como ilegales— y en dificultar la obtención de la ciudadanía. Dado que los inmigrantes legales cobran prestaciones sociales financiadas por los contribuyentes incluso más que los extranjeros ilegales, no hay razón para trazar la línea simplemente en los extranjeros ilegales. Mientras estas prestaciones estén a disposición de cualquier inmigrante, actuarán como incentivo para los inmigrantes que no puedan pagar sus propias facturas. Además, mientras la ciudadanía siga siendo un medio para acceder a las prestaciones sociales, la propia ciudadanía debe ser más difícil de obtener. El requisito actual de que los residentes legales esperen cinco años para solicitar la nacionalidad apenas es un obstáculo significativo. Este periodo de espera para la ciudadanía debería acercarse más a los veinte años.
Poner fin a las ayudas a la emigración tiene una ventaja añadida, ya que al hacerlo no se violan los derechos de propiedad ni se da poder al Estado. Más bien, cortar las ayudas a la inmigración restringe el poder del Estado al tiempo que reduce la carga fiscal sobre los contribuyentes. La «ciudadanía», por supuesto, no es un derecho natural ni un derecho de propiedad. Es un estatus administrativo, que en el mundo moderno existe sobre todo para conceder acceso al erario público.
Antibeneficencia, no antiinmigración
Es importante señalar que ninguno de estos cambios es «antiinmigrante». Estas políticas simplemente se oponen a los inmigrantes que consumen prestaciones financiadas por los contribuyentes. De hecho, la actual política de inmigración es demasiado restrictiva con los inmigrantes autosuficientes, que son una bendición económica. Muchas empresas y empresarios, por ejemplo, encuentran innumerables dificultades para contratar a trabajadores inmigrantes deseables porque las políticas actuales han puesto límites bajos al número de visados expedidos a estos trabajadores. Además, muchos empresarios recurren a trabajadores inmigrantes porque la población nativa está demasiado ocupada drogándose como para pasar un control de drogas y presentarse a trabajar. Sin embargo, mientras que a los empresarios trabajadores se les prohíbe legalmente contratar a los trabajadores cualificados que necesitan, los trabajadores no cualificados cruzan la frontera y reciben pagos en efectivo, financiados por los que realmente trabajan. Los inmigrantes que no necesitan prestaciones sociales —que son muchos— se beneficiarían de las políticas que impiden a los inmigrantes acceder a los fondos de los contribuyentes. Al fin y al cabo, los inmigrantes productivos acaban pagando para subvencionar las prestaciones sociales de los demás. Sólo los inmigrantes en paro se verían perjudicados. Hasta que eso ocurra, no esperemos que la avalancha de inmigración subvencionada disminuya pronto.
