Recientemente asistí a un evento en el Prosperity Institute del Reino Unido y, como extranjero que escuchaba el desarrollo del debate, lo encontré inquietante y esclarecedor a la vez. El panel abordó el escándalo de las bandas de captación de menores, un tema que sigue siendo profundamente incómodo para la clase política y cultural británica. Lo que distinguió a este evento fue su negativa a suavizar la realidad de lo ocurrido o a refugiarse en un lenguaje evasivo. El debate no se limitó a revisar los fracasos del pasado, sino que puso de manifiesto un patrón más profundo en la forma en que las instituciones británicas ejercen el poder.
En el centro del panel se encontraba Fiona Goddard —una víctima de captación que habló con tranquila precisión. Describió cómo la policía traicionó su confianza después de que ella contara su historia, solo para descubrir que la información que había compartido en confianza había sido transmitida a los miembros de la banda de captadores. Esa traición institucional la puso en un nuevo riesgo y agravó el abuso original. También relató algo aún más inquietante. Los hombres que la captaron le dijeron explícitamente que la habían elegido porque era blanca y que su objetivo era destruir a las chicas blancas. La crudeza de su testimonio despojó de cualquier ilusión restante sobre el marco ideológico que a menudo ha rodeado estos delitos.
Al escuchar a Fiona, lo que me impactó no fue solo la brutalidad de lo que había sufrido, sino la naturaleza de la respuesta del Estado. Fiona explicó que sus denuncias fueron sometidas a un escrutinio extraordinario. Fue interrogada por diez abogados y su credibilidad fue puesta a prueba repetidamente antes de que su historia fuera tomada en serio. Esto contrastaba fuertemente con el clima cultural de la era #MeToo, en la que las denuncias de acoso solían tratarse como autovalidadas. Los hombres cuyos nombres aparecían en la lista «Shitty Media Men» fueron arruinados públicamente sin el debido proceso ni un examen serio de los acusadores. La disparidad plantea preguntas incómodas sobre a qué víctimas se cree, cuáles se dudan y cómo la ideología gobierna la distribución de la preocupación moral.
El amplio debate del panel destacó por su franqueza. Los panelistas criticaron la diversidad y el multiculturalismo no como aspiraciones benignas, sino como ideologías gobernantes que desalientan la honestidad e imponen un silencio selectivo. Se señaló repetidamente que, en muchos casos relacionados con el escándalo de las bandas de pederastas, las personas que se enfrentaron a sanciones no fueron los profesionales que ignoraron, permitieron u ocultaron los abusos, sino los denunciantes que intentaron plantear sus preocupaciones. Los que alzaron la voz fueron sancionados, marginados o destituidos, mientras que los altos funcionarios que presidieron el fracaso a menudo escaparon por completo a las consecuencias.
Varios ponentes criticaron duramente a los políticos y a los altos funcionarios de seguridad por ignorar, minimizar o suprimir el escándalo durante muchos años. Este patrón no reflejaba incompetencia, sino miedo, miedo a dañar la reputación y miedo a desafiar la ortodoxia ideológica. La aplicación de la ley no fracasó porque las instituciones fueran incapaces, sino porque no estaban dispuestas a hacerlo.
Una de las ponentes, Leila Cunningham —fiscal y política reformista—, fue especialmente franca. Cunningham se identificó como musulmana y criticó lo que describió como cobardía policial, argumentando que las fuerzas del orden no actuaron con decisión en repetidas ocasiones por miedo a ser acusadas de racismo. En su opinión, el escándalo de las bandas de pederastas supuso un encubrimiento sistémico por parte de las autoridades legales y políticas.
Cunningham afirmó que los ayuntamientos locales eran conscientes de lo que estaba ocurriendo desde hacía años y, sin embargo, optaron por la inacción. No se trataba de ignorancia o retrasos burocráticos, sino de una supresión deliberada. La falta de intervención de los ayuntamientos, las fuerzas policiales y los altos funcionarios representaba una vergüenza nacional, que desacreditaba las pretensiones de seriedad moral y competencia institucional de Gran Bretaña.
También argumentó que las instituciones británicas aplican la justicia de forma desigual. Cuando los autores son blancos, afirmó, el sistema actúa con rapidez y de forma punitiva. Cuando los delincuentes no entran en esa categoría, se vuelve vacilante y evasivo. Esta asimetría no es justicia, sino ideología disfrazada de principio. Además, hizo hincapié en la dimensión de clase del escándalo, señalando que las víctimas eran en su gran mayoría chicas de clase trabajadora cuya falta de poder social hacía que fueran fáciles de ignorar.
En uno de los momentos más controvertidos de la velada, Cunningham argumentó que algunos elementos de las comunidades de inmigrantes pakistaníes habían fomentado lo que ella describió como «turismo de violación» y que el régimen de inmigración y visados de Gran Bretaña no había sabido responder. Pidió que se impusieran prohibiciones estrictas de visados y medidas coercitivas a los países que se niegan a readmitir a los delincuentes condenados, nombrando explícitamente a Pakistán. Independientemente de si se estaba de acuerdo con sus conclusiones o no, la franqueza de su lenguaje contrastaba radicalmente con décadas de eufemismos oficiales.
Estas críticas a la ortodoxia multicultural fueron reforzadas por el miembro laborista de la Cámara de los Lores Lord Maurice Glassman, quien criticó el multiculturalismo como una ideología que disuade la solidaridad. Al fragmentar la sociedad en grupos identitarios rivales, argumentó, el multiculturalismo había debilitado las obligaciones morales compartidas y erosionado los cimientos de la política de la clase trabajadora.
A pesar de la gravedad del tema, el ambiente en la sala era más introspectivo que conflictivo. El público estaba compuesto en su mayoría por profesionales de élite, pero se palpaba una sensación de inquietud. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un hombre de ascendencia pakistaní criticó a los medios de comunicación por su negativa habitual a hablar con honestidad sobre la etnia de los captadores. Acusó a los periodistas de suprimir deliberadamente la descripción de los hechos y de convertir la verdad en un delito punible. El reflejo, argumentó, no era investigar las irregularidades, sino gestionar las narrativas.
Solo después de escuchar estos relatos y observar los patrones más amplios de aplicación selectiva de la ley, el debate de la noche comenzó a cristalizar en una visión más aguda, que se hace eco de las advertencias del difunto teórico político Sam Francis. Lo que se desarrolló ante nosotros fue un claro caso de anarco-tiranía —un sistema en el que el Estado se retira de la aplicación de la ley y el orden básicos donde más se necesitan, al tiempo que amplía su autoridad sobre el pensamiento, la expresión y el comportamiento simbólico. La policía y los ayuntamientos se mostraron incapaces o poco dispuestos a proteger a las niñas vulnerables, pero esas mismas instituciones han demostrado un celo notable a la hora de castigar a quienes desafían las narrativas aprobadas.
En toda Europa, los gobiernos parecen cada vez más interesados en perseguir los delitos de opinión que en hacer frente a los daños graves. En Gran Bretaña, Sam Melia está en prisión por pegar pegatinas con el lema «Está bien ser blanco», mientras que el bloguero Pete North fue detenido, según se informa, por compartir un meme contra Hamás. En Alemania, una mujer recibió una condena más severa por insultar a su agresor, llamándole «cerdo violador vergonzoso», que la que recibió el propio violador por su delito. Las palabras se consideran peligrosas, mientras que las acciones suelen tolerarse o excusarse.
Al final de la velada, era difícil ignorar la sensación de que algo estaba cambiando. El evento sugirió un cambio ideológico más amplio, incluso dentro de los entornos de élite que durante mucho tiempo se han alineado con las ortodoxias liberales. Había una creciente voluntad de cuestionar los dogmas de la diversidad y el multiculturalismo, y una resistencia emergente a lo que varios ponentes describieron abiertamente como política liberal y anti-blanca. Más fundamentalmente, se estaba empezando a reconocer que un Estado que castiga la libertad de expresión mientras tolera la depredación no es compasivo ni progresista, sino decadente. Aún no se sabe si este cambio perdurará, pero el debate en sí mismo supuso una ruptura decisiva con años de silencio, evasivas y anarquía controlada.
