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Igualitarismo como revuelta contra la seguridad

Hay ciertos bienes y servicios de los que los igualitarios, como terceros, preferirían que nadie disfrutara en lugar de que unos tuvieran más que otros. (La salvedad «como terceros» es necesaria, ya que los igualitarios no prescindirán ellos mismos de estos bienes y servicios, pero aun así consideran oportuno comentar las desigualdades desde lejos). Uno de estos servicios es la seguridad pública, como se muestra en una serie de artículos escritos por el reportero de ProPublica Jeremy Kohler quejándose del hecho de que la gente en San Luis pueda contratar seguridad privada, en lugar de que todo el mundo en la ciudad esté igualmente desprotegido.

Considere este titular: «Las fuerzas policiales privadas de San Luis hacen de la seguridad un lujo de ricos». Esta es una forma de interpretar el hecho de que el supuesto motor de la seguridad pública «equitativa», el Departamento de Policía de San Luis, no proporciona mucha seguridad a nadie. Para estos igualitaristas, el problema no es tanto que la policía no proteja a los más vulnerables, sino que algunas personas —que ya han pagado impuestos supuestamente para garantizar la seguridad pública— tienen los medios para elegir desembolsar más dinero para recibir seguridad pública. Según la concejala Dwinderlin Evans, la policía privada es injusta, «sobre todo cuando hay barrios que no pueden permitirse pagar una policía adicional». Al parecer, lo que es justo es pagar impuestos por servicios que no se reciben.

Una de las firmas policiales privadas de San Luis es The City's Finest, que contrata a agentes jurados de la policía de San Luis para realizar patrullas y otras tareas. Según Kohler, «The City's Finest ha aumentado su salario hasta superar la tarifa de horas extraordinarias del departamento, en esencia superando la oferta del departamento de policía por su propia mano de obra». Esto hace que parezca como si fuera natural que la ciudad tenga un monopsonio en la contratación de personal de seguridad, y los empresarios de seguridad privada sólo están encareciendo perjudicialmente la ciudad al pujar por unos recursos escasos. En realidad, los empresarios pueden permitirse pagar más por el personal porque lo destinan a usos más valorados. Es la ciudad, a través de su poder tributario, la que puede asignar recursos de una forma que no está sujeta a la soberanía del consumidor. El gobierno de la ciudad que desvía recursos del sector productivo es la intervención exterior, no las firmas de seguridad.

Kohler afirma que las firmas policiales privadas «no forman parte del gobierno de la ciudad y, en consecuencia, no rinden cuentas a los contribuyentes de toda la ciudad», dando a entender que las entidades que forman parte del gobierno de la ciudad rinden cuentas de algún modo al contribuyente. El propio Kohler aporta muchas pruebas de lo contrario. En otro artículo, sugiere que el hecho de que tantos agentes de la policía de San Luis trabajen para The City's Finest plantea un conflicto de intereses: si ellos, como agentes de policía, hacen bien su trabajo, la firmas de seguridad privada para la que trabajan se verá obligada a cerrar. Aunque así fuera, ¿el problema lo tiene la seguridad privada o el monopolio financiado por los contribuyentes cuyos agentes aparentemente no hacen su trabajo?

Kohler también se queja de que los empleados de The City's Finest responden a «asuntos como un coche abandonado en la calle y el robo de un carrito de golf, cuestiones triviales comparadas con el tipo de delitos que él [el mayor Ryan Cousins, agente de policía de St. Louis] intenta resolver para el departamento de policía». Esto es rico por varias razones. En primer lugar, el hecho de que la gente pague por seguridad privada para realizar estas tareas sugiere que no son asuntos triviales para estas personas. En segundo lugar, los departamentos de policía reciben habitualmente llamadas por asuntos que algunos podrían considerar triviales, como las quejas por ruidos; la seguridad privada no es única en este sentido.

La policía de San Luis, en concreto, no respondía a esas llamadas de todos modos. Kohler recuerda que en una reunión entre una docena de propietarios de negocios y dos agentes de policía de San Luis, el jefe de operaciones de una cadena de gasolineras dijo a los agentes: «Ni siquiera les llamamos siempre. . . . Para ser sincero, ustedes no vienen. . . . No os ofendáis, pero si alguien no se muere, no venís». ¿Debería elogiarse a la policía de San Luis por un uso tan juicioso de los recursos?

Kohler también cita dos informes sobre la policía de San Luis en los que se afirmaba que los agentes carecían de recursos para aplicar más prácticas policiales basadas en la comunidad, una de las cuales consiste en abordar de forma proactiva los problemas relacionados con la calidad de vida antes de que desemboquen en delitos más graves. Para Kohler, el hecho de que la policía privada sea más capaz de aplicar prácticas policiales orientadas a la comunidad que la policía gubernamental, a pesar de los miles de millones en subvenciones a esta última por parte del gobierno federal específicamente para este fin, es un error, no una característica, aunque parece que alabaría la misma aplicación si fuera la policía gubernamental la que lo hiciera.

Otra queja que Kohler hace de las firmas privadas de policía es que aplican «órdenes de protección vecinal», que prohíben la entrada de personas a determinadas zonas de la ciudad después de que hayan causado molestias repetidamente y hayan sido detenidas. Coincide con la Unión Americana de Libertades Civiles de Missouri y con la veterana defensora pública Mary Fox en que estas órdenes de protección violan los «derechos civiles», que aparentemente incluyen hacer lo que uno quiera dondequiera que se encuentre. El erudito legal Randy Barnett, en The Structure of Liberty, señala el problema de la llamada propiedad pública:

Una sociedad que incluye amplias propiedades públicas se enfrenta, por tanto, a lo que podría denominarse un dilema de vulnerabilidad. Dado que los gobiernos disfrutan de privilegios que se niegan a sus ciudadanos y están sujetos a pocas de las limitaciones económicas de las instituciones privadas, sus ciudadanos son siempre vulnerables a la tiranía gubernamental. Por lo tanto, la libertad sólo puede preservarse negando a los organismos policiales gubernamentales el derecho a regular la propiedad pública con la misma discreción que se concede a los propietarios privados. Sin embargo, las medidas para proteger a la sociedad del gobierno también sirven para hacer que los ciudadanos sean más vulnerables a las personas con inclinaciones criminales, proporcionando a estas personas una mayor oportunidad de un refugio seguro en las calles y aceras públicas y en los parques públicos.

Parece que algunos concejales de gobiernos locales han considerado que la idea de que cualquier persona que no esté actualmente en prisión debería poder ir donde le plazca siempre que no esté en una propiedad privada —incluso si es una molestia demostrada para los propietarios adyacentes— no es viable. Kohler reconoce que «los líderes vecinales y los funcionarios de policía han defendido las órdenes de protección vecinal como una herramienta para que los residentes y las empresas hagan sus calles más seguras enviando a los delincuentes el mensaje de que no son bienvenidos». No todas las comunidades deberían tener una verja para mantener alejados a los molestos, ni la seguridad debería tener que esperar hasta que un molestia comprobada cometa un delito para poder excluirlo legalmente de un vecindario. Aunque estas órdenes de protección son legales y la policía gubernamental las hace cumplir (irregularmente), Kohler considera que la policía privada es especialmente mala porque hace un mejor trabajo a la hora de hacer cumplir las órdenes.

El igualitarismo es una mezcla de envidia y prejuicio antimercado. Los igualitaristas intentan esconderse tras una fachada de preocupación por los pobres. Sin embargo, en los artículos de ProPublica sobre la policía privada en San Luis, no se presentó ninguna prueba de que los más pobres estarían mejor sin la policía privada, sólo que la desigualdad per se es mala. Es mejor que todo el mundo esté inseguro a que nadie esté protegido.

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