En el último año, tres estados de los EEUU han promulgado nuevas leyes que legalizan la marihuana recreativa dentro de sus fronteras. En mayo de 2022, el cannabis recreativo pasó a ser legal en Rhode Island, y lo mismo ocurrió en Missouri en diciembre del año pasado. Tras las elecciones de 2022, en las que los votantes de Maryland aprobaron la Pregunta 4 de Maryland, el consumo recreativo también se legalizó en ese estado. Con la adición de Rhode Island, Nuevo Hampshire —donde el cannabis «sólo» está despenalizado y es legal para fines médicos— es ahora el único estado de Nueva Inglaterra donde la marihuana recreativa no es legal. Missouri se une a Alaska y Montana como uno de los pocos «estados rojos» que también han legalizado el uso recreativo.
Ahora, con la aprobación del uso recreativo en estos tres estados, más de 156 millones de americanos viven en estados donde la posesión y el consumo de marihuana se han legalizado de forma similar a las bebidas alcohólicas. Eso supone el 47% de la población de los EEUU. Ahora es sencillamente incorrecto decir «la marihuana es una droga ilegal en los Estados Unidos», igual que es incorrecto decir «el aborto es ilegal en los Estados Unidos». El hecho es que esas cosas son legales en algunas partes de los Estados Unidos e ilegales en otras.
Proporción de la población de EEUU por estado de legalización del cannabis
Cabe destacar que Rhode Island es también uno de los cada vez más numerosos estados en los que el cannabis recreativo se ha legalizado a través del proceso legislativo y no mediante referendos estatales o iniciativas de los votantes. Inicialmente, la legalización recreativa sólo era políticamente posible a través de iniciativas de los votantes, ya que los legisladores se negaban a aprobar la legalización por sí mismos. Los primeros casos exitosos de esto se dieron en Colorado y el estado de Washington en 2012, y les siguieron Alaska y Oregón en 2014. Desde entonces, el cannabis recreativo se ha legalizado a través de diversos métodos en otros dieciséis estados para un total de veintiuno.
Si estos estados se unieran para formar su propio país, sería —en términos de población— el noveno país más grande del mundo, mayor que Rusia. Al igual que ocurre con la política de armas, los vales escolares y la política del aborto, la política del cannabis está cada vez más dominada por la legislación estatal. En el caso del cannabis, esto se produce a pesar de que la política federal no ha cambiado realmente. La marihuana sigue estando formalmente en el punto de mira de los burócratas federales como sustancia ilegal. Esto sigue obstaculizando el comercio en los estados de muchas maneras. Por ejemplo, sigue siendo ilegal que las instituciones financieras reguladas por el gobierno federal traten directamente con empresas relacionadas con el cannabis.
Algunos políticos Republicanos incluso han intentado intensificar los procesamientos federales. Por ejemplo, en 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions anuló el Cole Memo. Esto fue parte de un esfuerzo por reafirmar un mayor control federal de la política de cannabis. Sin embargo, las delegaciones del Congreso de los estados donde el cannabis recreativo es legal —tanto Republicanas como Demócratas— han mostrado su falta de voluntad para apoyar los esfuerzos federales en este sentido. Como resultado, el Congreso votó a favor de negar al Departamento de Justicia fondos para hacer cumplir las leyes federales contra la marihuana medicinal en 2017. El plan de Sessions recibió oposición bipartidista en el Congreso. Se han introducido repetidamente esfuerzos bipartidistas para la legalización federal, como la «Ley de Fortalecimiento de la Décima Enmienda a través de la Confianza de los Estados (STATES)» que, es esencialmente un proyecto de ley de «derechos de los estados» apoyado por ambos partidos en nombre de frenar la guerra a las drogas. (Un bloque antilegalización, basado sobre todo en los estados del sur, ha conseguido acabar con los esfuerzos para reforzar un control más localizado en la política de drogas).
Todos estos movimientos a nivel estadual para ignorar u oponerse a la política federal están firmemente arraigados en ideas de federalismo, descentralización y la Décima Enmienda de la Carta de Derechos. De los prohibicionistas que se aferran al poder político centralizado, sin embargo, oímos habitualmente los mismos eslóganes y teorías jurídicas pro-Washington sobre la «supremacía federal» o cómo lo que diga el Congreso es «la ley del país».
Tanto los conservadores como la izquierda apoyan estas ideas cuando sirven a sus propósitos. La izquierda, por supuesto, quiere un gobierno uniforme desde Washington en lo que respecta a las armas. Los conservadores han querido lo mismo para las drogas. Los fiscales generales Republicanos incluso demandaron a Colorado en un intento de imponer leyes federales sobre drogas en el estado. Lo que estos Republicanos querían era esencialmente una sentencia federal que anulara el localismo y la Décima Enmienda. Afortunadamente, fracasaron.
Este impulso centralizador, por supuesto, es muy popular en Washington. Lo escuchamos con frecuencia de esos eruditos constitucionales profundamente equivocados que quieren que los jueces federales utilicen la «doctrina de la incorporación» para decidir lo que es y lo que no es legal en cada estado. A menudo se puede encontrar a estas personas —tanto conservadores como izquierdistas— declarando airadamente que la ley federal es esencialmente sacrosanta y que la anulación a nivel estadual «no va a ocurrir». La realidad, sin embargo, es que ha sucedido y está sucediendo.
Después de todo, las realidades políticas e ideológicas son tales que la legalización a nivel estatal ha supuesto que la marihuana sea legal de facto en casi la mitad del país. La estrategia también ha ayudado a ilustrar el potencial de éxito de los esfuerzos legales a nivel estatal para debilitar o anular la ley federal. Los grupos proinmigración han intentado tácticas similares en algunos estados, como California. Del mismo modo, algunos hacedores de políticas contrarios al control de armas —como en Misuri— han aprobado leyes que impiden a los funcionarios estaduales aplicar la legislación federal dentro de las fronteras estadualess. Los amantes del régimen de Washington y del statu quo seguirán sin duda presionando para que la reforma se haga sólo en el centro. Estas personas siguen aferrándose a la idea, desacreditada desde hace tiempo, de que Washington se «arreglará» si «elegimos a las personas adecuadas». Buena suerte con eso.
