Una réplica común al programa de laissez-faire es que los fallos del mercado requieren la intervención del gobierno. ¿Qué significa el fallo de mercado y cómo pueden evaluarse tales demandas a favor o en contra de él?
Una definición bien aceptada de fallo de mercado es «un caso en el que el mercado no consigue proporcionar o asignar eficientemente bienes y servicios» en comparación con algún estándar ideal, como el modelo de competencia perfecta. Esta definición se aplica y el «fallo de mercado» ha sido demostrado por muchos economistas en los casos particulares de economías externas, efectos de red, información asimétrica, relaciones entre el principal y el agente, etc. Lo que se objeta aquí no es que el libre mercado tenga defectos, sino que el término «fallo de mercado» es una definición persuasiva (véase Cómo pensar con claridad, párr. 5.47), que parece decir más de lo que realmente dice al aplicar incorrectamente la palabra emotiva fallo.
Muchos creen erróneamente que si se ha demostrado un caso de fallo de mercado, como se ha definido anteriormente, entonces el caso de la intervención del gobierno es un hecho consumado. El problema no radica en las descripciones correctas de un mundo imperfecto. El problema, en parte, radica en el término fallo de mercado, tal como se utiliza comúnmente. Sometamos este término de fallo de mercado a una investigación crítica, sugiramos una definición alternativa y veamos qué es necesario para demostrar un caso de verdadero fallo de mercado.
El fallo, en términos generales, se produce cuando las acciones no dan lugar a la consecuencia prevista. Un saltador de pértiga fracasa cuando no supera el listón. Un ingeniero falla cuando su diseño no es sólido. Pero ¿qué hay de una institución? ¿Qué significa para un gobierno, una empresa o un mercado, fracasar?
Los gobiernos son organizaciones que tienen objetivos declarados, como establecer la justicia y asegurar la tranquilidad nacional. Cuando, a pesar de sus acciones, estas organizaciones no establecen la justicia, o no aseguran la tranquilidad doméstica, entonces han fracasado. Los gobiernos triunfan y fracasan en sus empeños, como cabría esperar de una institución compuesta por hombres. Una empresa, considerada como una institución económica, es ese tipo de entidad, cuyo objetivo principal es obtener beneficios. Cuando una empresa, a pesar de sus esfuerzos, no obtiene beneficios, fracasa.
El fallo de una institución puede ser intermitente o crónico. Cuando una empresa fracasa crónicamente, sus propietarios suelen disolverla o se ve obligada a la quiebra. Esta disolución se denomina propiamente «fallo de negocios», aunque implica toda una serie de fallos. Cuando un gobierno fracasa crónicamente en el cumplimiento de sus objetivos, tal condición se denomina apropiadamente «fallo de gobierno».
Un mercado, aunque sea una institución social, no es un fenómeno consolidado. El mercado no tiene una constitución escrita, ni una lista de miembros. Es, en la memorable frase de Adam Smith, el simple sistema de libertad natural. Lo que los actores buscan en un mercado varía de persona a persona. Que un precio parezca alto para un comprador, o que parezca bajo para un vendedor, es una preferencia subjetiva. Un mercado, al no ser una institución monolítica, no tiene un solo conjunto de objetivos con los que se pueda comparar su rendimiento. Debemos profundizar más.
El uso más desconcertante del término fallo de mercado es en comparación con un mundo teórico imposible, como se ha señalado anteriormente. Se ha utilizado el término fallo de mercado para describir los resultados derivados del hecho de que la transmisión de información es costosa e imperfecta (costos de transacción); el hecho de que los consumidores no siempre saben si un determinado bien o servicio satisfará sus deseos (información imperfecta, asimetría de la información); el hecho de que las decisiones presentes afectarán a las decisiones futuras (dependencia de la trayectoria); el hecho de que hay economías externas (externalidades y la teoría de los bienes públicos); el hecho de que hay fraude, incumplimiento y renuencia tanto entre compradores como entre vendedores (de nuevo, información imperfecta y asimetría de la información), y otros estados descriptivos diversos.
La naturaleza subjetiva de los bienes y la naturaleza empresarial de la acción humana deben informar nuestra comprensión del término fallo de mercado. No basta con afirmar que los automóviles no son en general lo suficientemente seguros, o que las tarifas eléctricas son demasiado altas, o que las existencias de vacunas contra la gripe son demasiado bajas. El nivel adecuado de seguridad para un coche, el precio «correcto» de la electricidad y las existencias adecuadas de vacunas son cuestiones subjetivas. Incluso si estamos de acuerdo, por ejemplo, en que las existencias de vacunas son demasiado bajas, pueden surgir preguntas sobre si se trata de un caso de fallo intermitente o crónico, siendo este último el más importante para el análisis económico.
El fallo de mercado, si el término ha de significar algo útil, debe significar que hay defectos fundamentales en la naturaleza de la capacidad humana para conseguir ciertos bienes mediante instituciones voluntarias, en contraposición a las coercitivas. Con esta definición, el caso de fallo de mercado es sinónimo de caso de intervención gubernamental. Esta definición nos permite desplazar el enfoque de nuestra investigación a donde debería estar: el análisis institucional.
Existe una brecha en muchos tratamientos. Si se observa una deficiencia en el libre mercado en contra de algún estándar, entonces existe la posibilidad de que la intervención del gobierno pueda mejorar las cosas. Pero hay tres grandes dificultades que hay que afrontar para pasar de las imperfecciones del mercado a las fallas de este.
Los obstáculos
En primer lugar, los gobiernos son monopolios y (en general) las empresas no lo son. Por lo tanto, si el gobierno falla crónicamente en reducir el número de personas que sufren en la pobreza o en algún otro bien, esto se llama propiamente el fallo de gobierno. Sin embargo, si un negocio en particular fracasa, esto no es un fallo de mercado. Incluso si fracasa todo un segmento de empresas que emplean un modelo de negocio particular, esto no es un fallo de mercado. En ambos casos, sólo se ha demostrado que el modelo empresarial fracasa.
El hecho de que se haya demostrado que un modelo empresarial determinado no es rentable para suministrar un bien concreto, no significa que no haya un modelo empresarial que pueda hacerlo de forma rentable. Si se propone un único modelo comercial que no se ha probado en el mundo real, especialmente si se puede demostrar razonablemente que es sólido, entonces la cuestión del fallo de mercado sigue abierta en un sentido muy real.
Hay dos faltas lógicas conexas cometidas por los demandantes por el fallo de mercado. Uno es asumir alegremente que cualquier modelo comercial exitoso, si existiera, se habría probado o se ha probado. La otra es asumir que la acción del gobierno en el pasado fue la mejor respuesta posible al problema en cuestión. Ambos errores son irónicos, ya que ambos imputan una acción libre de errores a los empresarios en el sentido amplio, una acusación que se hace de manera inexacta a los defensores del laissez-faire. Es bien sabido que los empresarios han entrado en escena una y otra vez utilizando modelos de negocio hasta ahora no probados.
En segundo lugar, y lo que es más importante, hay que entender plenamente la doctrina del valor subjetivo. No hay ningún argumento general para preferir una cierta cantidad de un bien a otro. Para que las reservas de vacunas sean mayores, hay que sacrificar algún otro bien. Todo programa gubernamental impone costos a algunos y beneficios a otros. Uno debe, al final, hacer un argumento moral que apoye la rectitud de imponer tales costos a algunos para el beneficio de los otros.
En el rarísimo caso de que se afirme que hay un beneficio neto para todos que sólo puede obtenerse a través de una institución coercitiva, debemos ser explícitos sobre la ética consecuencialista o utilitarista que se aplica, pero también pisar con cuidado, ya que el valor subjetivo nos informa de que todo tipo de costes a menudo escapan a la atención.
En tercer lugar, hay que examinar la realidad y el largo plazo. Hay que demostrar que las estructuras institucionales internas de los sistemas voluntarios frente a los coercitivos se autorregularán y evolucionarán con el tiempo para mantener la ventaja de estos últimos. Una vez que se haya presentado el argumento público a favor de la intervención, ¿qué organismo regulador se establecerá y en qué se diferencia de la intervención ideal?
¿Actuará realmente el órgano regulador en el interés público, o en su propio interés, à la teoría de la Public Choice, o en el interés de los regulados, à la teoría de la captura? Si existen hoy en día argumentos sólidos para la intervención gubernamental, ¿cambiarán los factores objetivos en los que se basa? Es casi seguro que sí. Cuando los argumentos a favor de la intervención dejen de ser sólidos, o tengan una estructura completamente diferente, ¿se adaptará el aparato regulador adecuadamente, o se irá tranquilamente a la noche, o en su lugar luchará con uñas y dientes por el status quo y su legitimidad? Los costos de tal futuro aparato regulador injustificado deben ser captados en el cálculo.
En resumen, si se quiere argumentar el fallo de mercado, hay que mostrar cómo las estructuras de incentivos y las limitaciones dan lugar a resultados claramente peores en las instituciones voluntarias de toda índole imaginable en comparación con una institución coercitiva muy específica. Además, se debe demostrar que esta institución coercitiva altamente específica sería adoptada por el gobierno, y que la evolución razonable de las instituciones no dará lugar a ningún fallo crónico del gobierno.
