El Estado, según dicen, es necesario para protegernos de los excesos del capitalismo, y cualesquiera que sean las quejas que la persona promedio pueda tener sobre sus funcionarios electos, casi todos pueden estar de acuerdo con esto.
Pero hay un problema con pensar que el Estado puede entrar en la economía como un árbitro justo en lugar de simplemente jugar en las manos de las facciones más ricas, poderosas e influyentes; porque tan pronto como una corporación pueda ganar más dinero buscando favores del Estado que sirviendo a los clientes, eso es exactamente lo que van a hacer. No necesariamente porque sean malvados, sino porque se convierte en lo racional.
En un mercado abierto en el que sólo se permiten los intercambios voluntarios, una empresa sólo puede obtener beneficios si proporciona algo que el público en general desea. No importa cuán codiciosos sean los gatos gordos corporativos, si no consiguen «expectorar los bienes» (y servicios) que la gente quiere, no tendrán suerte. De esta manera, las fuerzas del mercado de personas que de otro modo se interesarían por sí mismas aplicarán sus propios intereses a fines sociales.
Los críticos pueden seguir quejándose de la competencia de «dientes y uñas», pero al menos en un mercado libre las empresas compiten para servirle mejor y ganar sus ingresos disponibles. Tan pronto como el gobierno interviene en la economía, una cosa es segura: las empresas competirán por el control de los órganos legislativos y de las finanzas públicas. Aquí es donde comienza el verdadero «diente y uña».
Según la Fundación Sunlight, por cada uno de los 5.800 millones de dólares gastados por las 200 corporaciones más activas políticamente de Estados Unidos entre 2007 y 2012 en contribuciones federales de cabildeo y campañas, obtuvieron 741 dólares a cambio de sobornos y beneficios.
Para esas empresas, se gastaron 5.800 millones de dólares en juegos políticos en lugar de invertirse en empleos y desarrollo de productos. Estos incentivos llevan a las empresas a asignar mal los recursos haciendo productos que el público en general no quiere que sean rentables, y productos que no lo son. En otras palabras, el gobierno se ha convertido en el cliente de estas corporaciones más que en sus clientes. Y las compañías a menudo deben cabildear en defensa propia.
Las empresas pueden cabildear o contribuir a campañas políticas para ganar el derecho exclusivo de proveer al gobierno con sus productos. Esto les dará una enorme ventaja sobre sus competidores, incluso si están produciendo servicios inferiores o más caros. Pueden presionar para obtener subsidios para sus propios bienes o aranceles para competidores más baratos o superiores, y pueden lograr que el gobierno apruebe leyes sobre quién puede y quién no puede operar en su sector.
Las licencias obligatorias, los honorarios, las revisiones, los enormes montones de formularios, las inspecciones, hacen que sea caro para las pequeñas empresas que empiezan a entrar en el mercado y competir en un campo de juego igualitario. Las empresas gastan millones de dólares en contadores, abogados, actuarios y burócratas (por no hablar de las decenas de miles de horas) para asegurarse de que cumplen con las enredadas redes de burocracia, y no se equivoquen, lo que perjudica al público. Los costos se reflejan en el precio de los productos, y esos son millones de dólares y decenas de miles de horas que no se están gastando en un trabajo más productivo que beneficiaría a otros. Las rondas de «regulación» inflan cada vez más los beneficios corporativos, al eliminar a las pequeñas empresas del mercado y dirigir las ventas a empresas más grandes que pueden permitirse especialistas o departamentos enteros para jugar el juego.
Al cambiar la estructura de incentivos de la economía para favorecer las ganancias a través de la influencia política sobre el servicio a los clientes, el Estado corrompe el mercado en lugar de moderar sus excesos.
