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Por qué la policía no puede proteger (ni protegerá) nuestros derechos

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Tags Burocracia y RegulaciónMonopolio y Competencia

Parece como si la mayoría del planeta hubiera visto el vídeo viral de Alex Wubbels, la enfermera del Centro Médico de la Universidad de Utah, arrestada por un policía, Jeff Payne, porque insistía en cumplir con la ley estatal y federal, así como con el protocolo del hospital, con respecto a la solicitud de Payne de que se le permitirá tomar sangre de la víctima de un accidente de tráfico. No es sorprendente que la mayoría de los espectadores hayan reaccionado con enfado ni que después de que se hiciera público el incidente, el Departamento de Policía de Salt Lake City suspendiera tanto a Payne como a su teniente, James Tracy (que ordenó el arresto).

Prácticamente todos están de acuerdo en algo: Payne y su jefe como mínimo violaron la política del departamento y probablemente infringieron la ley. El que sean castigados o no es otra cosa.

Al mostrarse el vídeo en una conferencia de prensa la semana pasada, Wubbels dijo que, aunque estaba agradecida por el abrumador apoyo que había recibido y por las disculpas que le habían presentado el jefe de policía de Salt Lake City y el alcalde de la ciudad, pedía “más formación” para que los policías no violaran las layes. ¿Podría ser que Payne y su teniente se comportaran de esta forma inaceptable sencillamente porque les faltara “formación” adecuada?

Hemos ido por esta vía muchas veces. La idea de que se supone que el gobierno protege tus “derechos inalienables” (en palabras de la elocuente Declaración de Independencia de Thomas Jefferson) está bordada en nuestro tejido político místico, pero, en lugar de protección, los gobiernos producen abusos, montones de abusos. Aunque la demonización que están sufriendo actualmente Payne y sus aliados policiales les esté bien merecida, el problema real no son personas como Payne, ni despedirlas (por mucho que sus superiores tengan que hacerlo) resolverá ningún problema fundamental con los agentes públicos abusando de todos los demás.

No, el problema es que somos como Charlie Brown cada octubre, que cree que esta vez Lucy van Pelt no le quitará el balón justo antes de que lo vaya a patear. Entrenamos a los policías para que obedezcan la ley, estos escriben “proteger y servir” en los laterales de sus coches de patrulla y luego vemos con impotencia cómo la policía arrasa nuestras comunidades, disparando a gente inocente y desarmada, robando su propiedad mediante “incautación de objetos” y matando además a sus mascotas.

Veamos la situación en Salt Lake City. A pesar del hecho de que la policía sabía desde que Payne arrestó y golpeó a Wubbels que este había actuado ilegalmente (el vídeo de todo el incidente deja esto claro) las autoridades no hicieron absolutamente nada hasta que el vídeo se emitió por todo el mundo. Sí, el jefe de policía y el alcalde estaban “enfurecidos” (son sus propias palabras) por lo que había pasado, aunque su gente sí había sabido lo que había pasado y estaban bastante satisfechos con su no respuesta, hasta que se les exigieron cuentas. Repentinamente el fiscal del distrito local quería una “investigación criminal”, aunque los fiscales de turno no habían mostrado ningún interés hasta que el público general vio directamente a sus “servidores públicos” en acción.

Ahora se nos presenta el circo habitual en el que los cargos públicos están indignados, ¡INDIGNADOS! de que uno de los suyos haga cosas como esa, pero prometen “arreglar” el problema. Por supuesto, todos somos conscientes hasta cierto punto de que lo que estamos viendo es poco más que un ensayo para la próxima ronda de abuso policial en la que los supuestos supervisores públicos de nuevo expresen “indignación” por lo que han visto y se disculpen profusamente ante las próximas víctimas. Y así sucesivamente.

Aunque a todos nos gustaría “arreglar” cualquier problema que exista relacionado con los abusos de la policía, en realidad es tan imposible rectificar la situación como lo es para Lucy mantener el balón en el suelo. No ocurrirá porque no puede ocurrir. Aunque queremos un gobierno que realmente proteja nuestros “derechos inalienables”, siempre conseguimos un Jeff Payne en lugar de un Thomas Jefferson.

No estoy diciendo algo cínico, ni esta es una llamada de clarines para que la gente “recupere” sus gobiernos. La dura realidad es que los gobiernos no protegerán ni podrán proteger nuestros derechos y esto tiene poco o nada que ver con la educación o con el compromiso personal con la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de otros.

A pesar de todo lo que se habla acerca de que “el policía es tu amigo” o de que la policía supuestamente “sirve al público”, las fuerzas de policía son poco más que el brazo fuerte del estado. Actúan como recaudadores de ingresos (aunque la mayoría del dinero que recaudan mediante multas de tráfico va directamente a las arcas de la policía), pero su tarea más importante es hacer cumplir las numerosas normas que los estados imponen a los ciudadanos.

Lejos de proteger los “derechos inalienables” de los ciudadanos, la policía generalmente viola esos derechos: en nombre de una visión utilitaria de “luchar contra el delito” y (por supuesto) “mantenemos a salvo”. Tratad de recitar algo de la declaración de derechos a un policía que esté tratando de obligaros hacer algo contra vuestra voluntad (aunque no se sospeche que hayáis vulnerado la ley) y descubriréis rápidamente que el policía está visiblemente enfadado por vuestra reclamación de vuestros derechos.

No es algo que arregle “más formación”. La mayoría los problemas con respecto a la brutalidad policial no son el resultado de una falta de “formación” sino más bien el resultado de que el oficial de policía representa a un cuerpo del estado que reclama sumisión.

Lejos del ideal de Jefferson del estado como protector de nuestros “derechos inalienables”, los gobiernos hoy son cuerpos creadores de normativa progresista. Las normas ligadas a la protección de nuestros derechos son prima facie evidentes, como las leyes contra el robo, el atraco y el asesinato. No necesitamos que los gobiernos nos digan que esas acciones están mal. De hecho, hay leyes contra ellos precisamente porque todo el mundo reconoce su incorrección y la gente no protesta cuando los gobiernos declaran ilegal el asesinato.

Muy poco de lo que hacen hoy los estados tiene algo que ver con la protección de los ciudadanos. Por el contrario, los estados imponen numerosas cargas a otros diciéndoles lo que pueden comer, lo que pueden decir, qué plantas permiten ingerir y cuáles no y cómo tenemos que interactuar con otros cuando realizamos intercambios económicos y producimos. En tiempos anteriores, antes de que la era progresista produjera un cambio radical en cómo veían el gobierno los estadounidenses y cómo interactuaban los gobiernos con los ciudadanos, la ley penal giraba en torno a la doctrina legal del malum in se, lo que significa que un acto ilegal, como el asesinato, es malo en sí mismo. Hoy la mayor cantidad de “delitos” que llevan a la gente a prisión se basan en la doctrina legal del malum prohibitum, que dice que una acción como fumar marihuana es mala solo porque una institución estatal dice que es mala.

La distinción es vital porque los “delitos” cometidos bajo malum prohibitum son a menudo actos sobre los cuales todas las partes implicadas han dado consentimiento y en los que nadie se ha visto dañado. Las personas acusadas de dichos delitos son criminales solo porque las autoridades lo dicen.

Como escribía el famoso abogado Harvey Silverglate en su libro Three Felonies a Day, hay miles de leyes, tanto federales como estatales, en las que cualquiera que las infrinja puede acabar en la cárcel. Casi todos los policías aplicarán con entusiasmo estas leyes, incluso aunque algunos de ellos crean que dichas leyes son injustas. (La respuesta típica a la protesta ante la injusticia es: “Solo estoy haciendo mi trabajo”).

De hecho, después de que Payne arrestara violentamente a Wubbels y la empujara dentro de un automóvil policial ardiendo (haciéndole esperar bajo un calor abrasador), Tracy, que ordenó arresto, dijo a Wubbels que “Vuestras políticas se están interponiendo en el camino de mi ley”. En otras palabras, el policía cree que todo lo que él diga es la ley, sin que importe lo que puedan decir tribunales y parlamentos.

Las personas con esa mentalidad (y son legión en los departamentos de policía) no tienen la intención de proteger los derechos de nadie, salvo los suyos. La llamada declaración de derechos de los policías, que es poco más que una tarjeta de “Queda libre de la cárcel” para los policías que incumplen la ley, es una afrenta para cualquier tipo de estado de derecho, porque proporciona protecciones legales a empleados públicos que no están disponibles para los ciudadanos normales.

Podemos decir con seguridad que la mayoría de los policías hoy (y la mayoría de los políticos, francamente) ven los derechos a un proceso debido incluidos en la Declaración de Derechos, no como derechos que la policía necesita proteger, sino más bien como barreras para un “buen trabajo policial”. El policía Payne quería una muestra de sangre e iba a conseguir una muestra de sangre sin que importara lo que pudieran decir los procedimientos legales o médicos, porque ese era su trabajo y si los derechos de los ciudadanos entran en colisión con lo que la policía considera como “hacer su trabajo”, esta ignorará los derechos de los individuos a cada paso.

William L. Anderson is a professor of economics at Frostburg State University in Frostburg, Maryland.

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