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Por qué la Corte Suprema hace lo que el Pentágono quiere

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Imagine un alguacil de condado que tomó a un presunto violador de una ley sobre las drogas bajo custodia hace más de 10 años. Desde entonces, el hombre ha estado encarcelado sin haber sido juzgado. El fiscal de distrito y el alguacil prometen darle una oportunidad de juicio al hombre en el futuro, pero no están seguros de cuándo. Mientras tanto, el hombre se sienta en la cárcel indefinidamente solo a la espera de que comience su juicio.

Difícil de imaginar, ¿verdad? Eso es porque la mayoría de las personas asumirían que un juez nunca permitiría que tal cosa sucediera. El abogado del hombre presentaría una petición de hábeas corpus. Un juez ordenaría al alguacil que retenga al preso en prisión preventiva y demostraría por qué el preso no debería ser liberado de inmediato. En la audiencia de hábeas corpus, el juez ordenaría la liberación del prisionero basándose en la violación de su derecho a un juicio rápido o le ordenaría al estado que lo juzgara o lo liberara.

El mismo principio se aplicaría a nivel federal, por ejemplo, a los agentes de la DEA que habían estado encarcelando a un presunto capo de la droga durante diez años sin haberlo sometido a juicio. Un juez federal procedería a manejar una petición de hábeas corpus de la misma manera que lo haría el juez estatal. Es una certeza virtual de que el juez federal ordenaría la liberación del prisionero u ordenaría a la DEA que "lo juzgue o lo libere".

En cualquier caso, la orden de la rama judicial sería suprema sobre el alguacil y la DEA. Se esperaría que cumplan con la orden del juez. Si se negaran a hacerlo, el juez citaría al alguacil o a los oficiales de la DEA con desacato y ordenaría a que fueran encarcelados hasta que cumplieran con su orden. La orden de desacato sería llevada a cabo por el personal policial del estado o por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

No es así, sin embargo, con el establecimiento de seguridad nacional, específicamente el Pentágono, la CIA y la NSA. Como Michael Glennon, profesor de derecho en la Universidad de Tufts, señala en su libro National Security and Double Goverment, el establecimiento de seguridad nacional se ha convertido en la parte más poderosa del gobierno federal, en la que la rama judicial (así como las otras dos ramas) inevitablemente difiere en asuntos que son críticamente importantes para el Pentágono, la CIA o la NSA.

Un excelente ejemplo de este fenómeno es el campo de prisioneros del Pentágono en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Cuando el Pentágono inicialmente estableció Gitmo como un campo de prisioneros después de los ataques del 11 de septiembre, lo hizo con la intención de que fuera totalmente independiente de cualquier interferencia o control por parte de la judicatura federal. Por eso eligió a Cuba para ubicar su prisión, por lo que podría argumentar que la Constitución de los Estados Unidos no se aplicaba y que la Corte Suprema no tenía jurisdicción para interferir con sus operaciones. (Era una posición irónica dado el juramento que todo el personal militar toma para apoyar y defender la Constitución).

Sin embargo, manteniendo la apariencia de control, la Corte Suprema finalmente sostuvo que de hecho tenía jurisdicción sobre Guantánamo. Pero como cuestión práctica, la Corte difirió al poder definitivo del Pentágono, como lo demuestra el hecho de que hay prisioneros en Guantánamo que han estado encarcelados durante más de una década sin que se les haya otorgado un juicio.

En otras palabras, lo que el poder judicial nunca permitiría que ocurriera bajo un alguacil local o la DEA se ha permitido que ocurra bajo el Pentágono. Eso es porque el poder judicial sabe que dado el poder abrumador del Pentágono (así como a la CIA, y la NSA), no hay forma de que algún juez federal pueda imponer una orden de desacato con algunos subcomisarios de los Estados Unidos enfrentando, digamos, la 82.a División Aerotransportada.

Claro, la judicatura federal ha emitido comunicados de hábeas corpus sobre algunos presos en Guantánamo y el Pentágono ha dado su consentimiento para cumplir con ellos. Pero eso es solo por apariencia, para mantener la apariencia de que todo está funcionando "normalmente". Los jueces federales saben que cada vez que el Pentágono dice "No más", así será.

¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que el Pentágono, y no el poder judicial federal, está finalmente a cargo y que cuando se presione a la judicatura se someterá al poder de los militares? Lo sabemos por el hecho de que hay algunos presos en Guantánamo que han estado encarcelados durante más de una década sin que se les haya otorgado un juicio. Sabemos que los jueces nunca permitirían que sucediera ese tipo de cosas con un alguacil o la DEA.

Hay otra manera en que podemos reconocer el poder superior del Pentágono frente a la Corte Suprema. Después de que la Corte asumió jurisdicción sobre Guantánamo, el Pentágono estableció su propio sistema "judicial" para juzgar a los sospechosos de terrorismo. Puse la palabra "judicial" entre comillas porque realmente no es un sistema judicial en la forma en que pensamos en los sistemas judiciales aquí en los Estados Unidos. El sistema "judicial" del Pentágono se parece más al sistema "judicial" que emplea el régimen comunista de Cuba que al sistema judicial que existe aquí en los Estados Unidos.

Por ejemplo, el juicio es por comisión militar en lugar de juicio por jurado. La evidencia adquirida por tortura es admisible. Se presume que el acusado es culpable y que puede ser torturado para hacer admisiones y confesiones. La evidencia de oídas es admisible. Las autoridades militares pueden monitorear las conversaciones entre abogado y cliente, una grave violación del privilegio abogado-cliente que se reconoce aquí en los Estados Unidos. Obviamente no hay derecho a un juicio rápido. De hecho, todo el "juicio", cuando finalmente está permitido, no es más que lo que se llama un "juicio espectáculo" en los países comunistas. Eso es porque un veredicto de culpabilidad está predestinado, pero está hecho para parecer que se ha llegado de manera justa.

Hay una gran cosa que destacar sobre el sistema "judicial" del Pentágono en Gitmo: no hay nada en la Constitución que permita al Pentágono establecer y operar un sistema "judicial". La Constitución, que está destinada a controlar a todo el gobierno federal, establece un solo sistema judicial para juzgar a los sospechosos de terrorismo y otras personas acusadas de delitos federales. Ese sistema es el sistema judicial federal de los Estados Unidos que la Constitución autorizó al gobierno federal a establecer cuando inicialmente se creó el gobierno federal.

Por lo tanto, cuando la Corte Suprema asumió jurisdicción sobre Guantánamo, tenía la obligación legal de declarar inconstitucional el sistema "judicial" del Pentágono en Cuba. Después de todo, si un alguacil local o la DEA establecieran un nuevo sistema "judicial" independiente para juzgar a los infractores de la guerra contra las drogas, los jueces federales no dudarían en declararlo ilegal bajo nuestra forma de gobierno. Pero este es el Pentágono con el que estamos tratando. La Corte Suprema sabe que el Pentágono permitirá que la rama judicial llegue tan lejos cuando se trata de interferir con sus operaciones.

En 1961, el presidente Eisenhower lanzó una dura advertencia al pueblo estadounidense. Dijo que el complejo industrial-militar, que, como él señaló, era una característica relativamente nueva en la vida estadounidense, representaba una grave amenaza para la libertad y los procesos democráticos del pueblo estadounidense. El campo de prisioneros, el centro de tortura y el sistema "judicial" del Pentágono en la Bahía de Guantánamo confirman cuán cierto estaba Eisenhower.

 

Author:

Jacob G. Hornberger

Jacob G. Hornberger is founder and president of The Future of Freedom Foundation.

Image source:
iStock

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