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Los confinamientos covid señalan el auge de las políticas públicas por rescate

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Etiquetas Ley

09/20/2021

La comentarista pública Amanda Marcotte está «incandescente de rabia» —sus palabras— con los que se niegan a vacunarse contra el covid-19.1 Quiere volver a su clase de spinning, y los no vacunados se lo están arruinando. Los cierres y otras restricciones en los gimnasios los han cerrado o han exigido el enmascaramiento durante las sesiones de entrenamiento, y el resultado es que Marcotte no puede disfrutar de su clase de spinning en el gimnasio, por lo que ha tenido que cancelarla y hacer ejercicio en casa. A la hora de atribuir la culpa de esta situación, es inequívoca: «Al negarse a hacer lo correcto, los no vacunados están privando de libertad y elección a todos los demás estadounidenses que se vacunaron. Nos quedamos impotentes viendo cómo se acumulan las restricciones y se disipan nuestras libertades, todo para proteger a los que no se protegen».

Esta afirmación es indicativa de un fenómeno relativamente nuevo en los comentarios públicos, que es un apoyo general al aumento de lo que yo llamo «política pública por rescate». La política pública por rescate se produce cuando un gobierno impone un requisito de comportamiento a los individuos y lo hace cumplir castigando al público en general en conjunto hasta que se alcanza un nivel estipulado de cumplimiento. El método se basa en miembros del público y comentaristas públicos —como Marcotte— que atribuirán la culpa de estas consecuencias negativas a los ciudadanos recalcitrantes que no adoptan los comportamientos preferidos por la clase gobernante. En la weltanschauung que sustenta este tipo de gobernanza, las reacciones del gobierno a los comportamientos del público están «metafísicamente dadas» y se tratan como un mero epifenómeno de las acciones de los miembros individuales del público que se atreven a comportarse de una manera que no gusta a las autoridades públicas.

Es importante señalar que el fenómeno de las políticas públicas por rescate no debe confundirse con la mera ocurrencia de acciones públicas condicionadas de buena fe emprendidas por el gobierno. No hay nada intrínsecamente malo en que los gobiernos formen sus políticas condicionadas al comportamiento del público, y que cambien las políticas cuando el comportamiento del público cambia. De hecho, las políticas públicas sobre pandemias y vacunación deben estar claramente informadas por el comportamiento del público en relación con esos temas: los gobiernos deben tomar decisiones sobre las restricciones propuestas para las pandemias y estas decisiones deben estar informadas por factores relevantes.2 Si bien hay margen para una discusión legítima sobre las restricciones reactivas a los no vacunados o a los que no tienen máscara, lo que ha surgido como un modo de pensamiento ominoso en esta atmósfera es la atribución reflexiva de la culpa a los miembros recalcitrantes del público por cualquier consecuencia negativa posterior impuesta al público por las políticas gubernamentales. Si el gobierno decide imponer una consecuencia negativa al público -incluso condicionada al comportamiento del público-, esa consecuencia es una política elegida por el gobierno y debe considerarse como una elección política.

Hay dos signos principales de diagnóstico que indican cuándo el modo de gobernar ha ido más allá de la formulación de políticas condicionales legítimas y ha entrado en el ámbito de las políticas públicas por encargo. El primer signo es cuando hay pruebas de que la formulación de políticas está motivada por el deseo de castigar el incumplimiento de las prescripciones de comportamiento por sí mismo, en lugar de optimizar la respuesta al problema en cuestión. Por ejemplo, en una reciente reunión del gabinete de ministros israelíes, el ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, fue grabado (antes de la reunión) explicando a sus colegas ministros que, aunque ciertas restricciones a la circulación de personas carecían de una buena base epidemiológica o de salud pública, ayudarían no obstante a incentivar a la gente a vacunarse para aliviar las restricciones públicas.3 La segunda señal se produce cuando los gobiernos (y los comentaristas públicos relacionados con ellos) animan al público a considerar sus propias respuestas políticas a los comportamientos como inmutables y, por tanto, a considerar a los miembros individuales del público como responsables causales de los impactos negativos de las políticas gubernamentales. Este tipo de pensamiento ominoso está presente en muchos comentaristas públicos, que consideran las restricciones impuestas por los gobiernos como una consecuencia inevitable del comportamiento público. La periodista Celia Wexler afirma que los escépticos de las vacunas del covid están «arruinando la vuelta a la normalidad», y su reacción emocional es algo similar a la de Marcotte. Dice que «los expertos recomiendan utilizar las habilidades blandas de la escucha y la empatía para persuadir a los que se resisten a vacunarse. Pero, en cambio, nuestros corazones se están endureciendo. Cada día somos más los que apoyamos los mandatos y las sanciones».4 (Obsérvese aquí la actitud de algunos comentaristas que se presentan como modelos de tolerancia: para estas personas, escuchar y empatizar son deseables, pero sólo como medio para manipular el comportamiento; del mismo modo, los mandatos y las sanciones son indeseables, pero deben ser el resultado final si las personas no se ajustan al comportamiento deseado por decisión propia; de este modo, las personas se autocomplacen como modelos de tolerancia y caridad, incluso mientras defienden el odio y los mandatos contra aquellos a los que pretenden coaccionar).

Por supuesto, algunos lectores pueden opinar que, aunque suene un poco desagradable, un poco de política pública de exigir rescate es un expediente necesario para hacer frente a un importante problema de salud pública, incluso si significa pisotear algunas de las normas y sutilezas de la gobernanza en condiciones ideales. Si se acepta la política pública de exigir rescate bajo este punto de vista expeditivo, vale la pena observar que si se acepta este método general de gobierno, en principio, permite a los gobiernos imponer cualquier mandato de comportamiento que deseen al público y atribuir cualquier consecuencia negativa a los miembros del público que no cumplan. Dado que los gobiernos controlan la consecuencia impuesta del incumplimiento, tienen una capacidad ilimitada para suavizar o reforzar las consecuencias negativas impuestas al público en general. Por estas razones, este modo de gobierno puede considerarse como una forma ideal de empezar a instalar un «sistema de crédito social» impuesto por el gobierno. Varios artículos han destacado el uso de la respuesta a la pandemia del covid-19 para reforzar el sistema de crédito social existente en China,5 pero otros también han señalado que dicho sistema está surgiendo rápidamente en el mundo occidental.6

Un aspecto político y jurídico interesante de la política pública por rescate es que degenera el estado de derecho y pasa por alto el requisito legal ordinario de ordenar o prohibir comportamientos públicos explícitamente por medio de la legislación o la regulación (con las diversas salvaguardias que conlleva este proceso). Con el enfoque de la política pública por rescate, para imponer sus mandatos preferidos los gobiernos sólo tienen que utilizar los amplios poderes reguladores (existentes) para abrir o cerrar partes de la sociedad sobre una base ad hoc, de acuerdo con su propia evaluación del cumplimiento del comportamiento; los comentaristas públicos airados y los demagogos de los medios sociales hacen el resto, y nace una forma de comportamiento público obligatorio de facto. Bajo este modo de gobierno, la rueda de prensa se convierte en la nueva legislatura, las palabras de los ministros y sus portavoces de relaciones públicas se convierten en las nuevas leyes del país, y la Twitteresfera y los medios de comunicación se unen a la policía como adjuntos de la nueva policía.

Un aspecto secundario de la política pública por rescate que es digno de mención es que tiene notables paralelismos con ciertos modos conocidos de justificación de la violencia doméstica. «¡Mira lo que me has hecho hacer!» se convierte en el enfoque explicativo de los funcionarios públicos interrogados sobre las opciones de política pública, mientras los ciudadanos se quedan acobardados en una esquina con moratones. Quizás la similitud más llamativa entre estos dos fenómenos es que ambos implican la atribución de la responsabilidad causal al comportamiento inicial que hace que los que tienen el poder respondan con la coacción, por lo que la culpa de los resultados negativos no recae en los que imponen esos resultados, sino en los que los provocaron. «¡Si no tienes la cena en la mesa cuando llegue a casa, me volveré loco contigo y con los niños, y será tu culpa

Los críticos de este análisis presumiblemente responderán que los paralelos que estoy destacando aquí no son análogos a las circunstancias actuales, ya que las consecuencias negativas impuestas por los cierres, los mandatos de mascarilla, etc., son todos auténticos requisitos epidemiológicos y de salud pública para hacer frente a las consecuencias del comportamiento público. Pero, por supuesto, esa es precisamente la cuestión en cuestión, y es precisamente aquí donde se identifican claros ejemplos de política pública por rescate. Como ya se ha comentado, en Israel, el ministro de Sanidad ha admitido más o menos ante sus colegas que varios aspectos del sistema de «tarjeta verde» impuesto por el gobierno no son justificables por motivos epidemiológicos, sino que son útiles como medio de control social e «incentivación» de los no vacunados. Esta es la naturaleza de la política pública por rescate: la imposición de resultados negativos a la sociedad por su propio bien, como medio de control social.

Todos estos aspectos de la política pública por encargo son desarrollos ominosos en el pensamiento de los comentaristas. Es probable que algunos no hayan reflexionado del todo sobre las implicaciones de este modo de gobierno, y el poder ilimitado de coerción que conlleva para hacer avanzar cualquier programa de comportamiento preferido por el gobierno de turno. Como experimento mental, es instructivo considerar cómo podrían reaccionar algunos de estos comentaristas públicos ante la siguiente circunstancia. Supongamos que un gobierno religioso conservador, que lamenta la pérdida de normas culturales nacionalistas y religiosas en su país, decide imponer su preferencia de comportamiento de que todos los estudiantes y trabajadores del país comiencen su jornada saludando a la bandera (del país en el que se encuentren) y jurando homenaje a Dios en su reunión/asamblea matutina. Para fomentar este impulso conductual, imponen simultáneamente una política de prohibición del funcionamiento de restaurantes, bares y teatros públicos, hasta que puedan verificar el cumplimiento del 80% de su preferencia conductual. Es fácil imaginar el tipo de justificación política que acompañaría a esta política, por ejemplo, que el funcionamiento continuado de los espacios sociales públicos representa un peligro para la sociedad a menos que los ciudadanos mantengan una buena moral pública para fortalecer la nación. ¿Cómo podrían reaccionar nuestros comentaristas públicos de alto nivel en tal caso? ¿Lamentarían que sus «corazones se endurezcan» por aquellos que se niegan a cumplir? ¿Estarían «incandescentes de rabia» ante los que «se niegan a hacer lo correcto»? ¿Se quejarían de los revoltosos que se niegan a hacer las invocaciones nacionalistas/religiosas requeridas y que, por tanto, arruinan la sociedad para el resto de nosotros? Por supuesto, hacer estas preguntas es responderlas: no lo harían, porque el suyo es un enfoque puramente mercenario, y no comparten los objetivos de comportamiento en este caso hipotético.

Al igual que las pandemias anteriores, uno espera que la pandemia de covid-19 disminuya, ya sea a través de la vacunación, la inmunidad natural de los rebaños o alguna suerte exógena. ¿Qué aspecto tendrá nuestra sociedad cuando esto ocurra? ¿Volveremos a la normalidad? ¿Conservarán nuestro público y nuestros comentaristas algún instinto residual de respeto a la autonomía del individuo? ¿Habrá degenerado tanto nuestro modo de gobierno que se ha vuelto aceptable que las autoridades públicas mantengan a los ciudadanos como rehenes? Sólo el tiempo —y las acciones de los individuos que respetan las libertades personales— lo dirán.

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Dr. Ben O’Neill is a statistician and economist.

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