¿Podría Texas dar paso a un enfoque singularmente descentralizado de la inmigración?
El gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha embarcado recientemente en una iniciativa política única para que el gobierno estatal lidere la política de inmigración. No es ningún secreto que las conversaciones sobre inmigración evocan poderosas emociones en ambos bandos—otro indicio de los elevados niveles de polarización presentes en Estados Unidos.
Como he mencionado anteriormente, el actual nivel de fricción en Washington DC ha impedido efectivamente que se apruebe una reforma integral—ya sea el aborto, el control de las armas, la asistencia sanitaria, etc.—por cualquiera de los dos lados del pasillo. Casos similares de bloqueo se han extendido a cualquier tipo de reforma de la inmigración, lo que ha motivado a los estados a construir sus propias agendas de inmigración.
Perturbados por la percibida inacción del gobierno federal en materia de inmigración, varios gobiernos estatales conservadores presentaron demandas contra el gobierno de Biden por su decisión de revertir las políticas de inmigración de la era Trump, como la construcción de un muro fronterizo y la política de Permanecer en México (una política que obligaba a los solicitantes de asilo de Centroamérica a permanecer en México mientras esperaban que los tribunales de inmigración americanos procesaran sus casos de asilo).
En una línea similar, Texas ha avanzado de forma proactiva en sus planes para finalizar la construcción de su propio muro con fines de control fronterizo. El gobierno de Abbott ha liderado la iniciativa de que Texas asuma una función que tradicionalmente se ha considerado de dominio del gobierno federal. Curiosamente, el plan del gobierno de Abbott para terminar la construcción del muro parece ser moderado cuando se yuxtapone a algunos de los aspirantes al gobernador en funciones en las primarias para gobernador de 2022. A saber, el ex senador estatal Don Huffines y el ex representante americano Allen West.
La plataforma de campaña de Huffine se centra en que Texas «asegure su frontera». El ex senador de Texas es de la opinión de que sólo Texas, y no el gobierno federal, es capaz de hacer el trabajo. Huffines dice que activará la Guardia Nacional, las fuerzas militares de Texas y otros cuerpos de seguridad del estado para apuntalar las defensas fronterizas.
Lo que llama la atención en la política de inmigración de Huffine es cómo reconoce que los estados manejaron la inmigración «bajo su propia autoridad en virtud de la Constitución de Estados Unidos». Sin embargo, desde finales del siglo XIX, el gobierno federal, especialmente los tribunales, han hecho intentos de federalizar totalmente el control de las fronteras. Huffines promete que el gobierno del estado de Texas tomará el control de la frontera estatal independientemente de lo que digan los tribunales federales.
Del mismo modo, la plataforma de la campaña para gobernador de West pide la movilización y el despliegue de la Guardia Nacional de Texas y la Guardia Estatal de Texas para aumentar los controles fronterizos. West también ha comprendido que es probable que el gobierno federal no haga ningún esfuerzo significativo para reforzar la seguridad fronteriza a corto plazo, por lo que su campaña se ha propuesto que el gobierno del estado de Texas sea el principal impulsor de la política de inmigración. Según su plataforma de campaña, West quiere establecer una agencia de la Patrulla Fronteriza de Texas con autoridad para detener y expulsar a los extranjeros ilegales de Texas.
Las propuestas que West y Huffines han presentado son quizás extrañas para la persona media que sigue la política. Tiene sentido si se observa cómo han sido socializados políticamente a través de su educación. A la mayoría de los americanos se les ha hecho creer que la inmigración es un asunto exclusivamente federal. Esto les parecería extraño a los americanos del siglo XIX. Hasta 1876, cuando el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Chy Lung contra Freeman que la inmigración es una responsabilidad federal, los estados gozaban de una considerable autonomía a la hora de elaborar sus propias restricciones a la inmigración o la ausencia de ellas.
En un artículo anterior, Ryan McMaken llamó la atención sobre el hecho de que los estados y las localidades tenían la capacidad de expulsar a los inmigrantes en función de sus rasgos deseables o indeseables. Estos últimos rasgos—incapacidad para trabajar, tener deficiencias mentales, ser más propensos a cometer actos delictivos o correr el riesgo de acabar en el paro—podían ser motivo de expulsión.
Las normas de inmigración en Estados Unidos funcionaron así hasta la década de 1880, cuando el gobierno nacional empezó a usurpar las funciones tradicionales de los gobiernos estatales en materia de aplicación de la ley de inmigración. Aunque esta transición de la aplicación estatal a la federal fue de carácter gradual, y los estados siguieron colaborando con el gobierno federal. No fue hasta el siglo XX—marcado por el dominio absoluto del gobierno federal en casi todas las facetas de la vida humana—cuando el gobierno federal monopolizó totalmente la aplicación de la ley de inmigración.
Las plataformas de inmigración de Huffines y West expresan un cierto grado de realismo político, en el que reconocen la incapacidad del gobierno federal para formar un consenso sobre cómo abordar la cuestión de la inmigración.
Muchos estados se están dando cuenta de que el gobierno federal no va a aprobar ninguna reforma monumental—ya sea la restricción de la inmigración para la derecha o la sanidad universal para la izquierda progresista. Los partidarios más acérrimos de la política simplemente tendrán que asumir la realidad de que, en muchos casos, sus deseos ideológicos sólo pueden hacerse realidad en estados que comparten sus perfiles culturales e ideológicos.
Lo que estamos comenzando a ver es lo que recientemente he bautizado como guetoización política, en la que los estados se especializan en aprobar leyes que los activistas más fervientes de la izquierda y la derecha, respectivamente, no pueden promulgar a nivel federal. En lugar de lamentar lo roto que está el gobierno federal, los activistas políticos de todas las tendencias deberían abrir nuevos caminos haciendo que sus gobiernos estatales hagan realidad sus deseos legislativos que no pueden conseguir en el Capitolio.
Estamos viviendo una época en la que la gente presta más atención a los comisionados de su condado, a los consejos escolares, a los ayuntamientos y a la legislatura estatal. La revolución de la descentralización podría llegar si la gente opta por buscar soluciones políticas creativas en su propio territorio, en lugar de acudir reflexivamente a la circunscripción para encontrar respuestas a sus problemas.
Esta es una oportunidad que los americanos no deberían dejar pasar.
