El plan de la empresa japonesa Nippon Steel de comprar US Steel estaba destinado a provocar una fuerte reacción de los nacionalistas económicos de izquierdas y de derechas. Después de todo, US Steel fue en su día la mayor empresa del mundo y la primera en valorarse en más de un billón de dólares. US Steel era, por tanto, un símbolo del dominio económico de América. Así que no fue sorprendente que la compra de US Steel por parte de Nippon Steel fuera bloqueada tanto por el gobierno de Biden como por el de Trump. Fue decepcionante —sobre todo porque Nippon Steel planeaba invertir miles de millones en modernizar las instalaciones de US Steel.
La semana pasada, el presidente Trump elogió el acuerdo con algunas condiciones añadidas. Una de las principales condiciones es que el gobierno de los EEUU recibirá una «acción de oro» en US Steel. Esto permitirá al gobierno anular cualquier decisión comercial tomada por la administración de la compañía si el gobierno determina que la decisión comercial amenaza la «seguridad nacional». Este poder podría utilizarse para impedir que US Steel exporte acero a determinados países, así como para exigir a US Steel que dé prioridad a la producción para el ejército y otros organismos gubernamentales. También podría utilizarse para interferir en las relaciones obrero-patrón basándose en la idea de que un conflicto laboral puede interrumpir la producción y perjudicar así la seguridad nacional. De hecho, casi no hay decisión que la dirección de US Steel pueda tomar que no pueda etiquetarse como relacionada con la «seguridad nacional».
Los partidarios de la «acción de oro» han olvidado (o nunca han aprendido) las lecciones de los fracasos de permitir que políticos y burócratas dirijan empresas privadas. Cuando el gobierno adquiere una participación total o parcial en la propiedad de una empresa, el resultado es que las decisiones se toman en función de consideraciones políticas en lugar de tratar de mejorar la productividad y los beneficios de la empresa. Esto hace que la empresa pierda dinero, con el consiguiente despido de trabajadores, a menos que el gobierno intente encubrir los fracasos con subvenciones. También distorsiona las señales enviadas a otros agentes del mercado a través del sistema de precios porque la empresa gestionada por el gobierno está asignando recursos basándose en consideraciones distintas a su uso más eficiente.
Este no es el único caso en el que la administración Trump perjudica a la economía interfiriendo en las empresas. Fannie Mae y Freddie Mac, las empresas patrocinadas por el gobierno creadas para apoyar el mercado de la vivienda, pronto podrían salir a bolsa. El presidente Trump ha declarado que, no obstante, el gobierno seguiría garantizando los préstamos hipotecarios respaldados por Fannie y Freddie. Esto provocará un exceso de inversión en vivienda, ya que los inversores solo ven una ventaja en invertir en Fannie y Freddie, puesto que el gobierno rescatará a Fannie y Freddie si pierden dinero, mientras que los inversores se quedarán con los lucros. El resultado será una burbuja inmobiliaria, seguida de un colapso inmobiliario que puede ser peor que el que Fannie y Freddie —junto con la Reserva Federal— ayudaron a causar en 2008. Una vez más, el presidente Trump y sus asesores no han aprendido de la historia.
La intervención del gobierno en las empresas puede promoverse como un intento de proteger la seguridad nacional, o de proteger a las «grandes empresas americanas» de ser absorbidas por empresas extranjeras, o de hacer posible el sueño americano de ser propietario de una vivienda para todos los americanos, o de lograr una miríada de otros objetivos que pueden sonar bien en la campaña electoral. Sin embargo, el resultado será el estancamiento económico, las recesiones o incluso las depresiones. Para garantizar una economía fuerte, el gobierno puede quitarse de en medio. Una política de gobierno limitado, mercados libres, libre comercio, paz y dinero sólido es el camino hacia la prosperidad.
