Cuando mis amigos y yo aterrizamos en Santa Cruz, en las Islas Vírgenes de EEUU (USVI), en el verano de 2023, supusimos que desplazarnos sería pan comido. Al fin y1 al cabo, es un territorio de EEUU. Nos sorprendió desagradablemente descubrir que no era así. En lugar de eso —demasiado jóvenes para alquilar un coche— nos encontramos con que no había aplicaciones para compartir coche (Uber, Lyft, etc.) y sólo nos quedaba un puñado de taxis sucios, caros, de dudosa seguridad y lentos en llegar.
El gobierno ha cedido el control de los servicios de transporte en las islas a un cártel de taxistas con licencia, que abusan al máximo de este privilegio.
El cártel de taxi
Los precios eran de 20 dólares por persona, aparentemente no negociables, independientemente de la distancia, y sólo aceptaban dinero en efectivo. Desde el aeropuerto hasta nuestro Airbnb sólo había unos pocos kilómetros, pero aun así nos costó la asombrosa cifra de 140 dólares el trayecto de ida de quince minutos para los siete. Para colmo de males, nuestro conductor era antipático, conducía de forma bastante temeraria y se negó a parar en una tienda de comestibles cercana sin cobrarnos 20 dólares más.
Pronto decidí preguntar a los lugareños sobre posibles alternativas. Fue entonces cuando descubrí un lucrativo servicio de taxis en el mercado negro. Una mujer que regentaba una tienda de regalos junto a la playa me entregó discretamente una sencilla tarjeta de visita. Me dijo que llamara al número y lo mantuviera en secreto. (Nota: por respeto a la privacidad y a la legislación, omito el nombre real del proveedor sin licencia mencionado en este artículo).
Cuando pregunté a un camarero local por estos servicios ilícitos, me dijo que el cártel del taxi se tomaba muy en serio a estos competidores, señalando ominosamente hacia el océano y diciendo «[los taxistas sin licencia] podrían acabar muertos en el agua». Aunque puede que sea una exageración, al gobierno y a sus compinches de la isla no les gusta nada la competencia, sobre todo cuando ofrece un servicio más barato y de mayor calidad.
Mi experiencia es algo más que un simple contratiempo en el transporte —es una consecuencia directa del poder monopolístico otorgado por el Estado, donde normativas como la fijación de precios y la concesión de licencias ahogan la competencia y crean servicios artificialmente caros y de baja calidad, beneficiando sólo a los compinches y a los reguladores a expensas de todos los demás.
El sector del taxi en las Islas Vírgenes se rige por un estricto régimen proteccionista. Las tarifas máximas las fija el gobierno o, más concretamente, la Comisión de Taxis; sin embargo, muchos conductores parecen ignorarlas en favor de una tarifa de 20 dólares por persona, sólo en efectivo, independientemente de la distancia. La aplicación de estas políticas es aparentemente inexistente.
Los taxistas también deben obtener una licencia para operar legalmente. Cada año sólo se subastan al mejor postor diez nuevos medallones, que pueden revenderse al cabo de tres años, lo que provoca una escasez artificial de taxis en las islas y unos precios altísimos para los que consiguen hacerse con uno. Todos los ingresos de la venta inicial van a parar, por supuesto, a la Comisión del Taxi —un fraude evidente y perjudicial.
¿Sin medallón? Nada de viajes compartidos —sin excepciones. Los esfuerzos por introducir estas alternativas más asequibles se han topado con una fuerte resistencia por parte de quienes se benefician de las regulaciones clientelares. Pero los empresarios están contraatacando —y ganando.
La revuelta empresarial
Según Rothbard:
...la mayor parte del «crimen organizado» no se produce como invasiones de personas y propiedades... sino como intentos de eludir las prohibiciones gubernamentales para satisfacer los deseos de consumidores y productores por igual de forma más eficiente...
Cuando llamé al número que me dio el comerciante local, nos recogieron a mis amigos y a mí en diez minutos. El coche estaba más limpio, el conductor era más amable y cobraba exactamente la mitad que los taxistas autorizados por el Estado. ¿La única diferencia? No tenía la licencia de la Comisión de Taxis. Acabamos utilizando este servicio de ventanilla durante el resto de nuestro viaje. Pero resulta que no son los únicos que desafían al cártel del taxi.
VI Hail, —una empresa local de viajes compartidos— basados en aplicaciones, ha comenzado a operar públicamente a pesar de la ilegalidad de la empresa y le está yendo bastante bien. A diferencia del arraigado cártel del taxi, VI Hail y otros proveedores de servicios menos manifiestos ofrecen viajes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, funciones de seguridad mejoradas, más comodidad y precios más bajos.
El gobierno de las Islas Vírgenes no tardó en abrir una investigación sobre las actividades de la empresa:
Si VI Hail o cualquier otra empresa opera sin la debida licencia, tomaremos las medidas oportunas para que cumplan la normativa y adoptaremos las medidas legales que correspondan.
Estas medidas legales incluyen multas, órdenes de cese y otras acciones reguladoras destinadas a garantizar el cumplimiento de las políticas de la Comisión del Taxi. Cuando se le preguntó por estas posibles repercusiones, el fundador de VI Hail, Clyde Daisley, se mantuvo firme y declaró:
Sé que pueden venir a buscarme. Pagaré la multa... Puede que en algún momento me caiga un requerimiento judicial, lo cual está bien. Todo el mundo lo sabe. No oculto esto... Todos saben lo que intentamos hacer.
VI Hail ha lanzado una petición (archivada el 21 de mayo de 2025) en la que pide al gobierno de las Islas Vírgenes de los EEUU que legalice sus operaciones y otras similares, y el apoyo público a sus esfuerzos es cada vez mayor.
Mientras tanto, VI Hail (y presumiblemente otros más discretos) siguen operando frente a las amenazas del gobierno de las Islas Vírgenes. Si mantienen su impulso, es probable que subvierta el actual régimen del taxi en favor de un mercado de servicios de transporte que no beneficie a la Comisión del Taxi y sus compinches, sino a los consumidores y conductores por igual.
La lección
El cártel de taxis de las Islas Vírgenes y la respuesta empresarial son un ejemplo de lo que los economistas austriacos llevan décadas diciéndonos: la regulación bajo la fachada de «protección del público» siempre beneficia a unos pocos —los reguladores y sus compinches— en detrimento de la sociedad en general. Como dice Mises
El experto ineficiente siempre aspirará a la supremacía burocrática. Es plenamente consciente de que no puede tener éxito en un sistema competitivo. Para él, la burocratización total es un refugio. Equipado con el poder de una oficina, hará cumplir sus decisiones con la ayuda de la policía.
La oposición de la Comisión del Taxi a la libre competencia nace de su deseo de preservar el tinglado con el que prosperan a expensas de los consumidores, sabiendo que no pueden competir sólo por sus méritos con competidores superiores, más ávidos y que producen más valor.
Las normativas y políticas de la Comisión son una clase magistral de cómo malinterpretar (o directamente ignorar) la economía sólida, lo que permite extraer varias lecciones valiosas del análisis de dichas políticas:
Los requisitos de concesión de licencias y los controles de precios —en cualquier sector— dan lugar a una asignación incorrecta: escasez o excedente y bienes y servicios sobrevalorados o infravalorados. Esto se debe a la incapacidad de los burócratas para acceder a los valiosos datos del mercado, es decir, a las señales de precios. Mises lo expresa claramente: «Es sólo un sistema de andar a tientas en la oscuridad».
Por último, la idea de que la economía es un estado estático que debe preservarse en aras de la estabilidad carece de sentido. La economía es dinámica: cambia constantemente a medida que evolucionan las preferencias de los consumidores, la tecnología, el entorno exterior y la actividad empresarial. Intentar preservar las condiciones del pasado genera ineficacia y ahoga la innovación —en última instancia a expensas de todos los que no pertenecen a la clase políticamente preferida.
El cártel de taxis de las Islas Vírgenes de EEUU es un microcosmos de una verdad económica más amplia: cuando el Estado suprime la competencia por cualquier medio, el resultado es un aumento de los costes, una disminución de la calidad y la protección de unos pocos privilegiados, a menos que los emprendedores logren darle la vuelta al guion.
