En las últimas semanas, ha habido una serie de noticias sobre el gobierno tomando medidas enérgicas contra agentes extranjeros que supuestamente trabajan para influir en las elecciones de 2024. En primer lugar, la comunidad de inteligencia vinculó al gobierno iraní con el pirateo de documentos de la campaña de Trump. Después, el gobierno federal incautó varios sitios web que, según afirma, estaban vinculados a una campaña rusa de desinformación, es decir, de difusión deliberada de información falsa.
La noticia más importante se produjo la semana pasada, cuando dos empleados de la organización mediática rusa RT —antigua Russia Today— fueron acusados por el presunto envío de casi 10 millones de dólares a una empresa de medios de comunicación online con sede en Tennessee. Las autoridades de EEUU afirman que el objetivo del plan era difundir mensajes del gobierno ruso en las redes sociales a través de personas influyentes conservadoras.
Tenet Media pagaba a algunos conocidos conservadores en línea —la mayoría de los cuales, según admite el Departamento de Justicia, no sabían de dónde procedía el dinero— para que produjeran contenidos para el canal de Tenet en YouTube. La acusación alega que los fundadores de Tenet, Lauren Chen y Liam Donovan, eran conscientes de que los rusos estaban proporcionando al menos parte de su financiación, pero todavía no se han presentado cargos formales contra ninguno de ellos.
El fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Christopher Wray hablaron sobre estos casos en una rueda de prensa el pasado miércoles. Y advirtieron sobre otras campañas encubiertas de influencia de los gobiernos ruso, iraní y chino que pretenden inclinar al electorado americano hacia los candidatos preferidos de sus regímenes.
Garland y Wray querían claramente transmitir que el DOJ y el FBI —su componente más prominente— se oponen totalmente a que los funcionarios del gobierno manipulen la opinión pública para servir a sus propios fines. Pero las acciones del DOJ, el FBI y la clase política en general pintan un panorama muy diferente.
Obviamente, nuestro gobierno lleva a cabo exactamente el tipo de campañas de influencia por las que demoniza a estos regímenes extranjeros aquí. Al igual que Rusia tiene RT, el gobierno de EEUU financia una serie de organizaciones de medios de comunicación, —como Radio Free Europe y Voz de América—que propagan la línea del partido de Washington en todo el mundo. El año pasado, la administradora de USAID de Biden, Samantha Power, incluso se alardeaba sobre el lanzamiento de organizaciones de noticias financiadas por el gobierno de EEUU en Hungría para, en sus palabras, ayudar a «construir medios de comunicación independientes».
Pero no se trata de que los funcionarios de nuestro gobierno se limiten a impulsar sus mensajes preferidos en el extranjero mientras protegen a los americanos de esfuerzos similares dirigidos contra nosotros. También están utilizando estas mismas técnicas de influencia contra el público americano.
La reciente revelación de la carta abierta del CEO de Meta, Mark Zuckerberg al representante Jim Jordan (republicano de Ohio) es un buen ejemplo.
En la carta, Zuckerberg relata cómo, en vísperas de las elecciones de 2020, el FBI advirtió a su empresa de que estuviera atenta a una «operación rusa de desinformación sobre la familia Biden y Burisma (la empresa de gas ucraniana que nombró consejero a Hunter Biden).»
Poco después, el New York Post publicó su ahora famosa historia en la que informaba sobre pruebas del tráfico de influencias de la familia Biden, obtenidas del portátil abandonado de Hunter Biden. Al concluir que se trataba de la operación de «desinformación rusa» sobre la que había advertido el FBI, Meta «degradó» la historia en Facebook, asegurándose de que pocos usuarios la encontraran.
Con todo lo que sabemos hoy, es difícil ver la conducta del gobierno federal en el otoño de 2020 como otra cosa que una operación de desinformación propia.
Según testimonio de Laura Dehmlow, Jefa de Sección del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI, los agentes del FBI encargados de advertir a las empresas de medios sociales sobre esta supuesta operación rusa de desinformación ya conocían el portátil de Hunter Biden y ya sabían que era auténtico y no desinformación. Después de todo, el FBI se había incautado del portátil el año anterior.
El FBI mintió a Facebook, Twitter y otros gigantes de las redes sociales durante meses, — incitándoles a enterrar la historia cuando finalmente salió a la luz. Después, tras la publicación del New York Post, el FBI guardó silencio. Se negaron a confirmar que el portátil fuera auténtico. Cinco días después, cincuenta y un ex funcionarios de «inteligencia» firmaron una carta abierta argumentando que el portátil era probablemente desinformación rusa. Eso permitió al resto de la clase política descartar la historia real como algo inventado por el Kremlin. La autenticidad del portátil acabaría confirmándose, pero no hasta mucho después de las elecciones de 2020.
Así que, según todos los indicios, el FBI difundió desinformación a las empresas americanas para ayudar al resto de la clase política a acallar una historia que perjudicaba al candidato que claramente les gustaba más. Una historia que ocho de cada diez americanos creen que le habría costado las elecciones a Joe Biden si el público hubiera sabido que era verdad el día de las elecciones.
Sin embargo, nadie en la clase política condena lo que hicieron el FBI y el Departamento de Justicia. Pueden decir que están en contra de la intromisión electoral, pero se contradicen con sus acciones. Nuestro gobierno no está tratando de protegernos de la desinformación. Están tratando de mantener un monopolio sobre ella.
