Los medios de comunicación occidentales pintaron un panorama optimista de la transición del sistema del apartheid en Sudáfrica. Sudáfrica fue ampliamente descrita como un país con un futuro prometedor y esperanzador. Lamentablemente, 35 años después, la realidad cuenta una historia diferente. El mediocre crecimiento económico ha provocado un retraso drástico del PIB per cápita. Sudáfrica, que antes tenía casi el doble del PIB per cápita medio de otros llamados «mercados emergentes», ahora se sitúa por debajo de su media.
A medida que la economía se estanca, la calidad de vida también ha disminuido según otros indicadores. Sudáfrica tiene una de las tasas de delitos violentos más altas del mundo, con una media de 75 asesinatos y 400 robos con agravantes cada día en 2024. Como el Estado no ha logrado proporcionar seguridad a la clase productiva de Sudáfrica, ha perdido gradualmente su monopolio sobre el sector de la seguridad. Las empresas privadas han intervenido para llenar los vacíos dejados por la fallida actuación policial del gobierno. Esto supone un interesante caso de estudio para los libertarios de todo el mundo, ya que los individuos sustituyen voluntariamente los servicios estatales por alternativas de mercado, al tiempo que tienen que defenderse de un Gobierno nacional moribundo que se aferra al poder que está perdiendo.
El aumento de los delitos violentos no debería sorprender. La economía de Sudáfrica se ha visto enormemente obstaculizada por la intervención estatal, con un 45 % de los sudafricanos dependientes de las ayudas sociales. El intervencionismo se ve agravado por su fuerte dinámica racial, ya que el gobierno ha señalado y atacado a los blancos mediante políticas como la confiscación de tierras. Estas medidas crean condiciones de incertidumbre política, lo que ahuyenta la inversión privada. Junto con este socialismo explícito y las promesas populistas de ayudas sociales, el partido gobernante ha incubado una cultura de victimismo. El partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC), sigue señalando a los blancos como la fuente de muchos de los problemas del país e insiste en que el racismo sigue siendo una de las principales causas de la desigualdad. Todo ello crea un incentivo para una cultura de parasitismo y violencia.
También hay que señalar que los aspectos exclusivamente negativos de la sociedad sudafricana no hacen más que agravar los problemas económicos ya existentes, que son inherentes a la policía estatal, es decir, que los organismos policiales estatales son, en todas las circunstancias, burocracias. Como tales, son incapaces de realizar cálculos económicos. Al igual que las economías totalmente socialistas son incapaces de realizar cálculos porque no existen precios de mercado para los insumos, las burocracias son incapaces de realizar cálculos porque no existe un mecanismo de pérdidas y ganancias que determine el mercado para sus productos. El Estado presta servicios que se pagan de forma coercitiva con los impuestos, sin tener en cuenta las señales de precios a las que deben responder las empresas del mercado. El resultado inevitable es una asignación excesiva o insuficiente de estos servicios, incluida la seguridad. Si bien en Sudáfrica esto se manifiesta en una epidemia de horribles asesinatos, los defectos fundamentales del monopolio del sector público afectan negativamente a todas las sociedades con policía gubernamental.
Es en este contexto en el que ha surgido la industria de la seguridad privada en Sudáfrica. La plantilla activa de seguridad privada es de aproximadamente 609 000 personas. Esto es significativamente mayor que el Servicio de Policía de Sudáfrica y la Fuerza de Defensa de Sudáfrica juntos. Aunque esto obviamente no ha sido suficiente para frenar el problema de la delincuencia violenta en el país, la seguridad privada ha marcado la diferencia y ha llegado a ser claramente preferida a la policía gubernamental en las comunidades que son lo suficientemente prósperas como para hacer uso de ella. En combinación con las comunidades cerradas, esto ha sido una fuerza importante para la descentralización, con la creación de bolsillos de civilización en un país que, por lo demás, está en decadencia.
Desde una perspectiva libertaria, este fenómeno es bastante interesante. Sudáfrica se ha convertido en un ejemplo real de cómo los servicios privados son preferidos a sus homólogos públicos. También ofrece un contraejemplo a la supuesta imposibilidad de la gobernanza privada. Contrariamente a las expectativas de los críticos estatistas, la cooperación y la estabilidad han surgido en el sector de la seguridad. Se han creado organizaciones como la Asociación de Seguridad de Sudáfrica (SASA) para proporcionar normas y gobernanza privadas, al tiempo que se defiende el sector. También ha surgido la colaboración, con ciudadanos y empresas de seguridad comunicándose sobre la delincuencia a través de WhatsApp.
La situación también tiene implicaciones interesantes para la estrategia libertaria. Si bien la delincuencia y la pobreza de Sudáfrica la hacen única, demuestra que el poder del Estado puede verse amenazado por la sustitución de los servicios públicos por la industria privada, especialmente en el importantísimo sector de la seguridad, que constituye la base de la existencia del Estado. Aprovechar las ineficiencias y las lagunas de los servicios de seguridad del gobierno puede proporcionar un vector de ataque a través del cual se puede debilitar al Estado, al tiempo que se hace a las comunidades más resistentes a la opresión estatal.
Los libertarios no son los únicos que comprenden el peligro que la seguridad privada puede suponer para el poder estatal. Los periodistas progresistas de Occidente, por ejemplo, han publicado artículos en los que denuncian a las empresas de seguridad como amenazas para la gobernanza democrática y motores de la desigualdad. Más significativo aún es que el gobierno nacional ha intentado recientemente tomar medidas drásticas. La Autoridad Reguladora del Sector de la Seguridad Privada (PSIRA) publicó en marzo de 2025 un proyecto de enmiendas que supondría una regulación excesiva del sector. La propuesta incluía restricciones vagas sobre la cantidad de munición y otras formas de control de armas, como la exigencia de una tecnología de rastreo de armas que actualmente no existe. Sin embargo, las regulaciones propuestas no están actualmente en vigor, tras la protesta masiva del sector.
Aunque es probable que se produzcan nuevos intentos de tomar medidas enérgicas en el futuro, la posición del Estado puede ser insostenible, ya que la mano de obra y la potencia de fuego del sector privado hacen imposible la coacción. Esta resistencia es quizás el aspecto más interesante del sector. Aunque la ilusión de paz suele ser valiosa, los Estados siempre han persistido en mantener la violencia como carta de triunfo. La capacidad del Estado para imponer su voluntad es clave para mantener el control estatal, pero, debido al e e desarrollo de un sector de seguridad robusto y bien organizado, esa opción parece haber quedado descartada para el gobierno sudafricano.
La crisis de seguridad de Sudáfrica demuestra que, cuando el Estado no cumple su función más básica, la industria privada llena el vacío. Es una prueba de que la descentralización, la innovación y la coordinación voluntaria pueden crear instituciones reales y funcionales donde el Estado ha fallado, y que estos éxitos refutan de forma fehaciente el mito de que solo el gobierno puede garantizar el orden. Aún más alentador es que se trata de un ejemplo de victoria del sector privado sobre un Estado que se aferra nerviosamente al poder, y una demostración de que, cuando las instituciones voluntarias tienen una fuerza cinética superior, se vuelven funcionalmente imposibles de regular. Sudáfrica es un país desesperado, y gran parte de este desarrollo no sería posible ni deseable en el primer mundo, donde la demanda de seguridad es menor. En cualquier caso, debemos ser conscientes de que, en casos de fracaso del Estado, existen valiosas oportunidades que aprovechar.
