El derecho a la propiedad se considera un derecho humano fundamental, reconocido en todo el mundo, como se recoge en documentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre Históricamente está vinculado a los derechos naturales. La Declaración de los Derechos del Hombre consideraba la propiedad como «un derecho inviolable y sagrado».
Según Shane Courtland, Gerald Gaus y David Schmidtz, aunque los liberales clásicos coinciden en la importancia de la propiedad privada, sus puntos de vista van desde los casi anarquistas hasta los que abogan por una participación significativa del Estado. No obstante, los derechos de propiedad suelen considerarse derechos de primera generación, destinados a limitar el poder del Estado y a proteger a los individuos de la expropiación.
Por el contrario, la aparición del Estado social ha llevado a una relativización de los derechos individuales en favor de supuestos derechos colectivos, con el objetivo de la llamada «justicia social». Este cambio significa que, aunque los derechos de propiedad sigan siendo «fundamentales», ahora están sujetos a numerosas limitaciones y condiciones, disminuyendo su carácter absoluto. Las constituciones modernas, como la brasileña en varios artículos reflejan estas restricciones, sugiriendo que la propiedad es ahora un derecho relativo y no absoluto.
Ejemplos del mundo real, como la baja puntuación de Brasil en el Índice de Libertad Económica en relación con los derechos de propiedad y las restricciones legales a la propiedad —calificada como «reprimida», con una puntuación de 49,1 sobre 100— ilustran estas limitaciones. Cuestiones como expropiación de tierras sin la debida compensación en Brasil e incluso la Orden Ejecutiva 6102 en los EEUU demuestran aún más las limitaciones impuestas a los derechos de propiedad.
Los activos monetarios como expresión de la propiedad
Los metales preciosos y otras mercancías desempeñaron un papel importante en la evolución del dinero, ya que el uso de bienes de gran demanda facilitó la aparición de medios de intercambio, como explicó Carl Menger. El auge de los intermediarios financieros contribuyó a la universalización de los métodos de intercambio. Con el tiempo, los Estados empezaron a controlar el dinero, estableciendo regulaciones y creando moneda. El abandono definitivo del patrón oro en los EEUU en 1971 marcó el paso al dinero fiduciario, respaldado únicamente por la confianza política.
Fernando Ulrich señala que durante mucho tiempo se ha restringido la elección de moneda por parte de los individuos, que se han visto obligados a utilizar dinero emitido por el Estado que a menudo está devaluado. Friedrich von Hayek criticó a los gobiernos por no proporcionar dinero sano y abusar de sus poderes cuando no estaban limitados por el patrón oro. En cualquier caso, dadas sus ventajas como medio de cambio, el dinero sigue siendo una expresión primordial de los derechos de propiedad, que otorga a sus titulares un poder significativo sobre otros activos del mercado, tanto en el presente como a lo largo del tiempo, como afirmaba Menger.
Desventajas de la moneda controlada por el Estado
Friedrich von Hayek argumentó que la política monetaria es una causa importante de inestabilidad económica, señalando que la gestión de las finanzas públicas y la regulación de la moneda son a menudo objetivos contradictorios. La combinación de estas tareas bajo la misma autoridad ha tenido consecuencias desastrosas, convirtiendo la moneda en el principal motor de las fluctuaciones económicas y facilitando un gasto público incontrolado. Hayek insiste en la urgencia de separar las políticas fiscal y monetaria para preservar el funcionamiento de la economía de mercado y la libertad individual.
Otro problema del monopolio estatal sobre la moneda es la erosión del control individual sobre el dinero. La regulación estatal puede imponer restricciones al uso de la moneda. Hayek advierte que el control gubernamental sobre la moneda internacional y el movimiento de capitales amenaza tanto a la economía global como a la libertad personal. Casos históricos, como la confiscación de los ahorros individuales en Brasil o la confiscación del oro en los EEUU, ejemplifican estos riesgos. Saifedean Ammous vincula los problemas de la moneda fiduciaria a la relativización de los derechos de propiedad, afirmando que los individuos nunca controlan totalmente el dinero del Estado; simplemente lo poseen a discreción del gobierno.
Bitcoin y su impacto en el ordenamiento jurídico contemporáneo
El paso del patrón oro a la moneda fiduciaria ha permitido la emisión monetaria y el endeudamiento estatales sin control. Friedrich von Hayek argumentó que, aunque el control histórico del dinero por parte del Estado parecía justificado, ha dado lugar a problemas importantes, como prácticas monopolísticas que limitan las opciones del consumidor.
Los recientes avances tecnológicos, en particular la aparición de Bitcoin y su sistema blockchain, desafían este monopolio al permitir la creación de «monedas privadas», haciendo realidad la propuesta de Hayek. Bitcoin funciona como un activo digital que no depende del control estatal ni de ningún tipo de control centralizado y ofrece a los particulares un medio para gestionar sus activos financieros sin intermediarios.
Bitcoin es un activo digital escaso, ya que existe únicamente dentro de su blockchain, lo que impide el doble gasto. Su suministro está regulado por una red descentralizada (con miles de nodos en todo el mundo que también son responsables de la integridad de la red), lo que garantiza que no pueda manipularse como la moneda fiduciaria. Bitcoin puede servir como depósito de valor, y su aceptación en el mercado refuerza su utilidad como dinero.
Las transacciones pueden realizarse de igual a igual (P2P) o a través de intercambios, aunque estos últimos introducen intermediarios, lo que socava ligeramente uno de los principios básicos de Bitcoin. Sin embargo, los usuarios pueden transferir sus tenencias a monederos privados para recuperar ese control directo.
En ese sentido, Bitcoin proporciona propiedad y control absolutos sobre los activos, encarnando la forma más pura de los derechos de propiedad. Funciona independientemente del respaldo estatal, lo que permite a los individuos utilizarlo como dinero independientemente de las definiciones oficiales de moneda. La verdadera libertad económica requiere la capacidad de negociar sobre la base de términos mutuamente acordados sin el monopolio gubernamental sobre la emisión de moneda.
Conclusión
La naturaleza descentralizada de Bitcoin, almacenada a través de una red global, aumenta su independencia de la autoridad estatal, reafirmando los derechos de propiedad clásicos. La aparición de Bitcoin y su estructura blockchain revitaliza los derechos de propiedad, proporcionando un punto crucial de resistencia contra las repetidas violaciones y relativizaciones de estos derechos, acercándolos a su concepto clásico de ser inviolables.
