Jamaica se encuentra actualmente inmersa en un proceso de reforma constitucional, un proceso que se considera un momento decisivo en la historia de la isla. Gran parte del debate público se ha centrado en dos propuestas: el deseo de convertirse en una república y la sustitución del Comité Judicial del Consejo Privado de Londres por la Corte de Justicia del Caribe como corte de última instancia. Estas ideas se están promoviendo con gran fanfarria, pero están impulsadas más por el sentimiento que por un razonamiento sensato. Son producto de la retórica anticolonialista, más que de un compromiso serio con los principios que deben guiar una constitución moderna.
La obsesión por «romper los lazos» con la Gran Bretaña no es un plan para el desarrollo nacional, sino un ejercicio de resentimiento histórico. Los políticos hablan del republicanismo como si sustituir al gobernador general por un jefe de Estado jamaicano fuera a transformar la gobernanza. En realidad, Jamaica ya disfruta de plena autoridad legislativa y ejecutiva. La monarquía no tiene influencia real sobre las decisiones del Parlamento, el Gabinete o las cortes. Cambiar el título del jefe de Estado no hace que la nación sea más libre o más próspera; simplemente alimenta la creencia de que la política identitaria puede sustituir a una reforma significativa.
Lo mismo se aplica a la campaña a favor de la Corte de Justicia del Caribe. Los defensores presentan la CCJ como un motivo de orgullo regional, argumentando que es ofensivo para los jamaicanos buscar justicia en Londres. Sin embargo, el Consejo Privado es uno de los órganos judiciales más respetados del mundo. Sus fallos tienen un peso que va mucho más allá de la Commonwealth, sus jueces son conocidos en todo el mundo y sus tradiciones se remontan a siglos atrás. Los inversores, los gobiernos extranjeros y las empresas internacionales consideran al Consejo Privado como un garante de estabilidad e imparcialidad. La CCJ, por el contrario, es prácticamente desconocida fuera del Caribe y su autoridad se limita a un pequeño grupo de Estados. Por lo tanto, sustituir al Consejo Privado por la CCJ no es un paso adelante, sino un paso hacia el provincialismo, que debilita la credibilidad de Jamaica en la economía mundial.
La retórica anticolonialista puede entusiasmar a políticos y académicos, pero es una distracción. La independencia no se mide por símbolos ni por cortar los lazos ceremoniales con Gran Bretaña. La independencia se mide por la capacidad de los ciudadanos para vivir libremente, poseer propiedades, comerciar y prosperar sin interferencias arbitrarias del Estado. La reforma constitucional de Jamaica no logrará nada si sigue complaciendo la política del resentimiento en lugar de construir el marco para la libertad.
El verdadero camino a seguir consiste en integrar la libertad económica en el orden constitucional de Jamaica. La libertad económica es la base de la prosperidad. Las naciones que protegen constitucionalmente la propiedad, los contratos y la empresa obtienen sistemáticamente mejores resultados que las que no lo hacen. Suiza es uno de los ejemplos más claros. El artículo 27 de la Constitución suiza garantiza la libertad económica, incluido el derecho a elegir la profesión y a dedicarse a la empresa privada. El artículo 94 exige a la Confederación y a los cantones que respeten este principio y creen condiciones favorables para el sector privado. Esto garantiza que el Gobierno no pueda interferir arbitrariamente en la actividad económica y que las restricciones a la empresa deban estar estrictamente justificadas.
Los Estados Unidos también demuestra cómo las garantías constitucionales pueden salvaguardar la libertad económica. Aunque carece de una cláusula única sobre libertad económica, su Constitución ofrece sólidas garantías a través de varias disposiciones. La cláusula de expropiación impide que se confisque la propiedad sin compensación, mientras que la cláusula de contratos prohíbe a los estados que menoscaben los contratos. El federalismo en sí mismo limita la extralimitación del gobierno al descentralizar la autoridad y dejar los fundamentos de la propiedad y los contratos en manos de la legislación estatal. Como señala John Harrison, la Constitución de EEUU protege la libertad económica de manera indirecta al reconocer la propiedad y los contratos como derechos preexistentes y, a continuación, impedir que el gobierno federal los vulnere.
Estos modelos ofrecen lecciones para Jamaica. En lugar de discutir sobre si mantener el Consejo Privado o sustituirlo por la CCJ, Jamaica debería redactar disposiciones constitucionales que garanticen los derechos de propiedad, la libertad contractual y el derecho a emprender. Dichas disposiciones tranquilizarían a los inversores, fomentarían la innovación y limitarían la tendencia destructiva de los gobiernos a regular en exceso o expropiar. En la práctica, esto significaría consagrar garantías de que no se puede expropiar ninguna propiedad sin una indemnización completa, que los contratos no pueden verse afectados retroactivamente y que las personas son libres de ejercer cualquier oficio o profesión lícitos.
Estas reformas contribuirían más a la independencia de Jamaica que la adopción de una república o el abandono del Consejo Privado. Liberarían al individuo de la mano arbitraria del Estado, fomentarían el espíritu emprendedor y atraerían la inversión internacional. Alejarían a la nación de una política basada en la nostalgia y el resentimiento y la acercarían a un orden constitucional basado en la libertad y la prosperidad.
La política de descolonización se ha convertido en un obstáculo para pensar con claridad. Fomenta la ilusión de que los problemas de Jamaica son culpa persistente de Gran Bretaña, en lugar de ser el resultado de sus propios fracasos políticos. La realidad es que los retos de Jamaica —crecimiento limitado, corrupción e instituciones débiles— son autoinfligidos. Ningún cambio ceremonial en la jefatura del Estado o en el tribunal de apelación los resolverá. Solo lo harán las protecciones constitucionales de la libertad económica.
Jamaica tiene una oportunidad única para reformar su constitución. Lo trágico es que sus líderes parecen decididos a desperdiciarla en cambios simbólicos que no tienen ningún efecto práctico. La obsesión con el republicanismo y la Corte de Justicia del Caribe es una postura sentimental, no una reforma seria. Si Jamaica desea construir un futuro próspero, debe abandonar la teatralidad de la política anticolonialista y seguir el ejemplo de las naciones que han hecho de la libertad económica su fundamento constitucional. Suiza y los Estados Unidos han demostrado que la prosperidad proviene de la protección de la propiedad, los contratos y la empresa, no de la reescritura de los símbolos de la soberanía.
