Como siempre ocurre, el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTU) dominó el ciclo mediático durante varios días antes y después. Ahora que el periodo ha pasado (agradecidamente), y los temas planteados se han desvanecido de los titulares a un segundo plano, merece la pena echar un vistazo a algunas de las políticas que ocuparon un lugar destacado en el discurso de Biden, y que han resurgido para ponerse tan de moda tanto entre demócratas como republicanos.
Concretamente, el proteccionismo.
De hecho, con prácticamente los únicos momentos de aplauso bipartidista durante el SOTU de Biden después de los predecibles elogios a las grandes virtudes morales de «Buying American», el proteccionismo generalizado por Trump parece que va a continuar.
¿Cómo van estos esfuerzos?
Además, ¿por qué la clase dirigente, empresarial y política se ha subido de repente al carro, como demuestra la adopción generalizada de Biden?
Empecemos por esto último: ¿por qué, si la opinión pública americana lleva más de treinta años mostrándose entre tibia y reacia a los llamados acuerdos de «libre comercio», la élite de ambos partidos se ha decidido por fin?
Por ejemplo, mientras hablaba la otra noche, vinculando la pérdida de «orgullo y autoestima» de la nación a «la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera», ignorando la dudosa relación causal, uno debe preguntarse, como partidario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del aumento del comercio con China, si Joe Biden está realmente senil, es estúpido o cree que somos estúpidos.
Dejando a un lado las elecciones políticamente oportunistas de los redactores de discursos de Biden, y la falta general de compromiso con unos principios firmes, que más que ninguna otra cosa ha definido la carrera de seis décadas de Biden como político, una confluencia de otros factores se han combinado para ver cómo se cede esencialmente el campo a los proteccionistas de ambos partidos y a sus respectivos grupos de interés.
En primer lugar, el abandono por parte de Hillary Clinton de su propio acuerdo de libre comercio, la Asociación Transpacífico, camino de perder la Casa Blanca, demostró que la resistencia política interna era cada vez más costosa de superar.
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la estrategia de canjear puestos de trabajo en la industria manufacturera americana por ventajas geoestratégicas estaba empezando a ir en sentido contrario; primero el covid y luego la invasión rusa de Ucrania provocaron una escasez masiva de suministros y pusieron de manifiesto puntos débiles críticos en las intrincadas redes de productores interrelacionados del capitalismo mundial. Preparándose para la siguiente ronda de conflictos entre grandes potencias, Washington se sintió avergonzado al ver que su propia base industrial había disminuido considerablemente y los estrategas se subieron al carro del proteccionismo en nombre de la seguridad nacional, de ahí la Ley CHIPS.
Desde un punto de vista crítico, los mayores defensores históricos del libre comercio, las grandes empresas, han estado en gran medida ausentes del terreno de juego. Francamente, muchos en el mundo empresarial han experimentado un cambio de mentalidad con respecto a China: aunque era agradable aumentar los márgenes de beneficio deslocalizando fábricas para aprovechar el ahorro de costes que suponía una mano de obra más barata y unas normas medioambientales menos estrictas, el verdadero premio siempre fue el acceso abierto al mercado interior chino.
Al igual que los imperialistas británicos de mediados del siglo XIX, que soñaban despiertos con que los fabricantes británicos vendieran a cada uno de los mil millones de habitantes de China una «mera pulgada cuadrada» de tela de Lancaster, hicieron caso omiso del robo de propiedad intelectual y de las prácticas comerciales manifiestamente desleales para acceder a un mercado chino que, finalmente, se dieron cuenta de que nunca llegaría, al menos no en condiciones aceptables, ya que las empresas chinas, fuertemente subvencionadas, ya se habían asegurado el dominio de su mercado nacional fabricando réplicas de productos occidentales.
Con el consenso del libre comercio abandonado por la comunidad empresarial, la carrera entre los grupos de interés para hacer cola en el comedero público siempre iba a comenzar en serio. Dado que los grupos de interés pequeños, poderosos y coordinados pueden fácilmente dar forma a la legislación para gravar a la masa de votantes descoordinados y desinformados, no es de extrañar que se haya acumulado más bienestar corporativo de lo habitual en proyectos de ley «emblemáticos» como la llamada Ley de Reducción de la Inflación.
Por otra parte, aunque su nombre puede haber engañado a una parte significativa de la audiencia nacional, la aprobación de la Ley causó suficiente consternación como para ser uno de los temas principales de la visita de Emmanuel Macron a Washington el año pasado.
Hay que dar crédito a los europeos, que reconocen las subvenciones cuando las ven.
Y mientras los europeos se quejan de que sus vendedores se enfrentan a una ventaja injusta, los consumidores de los EEUU son los que realmente pagan el impuesto (invisible), que resulta del mayor poder de mercado de las empresas nacionales protegidas.
De hecho, un comercio más libre producirá precios más bajos y más bienes que acuerdos similares más autárquicos, en los que las prioridades del Estado y las redes de clientelismo de amiguetes importan más que los precios y la demanda reales.
Por supuesto, el TLCAN y acuerdos similares no son acuerdos de «libre comercio» en ningún sentido real. Un verdadero acuerdo de libre comercio cabría en una servilleta de bar: no diría aranceles, ni subvenciones, ni cuotas, etc. Aunque el TLCAN, el mercado común de la UE y el Acuerdo General y Progresista de Asociación Transpacífico pretenden estandarizar ciertas normativas e impuestos para facilitar el comercio entre empresas privadas dentro de cada Estado participante, los acuerdos tienen miles de páginas precisamente porque también incluyen mucha protección para los favoritos políticos (pensemos en los agricultores EEUU y franceses).
Sin embargo, el uso del comercio para complacer a los electores políticos nacionales ha dado paso cada vez más a la militarización del comercio en nombre de la ventaja geopolítica. Por ejemplo, la guerra comercial de Trump con China se ha llevado a la vanguardia tecnológica, con la administración Biden tratando de impedir que China fabrique o tenga acceso a los microchips de alta calidad necesarios para la tecnología informática y militar más avanzada.
Y mientras la administración Biden ha pregonado su aumento de la presión sobre los gobiernos de Estados ostensiblemente independientes, como Holanda y el Reino Unido, para impedir o bloquear las acciones de las empresas privadas nacionales que se atrevan a hacer negocios con sus homólogos chinos en estos productos críticos, los observadores americanos deben tener en cuenta dos cosas: En primer lugar, China ha tomado nota y se ha opuesto en la Organización Mundial del Comercio a la drástica escalada de Washington de su guerra comercial existente; y en segundo lugar, y que en la era digital tratar de cortar a China su suministro de microchips de alta calidad es el equivalente funcional de cortar a Japón de los años 30 sus recursos petrolíferos y minerales.
Aparte de la naturaleza peligrosa e intimidatoria de tales tácticas, y de sus efectos negativos en las relaciones entre EEUU y China y en el poder blando americano, ese aparente poder para redistribuir y reorganizar la realidad a voluntad por decreto gubernamental produce en la realidad resultados poco impresionantes.
Por ejemplo, aunque los comentarios de Biden en la SOTU cayeron en suelo nacional fértil, sus mandatos de «Buy American» ya están teniendo problemas. Al parecer, según el Washington Post, nadie se molestó en comprobar si alguien fabricaba un determinado producto o pieza antes de ordenar que ningún proyecto pudiera seguir adelante sin comprar el factor de producción necesario al (inexistente) productor nacional.
Aunque el Estado pueda mandar, como entidad no productiva que es, debe confiar en que los participantes en el mercado se adapten al nuevo entorno de mercado provocado por el cambio brusco de la política estatal. La inversión, la construcción de fábricas y la formación requieren tiempo. Aparte del coste de oportunidad, la repentina distorsión del mercado por parte del gobierno puede causar dolores de cabeza incluso a los que se benefician. Ampliar la capacidad para satisfacer el repentino aumento de la demanda podría resultar desastroso si, después de todo, esa demanda se retirara.
En la práctica, sin embargo, una vez instaurados, los beneficios concentrados y los costes difusos de estos derechos corporativos los hacen extremadamente difíciles de erradicar. Crean sus propios grupos de interés, cuya propia existencia a su vez se basa en la existencia continuada de la apropiación en cuestión. En el caso de aquellas industrias y sectores relacionados con la búsqueda por parte de Washington de un conflicto de grandes potencias con Rusia y China, crean un incentivo perverso por el que un cese de las hostilidades supondría un gran golpe para los accionistas: de ahí su patrocinio de los «think tanks» cuyos expertos piden regularmente más y más gasto militar para contrarrestar las falsas amenazas de dominación mundial china y rusa.
El lenguaje es importante y los americanos deberían entender que los llamamientos de Washington a la deslocalización, al «friend shore», al «Buy American» y a la protección de los productores nacionales no se deben a un deseo repentino de promover el bienestar del trabajador o productor manufacturero americano medio. Cualquiera que sea su apariencia política, estas políticas autárquicas pretenden fomentar el poder del Estado y aislar a la población americana de las posibles perturbaciones de la economía derivadas de la búsqueda de conflictos en el extranjero por parte de Washington.
Di que no.
