Ludwig von Mises fue un liberal clásico estricto que consideraba al Estado como un instrumento necesario, aunque peligroso, para proteger la cooperación social. Es famoso por haber utilizado la metáfora tradicional del «Estado vigilante nocturno». Consideraba que cualquier impuesto que fuera más allá de financiar el mínimo absoluto necesario para proteger a los ciudadanos de la violencia, el robo y el fraude constituía una extracción forzada de la vida y el esfuerzo de una persona. Este sigue siendo un concepto fundamental que sustenta la crítica de la Escuela Austriaca de Economía al Estado intervencionista.
Esta perspectiva sostiene que, cuando el Estado grava tus ingresos para financiar programas sociales, subsidios o infraestructura pública, en realidad está apropiándose de los frutos de tu tiempo y energía. Dado que te ves obligado a dedicar una parte de tu día a objetivos que no elegiste, esta corriente de pensamiento considera que los impuestos redistributivos o expansivos, en palabras del filósofo Robert Nozick en Anarquía, Estado y utopía, equivalen, literalmente, a un robo de trabajo.
A lo largo de los años, como nación, hemos desplazado todo el debate sobre la propiedad del trabajo de cada uno hacia la forma en que se distribuye la carga tributaria. Rara vez consideramos la legitimidad de los impuestos, sino solo la «equidad de la recaudación». Hoy en día, la política dominante pasa por alto por completo la cuestión ética fundamental de los derechos de propiedad y, al hacerlo, trata la propiedad del Estado sobre la producción individual como un hecho, convirtiendo una cuestión de principio de gran importancia en una mera disputa contable.
Al defender que se les quite más a los más productivos, los defensores de la reforma fiscal progresiva sostienen que el sentimiento que los motiva no es la envidia, sino un sentido de injusticia. Afirman, con pruebas débiles —si es que las hay—, que los seres humanos tienen una «aversión a la desigualdad» documentada: una reacción biológica contra los sistemas en los que las reglas parecen aplicarse de manera diferente a los distintos participantes.
Los críticos de la reforma fiscal progresiva sostienen que centrarse en la «brecha» entre ricos y pobres, en lugar de en el nivel de vida absoluto, es una forma de envidia maliciosa. Según este punto de vista, el objetivo no es ayudar a los pobres, sino penalizar a quienes tienen éxito. En la literatura económica, destacados críticos sostienen que los modelos teóricos utilizados para justificar esta «aversión a la desigualdad» son fundamentalmente defectuosos, argumentando que la teoría de la aversión a la desigualdad carece de un verdadero explicativo y se basa en modelos tautológicos e hiperparametrizados que confunden la envidia humana básica con una preferencia inherente por la equidad. Además, las investigaciones psicológicas y conductuales demuestran que, cuando las personas exigen resultados iguales en condiciones de esfuerzo desigual, sus motivos no se alinean con las intuiciones populares sobre la equidad, sino que tienen su origen en la envidia.
El enfoque político en las tasas impositivas genera lo que los pensadores de las tradiciones austriaca y de la elección pública reconocen como una «ilusión democrática». Debido a que el código tributario es debatido, enmendado y votado por representantes electos, la sociedad considera que el resultado es un consenso. Sin embargo, cambiar la mecánica de la exacción no altera su naturaleza. Ya sea que el Estado recaude el 10 por ciento o el 50 por ciento, y ya sea que lo haga mediante una escala plana o progresiva, la violación fundamental persiste: la elección individual es reemplazada por un dictado colectivo.
Al centrarse en los mecanismos de la política fiscal, la sociedad moderna evita la incómoda conclusión de que cualquier mecanismo de financiamiento convierte una parte del trabajo del ciudadano en servidumbre para el Estado. Como han argumentado históricamente los estudiosos del liberalismo clásico y de la teoría de la elección pública, este marco se basa en una profunda ilusión democrática en la que los procedimientos mayoritarios enmascaran la erosión sistemática de la libertad individual y los derechos de propiedad privada bajo el pretexto del consentimiento popular.
La expresión «parte justa» es uno de los términos más utilizados, pero a la vez peor definidos, en economía. Dependiendo de la perspectiva filosófica que se aplique, lo que constituye una carga tributaria «justa» pasa drásticamente de ser un problema matemático sobre la utilidad social a una cuestión fundamental de derecho moral. En última instancia, el hecho de que alguien pague su «parte justa» depende de si uno valora la igualdad de resultados, la igualdad de trato o la soberanía individual.
Los economistas del libre mercado y de la elección pública suelen señalar que los datos desmienten sistemáticamente la retórica popular sobre el código tributario, demostrando que el término «parte justa» funciona como un recurso retórico increíblemente vago que enmascara la naturaleza compleja y altamente progresiva de los sistemas actuales de impuestos y transferencias, al tiempo que ignora las distorsiones económicas causadas por una elevada extracción marginal.
Desde el punto de vista de la Escuela Austriaca, el clamor político por «gravar a los ricos» es, en esencia, un problema moral disfrazado de política fiscal, que funciona como una manifestación institucionalizada de la envidia. Los economistas de esta tradición sostienen que la tributación progresiva aleja al Estado de una infraestructura protectora y lo transforma en un motor de redistribución forzada.
En lugar de buscar elevar el nivel de vida absoluto de los más pobres, los sistemas tributarios progresivos se centran exclusivamente en reducir la brecha relativa entre las personas, lo que en la práctica penaliza el éxito empresarial y la productividad superior. Al presentar la creación de riqueza como una injusticia inherente, las políticas intervencionistas utilizan los sistemas políticos mayoritarios como arma para alimentar el resentimiento de clase y el deseo de obtener algo a cambio de nada. En última instancia, los austriacos sostienen que envolver estas políticas en el lenguaje de la «justicia» es una cortina de humo retórica; la motivación subyacente sigue siendo una envidia antisocial que busca destruir o confiscar la propiedad de quienes tienen éxito, incluso cuando hacerlo inflige un grave daño económico a la sociedad en su conjunto al asignar mal el capital y sofocar la capacidad natural del mercado para generar riqueza.
Aumentar los impuestos no resolverá nada. Debemos empezar a tratar el erario público como un fideicomiso finito, en lugar de como un «pozo sin fondo» al servicio de la conveniencia política. La verdadera vitalidad económica no puede ser diseñada mediante un código tributario, ni la prosperidad puede ser sostenida por un Estado que absorbe continuamente el capital productivo de sus ciudadanos trabajadores para financiar su propia expansión y los estilos de vida de los menos motivados. Una reforma real requiere que el gobierno federal gaste menos y cobre menos impuestos, y que reduzca fundamentalmente el alcance de la intervención del Estado a sus límites constitucionales. Al retirar los fondos del aparato burocrático y dejar el capital donde se gana, desmantelamos el ciclo de la mala inversión institucional y permitimos que funcione el orden espontáneo del libre mercado.
Los americanos no logran definir los problemas de la nación cuando afirman que se trata de un problema de ingresos o de gasto. Lo que tenemos es un problema moral. El motor del gobierno, caracterizado por una tributación agresiva y un gasto descontrolado, sigue sin freno, porque se alimenta de una envidia silenciosa que paraliza a la población. Para muchos, el deseo de ver a los ricos humillados supera el costo de su propia libertad, lo que convierte a los americanos en dependientes voluntarios de un Estado que promete dádivas a cambio de silencio. Es un pacto peligroso nacido de la envidia: una sociedad dispuesta a tolerar su propia ruina económica siempre y cuando se le prometa una parte de la fortuna de otra persona de forma gratuita. La gran paradoja de que el Estado se aproveche de la envidia es que en realidad nunca satisface ese sentimiento; simplemente cambia quién detenta el privilegio.
