Brasil vuelve a dar una lección que los economistas no deberían tener que volver a aprender: un gobierno no puede comprar la prosperidad impulsando la demanda hoy y dejando que la producción, el ahorro y la inversión paguen la factura mañana. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se muestra públicamente frustrado por los altos tipos de interés, pero las cifras cuentan una historia más sencilla. Los propios datos del Banco Central de Brasil muestran que las expectativas de inflación se mantienen por encima del objetivo, la tasa de interés oficial sigue siendo alto y los riesgos fiscales siguen siendo una de las principales preocupaciones del mercado. La clase política quiere crédito más barato; la economía se pregunta quién lo pagará.
El contexto inmediato no deja lugar a dudas. La encuesta Focus del Banco Central, del 15 de mayo de 2026, situaba la inflación prevista para 2026 en el 4,92 %, el crecimiento previsto del PIB en solo el 1,85 % y la tasa Selic prevista en el 13,25 % para finales de año. También mostraba un déficit nominal previsto del 8,5 % del PIB y una deuda pública neta cercana al 69,9 % del PIB. Este no es el perfil de una economía asfixiada por un banco central cruelmente ortodoxo. Es el perfil de un Estado que gasta y promete demasiado, y luego se queja cuando el precio del tiempo sube.
La situación se aclara al examinar el calendario electoral. Según un informe de Broadcast/Estadao basado en las estimaciones de BTG Pactual, el gobierno de Lula ha anunciado unas medidas de estímulo por valor de aproximadamente 140 000 millones de reales, ya en vigor o en fase de implementación, entre las que se incluyen desgravaciones fiscales, líneas de crédito subvencionadas, créditos para la vivienda, renegociación de la deuda y ayudas energéticas para familias con bajos ingresos. Muchas de estas medidas se describen como parafiscales, lo que significa que pueden no afectar directamente a la partida presupuestaria primaria. Sin embargo, siguen inyectando poder adquisitivo y crédito en la economía. La política monetaria debe entonces reaccionar ante la presión que ha creado la política.
Este es el argumento central de la escuela austriaca, incluso cuando se evita la jerga. Las tasa de interés no son solo un inconveniente administrativo; coordinan las preferencias temporales. Indican a los empresarios, los hogares y los prestamistas cuánto consumo presente se está sacrificando en aras de la producción futura. Cuando el Estado amplía el crédito o la renta disponible por motivos políticos, intenta acortar el horizonte temporal de la sociedad por decreto. Anima a los votantes a consumir ahora, a los políticos a atribuirse el mérito ahora y a las empresas a interpretar la demanda temporal como si fuera una demanda sostenible.
Por eso, las quejas contra los altos tipos de interés están fuera de lugar. Si la política fiscal y el crédito dirigido por el Estado aumentan la demanda a corto plazo, mientras que la oferta sigue lastrada por los impuestos, las obligaciones reglamentarias, la regulación y la incertidumbre jurídica, unos tipos más bajos no generarían capital real. En su mayor parte, no harían más que validar una ilusión política. El resultado sería el típico ciclo brasileño: un repunte del consumo, presión sobre la inflación de los servicios, una prima de riesgo cambiario más débil, una política monetaria más restrictiva y, a continuación, otro debate sobre por qué no se ha producido el crecimiento.
El Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central refuerza esta idea. En él se señala que la actividad interna se ralentizó según lo previsto, que el crédito a la economía real se desaceleró debido a las condiciones financieras restrictivas y que los participantes en el mercado siguen citando el riesgo fiscal como una de las principales preocupaciones para la estabilidad financiera. También advierte de que el servicio de la deuda de los hogares sigue siendo históricamente alto y va en aumento. En pocas palabras, a la economía brasileña no le falta generosidad política, sino las condiciones que permiten a las personas acumular capital, asumir riesgos, contratar trabajadores e invertir a largo plazo.
Aquí es donde la economía política de Brasil se diferencia de un ajuste de mercado normal. En un mercado, las pérdidas castigan las malas decisiones. En la política brasileña, los incentivos erróneos suelen refinanciarse, subvencionarse o convertirse en nuevos derechos adquiridos. El votante ve un beneficio. El político ve índices de popularidad. El Tesoro ve reclamaciones futuras. El banco central ve expectativas de inflación. El empresario ve incertidumbre. El coste final se paga mediante una menor inversión, tipos de interés más altos, impuestos, inflación o todo ello en conjunto.
Los lectores internacionales deben comprender que el problema de Brasil no es la falta de ambición por parte del Estado. Desde la Constitución de 1988, el país ha construido una amplia estructura de Estado del bienestar antes de convertirse en una sociedad rica capaz de financiarla. Ese diseño generó una presión política permanente para aumentar el gasto, ampliar las prestaciones, indexar las obligaciones, subvencionar el crédito y judicializar las reclamaciones sobre los recursos públicos. En lugar de construir primero una economía de alta productividad y alto ahorro, Brasil constitucionalizó una gran demanda de redistribución y luego intentó extraer la riqueza necesaria de una base productiva relativamente frágil.
El resultado institucional se refleja en las comparaciones entre países. El Índice de Libertad Económica de 2026 otorga a Brasil una puntuación de 52,4 y lo sitúa en el puesto 134 del mundo. Eso no es un destino cultural, es el resultado de las políticas. Brasil grava con fuertes impuestos, regula intensamente, litiga constantemente, protege estructuras ineficientes y luego se pregunta por qué el crecimiento decepciona. Por el contrario, la trayectoria postsocialista de Polonia, visible en los datos de crecimiento del Banco Mundial y en su mejor clasificación en libertad económica, muestra que los países que salen del control estatal pueden crecer más rápido cuando se permite que la privatización, los precios de mercado, la inversión extranjera y la creación de empresas reorganicen la producción.
La tragedia de Brasil es que su clase política sigue considerando el crecimiento como algo que puede invocarse mediante partidas presupuestarias y programas de crédito. Pero el crecimiento no es una ceremonia; es el resultado acumulativo del ahorro, la formación de capital, el espíritu emprendedor, la seguridad de la propiedad, la libre competencia y la confianza monetaria. Cuando los políticos inyectan poder adquisitivo temporal antes de unas elecciones, no están creando riqueza. Lo que hacen es adelantar la demanda en el tiempo y pedir al banco central, al contribuyente o a la moneda que absorban la contradicción más adelante.
Por lo tanto, la presión del gobierno de Lula sobre la política monetaria debería interpretarse menos como una disputa técnica y más como un conflicto entre el tiempo político y el tiempo económico. El tiempo político descuenta en gran medida el futuro. Busca el aplauso antes de la votación, traslada los costes fuera del presupuesto general siempre que es posible y califica cada nuevo programa como una inversión en la población. El tiempo económico es más implacable. Se pregunta si el dinero nuevo se corresponde con una nueva producción, si el crédito se corresponde con el ahorro real y si las promesas se corresponden con la capacidad fiscal futura.
Un programa de reformas serio iría en la dirección opuesta. Brasil necesita límites constitucionales al crecimiento del gasto obligatorio, el fin de los estímulos parafiscales encubiertos, menos canales de crédito subvencionado, una mayor protección de los derechos de propiedad y contractuales, una desregulación más amplia, impuestos más bajos y sencillos, y una cultura política que deje de tratar al banco central como el villano de los problemas creados por el populismo fiscal. El país también necesita menos centralización. Una federación que dejara más margen a los estados para competir en materia de impuestos, regulación, infraestructuras y servicios públicos generaría mejores incentivos que un sistema centralizado que extiende las malas políticas a todo el país.
La lección para los americanos y otros observadores extranjeros es sencilla. Brasil no está sufriendo porque tenga demasiada disciplina de mercado. Está sufriendo porque la disciplina de mercado llega tarde, después de que la política haya pasado años debilitando las señales que permiten la coordinación. La tasa Selic no es la enfermedad, es un síntoma. La enfermedad es la creencia de que el estímulo electoral puede sustituir a la acumulación de capital y que la compasión política puede suspender la escasez. Hasta que Brasil abandone esa ilusión, cada año electoral traerá consigo otra ronda de regalos a corto plazo, seguidos de la misma factura de siempre.
