Durante décadas, las democracias occidentales funcionaron bajo un cómodo consenso: la censura era un instrumento burdo reservado a los regímenes autoritarios, mientras que el «mundo libre» se basaba en el debate abierto, la disidencia firme y las garantías constitucionales. Este sentimiento les permitió a los líderes occidentales sentirse superiores al resto del mundo, dar lecciones a otros países sobre los principios democráticos y, en algunos casos, incluso invadirlos y bombardearlos para difundir estas ideas por la fuerza. En los últimos años, sin embargo, esa narrativa se ha derrumbado bajo el peso de su propia hipocresía.
Esto se debe a que, paso a paso y de manera silenciosa, se ha ido arraigando un nuevo paradigma de control de la libre expresión a través de una intrincada arquitectura de regulaciones, medidas de cumplimiento automatizadas en las plataformas y definiciones penales ampliadas. Por supuesto, este proceso se enmarca en el lenguaje suave e irreprochable de la reducción de daños: «seguridad digital», «lucha contra el discurso de odio» y «prevención de la radicalización en línea». Sin embargo, bajo este vocabulario protector se esconde una expansión sin precedentes del poder estatal.
Leyes orwellianas y los nuevos «delincuentes»
Europa se ha acelerado por un camino de regulación que trata la libertad de expresión en sí misma como un peligro que debe ser gestionado por el Estado y las empresas encargadas de hacer cumplir la ley. Esto se refleja claramente en las herramientas supranacionales del bloque para la supresión de la libre expresión. La Ley de Servicios Digitales (DSA) obliga a las plataformas en línea de gran tamaño (VLOP) a evaluar y mitigar los «riesgos sistémicos», y las plataformas deben actuar con rapidez ante las notificaciones de material ilegal o enfrentar multas de hasta el 6 por ciento de su facturación anual global. Los mandatos de evaluación de riesgos y los mecanismos de aplicación de la DSA fomentan un cumplimiento excesivo, lo que conduce a la censura colateral de expresiones legales pero controvertidas o impopulares. Esto se debe a que la DSA no solo abarca el contenido abiertamente ilegal, sino también la «desinformación» y «cualquier efecto negativo real o previsible sobre el discurso cívico y los procesos electorales». Por supuesto, se trata de términos intencionalmente vagos, ya que el discurso que tiene un «impacto negativo en el discurso público» puede ser, literalmente, cualquier cosa que no le guste al establishment.
El «Chat Control» (oficialmente, la normativa para prevenir el abuso sexual infantil) tiene una intención aún más invasiva. Las primeras versiones proponían un escaneo completo de los mensajes privados cifrados de extremo a extremo. Si bien el escaneo masivo obligatorio de los chats cifrados fue rechazado por el momento, las facultades de detección «voluntarias» siguen normalizando la vigilancia de las comunicaciones personales. Los defensores de la medida esgrimen argumentos de protección infantil; sin embargo, la ampliación de su alcance a otras categorías de contenido es inevitable y la ley es fundamentalmente incompatible con los derechos a la privacidad y a la libre expresión. La presunción de que todas las conversaciones digitales entre ciudadanos requieren una vigilancia proactiva por parte del Estado es una noción obscena que «protege a los ciudadanos» de la misma manera que lo hacía la Stasi.
Las autoridades europeas también han recurrido cada vez más a las leyes de sanciones económicas como herramienta de censura política. Este mes se sentó un precedente alarmante cuando el tribunal más alto de la UE, en el caso Traugott Ickeroth que las autoridades alemanas podían procesar penalmente a blogueros por compartir videoclips del canal ruso RT, financiado por el Estado, en un blog privado financiado con donaciones. Al clasificar la simple republicación de medios prohibidos como una «contribución» económica a una entidad sancionada, los tribunales europeos establecieron que la libre expresión puede ser criminalizada en virtud de las regulaciones comerciales. También resulta llamativo que existan leyes que prohíban los medios de comunicación en primer lugar, incluso si dichos medios son propaganda de otro país. Leyes como estas tratan a los ciudadanos como niños al limitar los mensajes a los que pueden estar expuestos e insultar su capacidad de pensamiento crítico. Pero, sobre todo, les impiden ver el otro lado de la propaganda de sus propias naciones.
Además, este no es, ni mucho menos, un caso aislado. Tal como informó Reason:
El cineasta turco-alemán Hüseyin Doğru fue el primer ciudadano europeo en territorio europeo en ser incluido en la lista de personas sujetas a las sanciones contra Rusia debido a sus declaraciones. El año pasado, las autoridades lo acusaron de contratar a propagandistas rusos y de difundir «información falsa sobre temas políticamente controvertidos con la intención de generar discordia étnica, política y religiosa». Doğru se vio imposibilitado de retirar más de 600 dólares al mes de su propia cuenta bancaria. El Banco Federal Alemán declaró que ofrecerle un empleo a Doğru o incluso un regalo violaría las sanciones, las cuales ahora se han extendido a su esposa, la periodista británica Lizzie Phelan.
Los distintos estados miembros van mucho más allá para restringir las expresiones que no les agradan. En Francia, un caso del que informó el Brussels Times pone de relieve el absurdo legal imperante. En 2011, durante su campaña electoral, el alcalde de Beaucaire, Julien Sánchez, publicó un mensaje en su página de Facebook sobre un oponente político. En los comentarios, un simpatizante publicó una respuesta:
Este hombre ha convertido a Nîmes en Argel. No hay una sola calle sin un local de kebab y una mezquita; los traficantes de drogas y las prostitutas reinan sin oposición, no es de extrañar que haya elegido Bruselas, capital del nuevo orden mundial de la sharia.
Algunos podrían calificar el comentario de mal gusto, incluso de ofensivo. Pero en ningún momento incita a la violencia ni pone directamente en peligro a nadie. Y aunque así fuera, no fue Sánchez quien lo escribió. Sin embargo, eso no le importó al tribunal francés, que condenó tanto al autor del comentario como al propio Sánchez por incitar al odio y a la violencia contra un grupo por motivos de origen étnico, raza y religión. Sánchez llevó el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, pero la sentencia se mantuvo, lo que significa que la ley del país establece ahora que cualquier persona que publique en redes sociales puede ser declarada culpable de incitar a la violencia, incluso si son otras personas las que hacen esos comentarios en su página.
Alemania es quizás el ejemplo más claro de cómo las leyes sobre la libre expresión pueden pasar de ser una regulación abstracta a llegar hasta las invasiones de domicilio. Según el artículo 188 del Código Penal alemán, insultar a figuras políticas conlleva sanciones penales más severas (hasta tres años de prisión). La aplicación práctica de esta ley llegó a niveles absurdos.
La policía realizó una redada en la casa de un hombre bávaro de 64 años y le confiscó sus dispositivos electrónicos después de que retuiteó un meme que satirizaba al vicecanciller Robert Habeck. El meme modificaba el logotipo del champú Schwarzkopf para que dijera «Schwachkopf Professional» («Idiota profesional»). Otro usuario de Internet fue investigado brevemente por la policía por llamar al canciller Merz «Pinocho» en Facebook, lo que llevó a un alto diplomático estadounidense a comparar la ley del país con el delito de lesa majestad. Los defensores de la ley afirman que su objetivo era proteger las instituciones democráticas al resguardar a los funcionarios públicos del acoso; sin embargo, esto plantea la pregunta: ¿por qué los funcionarios públicos necesitan protecciones adicionales contra el ridículo que el resto de nosotros no tenemos? En todo caso, dado que tienen el poder de gobernar las vidas de todos los demás, deberían estar sujetos a más escrutinio y burlas, no a menos.
Más allá de estos ejemplos absurdos, la ofensiva de Alemania contra la libre expresión ha tomado giros mucho más oscuros. Las autoridades han prohibido o dispersado violentamente, en repetidas ocasiones, manifestaciones a favor de Palestina. Han arrestado a manifestantes por sus consignas, banderas o símbolos, y los grupos de vigilancia han documentado cientos de incidentes de represión —incluidas palizas, detenciones y deportaciones— entre 2018 y 2026. A mediados de julio, la cámara alta de Alemania (Bundesrat) presentó un proyecto de ley que penaliza explícitamente la negación pública del derecho de Israel a existir y castiga a los infractores con multas o hasta cinco años de prisión. Si se aprueba en la cámara baja, Alemania se convertirá en la primera nación europea en prohibir este tipo específico de expresión. Curiosamente, la ley señala específicamente a Israel, lo que significa que está perfectamente bien negar el derecho a existir de cualquier otra nación.
En el Reino Unido, la situación es igualmente grave. Un informe de 2025 sobre la libre información presentado por The Times reveló que la policía británica realizó más de 12 000 detenciones solo en 2023 (lo que equivale a más de 30 detenciones al día) en virtud de la Ley de Comunicaciones de 2003 y la Ley de Comunicaciones Maliciosas de 1988; además, se constató que el número de detenciones anuales se había más que duplicado desde 2017. Las cifras se mantuvieron altas hasta 2024–2025, con decenas de miles de personas afectadas. Muchos de los casos se referían a retuits, memes o comentarios acalorados, más que a amenazas directas.
La más reciente Ley de Seguridad en Línea también es un claro ejemplo de la artimaña de la «protección». Promocionada como una medida de seguridad para los niños, impone a las plataformas un «deber de cuidado» que exige evaluaciones proactivas de riesgos y la rápida eliminación de contenido que pueda causar «daño físico o psicológico». Las plataformas también se enfrentan a multas enormes, o incluso a responsabilidad personal para los ejecutivos, lo que las empuja a pecar por exceso de censura. Un informe de The Telegraph reveló que 292 personas habían sido acusadas de difundir información falsa y «comunicaciones amenazantes» en virtud de la Ley de Seguridad en Línea desde el momento en que entró en vigor en 2023 hasta febrero de 2025.
Un futuro distópico por delante
Al calificar la censura como «seguridad», la vigilancia como «protección» y la conformidad política como «deber cívico», los Estados europeos han construido un sistema en el que la disidencia se patologiza y se criminaliza. Cuando insultar a un político puede desencadenar una redada policial en una vivienda privada, cuando el Estado vigila cada palabra que escribes en un mensaje a un amigo y cuando una protesta pública pacífica puede ser prohibida por decreto administrativo, la libre expresión está siendo desmantelada activamente por las mismas instituciones que juraron protegerla.
En realidad, no es de extrañar que los gobiernos estén atacando a Internet con tanta urgencia: los espacios digitales descentralizados representan una amenaza existencial para el poder estatal centralizado. Durante décadas, las narrativas sancionadas por el Estado y los monopolios de los medios tradicionales permitieron a los gobiernos mantener un cuasi-monopolio sobre la percepción pública. El Internet abierto rompió este modelo, ya que permitió a los ciudadanos comunicarse instantáneamente más allá de las fronteras, eludir los filtros institucionales y compartir información sin procesar y «sin censurar». Cuando las personas pueden expresarse libremente más allá de las fronteras, la propaganda estatal tradicional pierde su influencia, lo que convierte el control de Internet en el imperativo principal para el control político moderno.
