El gobierno de Florida está a punto de revocar los antiguos favores especiales que el estado concedió a Walt Disney Company hace casi cinco décadas. Hasta el jueves por la tarde, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Florida han votado a favor de poner fin al distrito especial de la megacorporación, que durante mucho tiempo ha permitido a Disney realizar actividades prohibidas a otros grupos privados e individuos en el estado. Se espera que el gobernador firme la legislación.
El inminente cambio de estatus se produce después de que altos representantes de Disney criticaran repetidamente al GOP de Florida —actualmente el partido gobernante en el estado— por una legislación no relacionada con los negocios de Disney. Tal vez no sea sorprendente que esto haya provocado que numerosos funcionarios del GOP cuestionen por qué Disney estaba recibiendo privilegios especiales que se niegan incluso a los competidores directos de Disney. En el pasado, el estatus especial de Disney estaba protegido de los peligros políticos, ya que Disney es famoso por haber colmado a los políticos del estado de regalos, dinero para la campaña y otros tipos de favores especiales que la gente normal identificaría como sobornos. De hecho, muchos de los mismos funcionarios electos que ahora votan a favor de derogar el estatus especial de Disney han aceptado tales «regalos» en el pasado. Pero, por la razón que sea, el panorama político ha cambiado lo suficiente en los últimos años como para que muchos responsables políticos piensen que ahora es más gratificante políticamente castigar a Disney que complacer sus caprichos.
La situación ha dado lugar a una extraña retórica política y a una serie de compañeros de cama. Ahora se acusa al Partido Republicano de ser «antinegocios», mientras que los Demócratas disidentes parecen haberse convertido de repente en capitalistas laissez-faire, pontificando sobre las virtudes de los bajos impuestos y dejando a las corporaciones que gestionen sus propios asuntos.
En última instancia, la relación Florida-Disney no tiene nada que ver con la eficiencia o la propiedad privada, y absolutamente nadie en el capitolio del estado ha considerado el modelo de Disney como un modelo que deba ponerse a disposición de los empresarios en general. El verdadero núcleo del acuerdo con Disney es aquel en el que una poderosa corporación y el Estado entablan una relación política mutuamente beneficiosa. Es un modelo antiguo. Los reyes de antaño también concedían monopolios y favores especiales a intereses particulares para solidificar lo que hoy llamamos «asociaciones público-privadas». Estos acuerdos ayudan a ganar aliados clave para el régimen entre las élites ricas.
Elección de una sola empresa para favorecer a otras
Para hacernos una idea de cómo funciona esto, veamos primero con más detalle de qué privilegios goza Disney en Florida. El distrito especial, llamado Reedy Creek, se estableció en 1967 y permite a la corporación Disney funcionar sin supervisión del gobierno local en su propiedad del tamaño de San Francisco, en las afueras de Orlando. El estatus especial significa que Disney puede emitir bonos exentos de impuestos y construir en el terreno sin tener que lidiar con ningún obstáculo del gobierno local para el desarrollo, como las leyes de zonificación. Los partidarios del conglomerado mundial suelen describir esta situación como una especie de favor a los contribuyentes. Por ejemplo, la CNBC enmarca el distrito especial como un acuerdo «establecido por la legislatura de Florida para que Disney pudiera desarrollar la infraestructura de Walt Disney World sin coste alguno para los contribuyentes de Florida». En realidad, por supuesto, esta infraestructura existe —y sólo existe— para canalizar a los clientes de pago hacia los parques temáticos de Disney. Sin embargo, sería absurdo esperar que los contribuyentes paguen por este tipo de desarrollo bajo cualquier circunstancia. Garantizar la construcción privada de infraestructuras no requiere una ley estatal especial redactada para Disney.
En el caso de Disney, es significativo que esta asociación público-privada excluya a la competencia de Disney y se aplique a una sola corporación. No es que otros propietarios privados puedan acceder a beneficios similares simplemente creando puestos de trabajo o haciendo lo que hace Disney. No, tales beneficios están reservados para Disney y sólo para Disney. Disney, por supuesto, está bien con este acuerdo y seguramente presionaría —y probablemente ya lo ha hecho— para evitar que cualquiera de sus competidores disfrute de un estatus similar. Al menos un legislador del Partido Republicano ha señalado esto al defender el nuevo proyecto de ley, indicando que a Universal, SeaWorld y Legoland no se les ha concedido -ni es probable que se les conceda- sus propios distritos especiales. Y estos tres parques son sólo los competidores existentes, que podrían reunir el capital necesario para competir con Disney en un terreno de juego desigual diseñado para favorecer a Disney. Es imposible saber cuántos otros locales de ocio y propietarios privados podrían haber existido también si Disney no hubiera eliminado todo el aire del mercado local con su acuerdo especial.
En consecuencia, Universal ha operado en desventaja durante toda su existencia en Orlando. A diferencia de Disney, Universal debe lidiar con las ordenanzas locales, las leyes de zonificación locales, y no puede disfrutar de los beneficios de los bonos libres de impuestos.
El control de Reedy Creek sobre su propia zonificación y códigos de construcción es la ventaja más importante que tiene Disney entre los destinos turísticos de Florida Central.
Por ejemplo, Universal Studios Florida. La planificación de USF comenzó a principios de los años 80, pero no fue hasta 1986 cuando se anunciaron oficialmente los planes para el parque. En lo que debió ser una notable coincidencia, Disney anunció sus planes para su propio parque temático en 1987.
Sin embargo, a pesar de que Universal llevaba una considerable ventaja a Disney, los Estudios Disney-MGM (ahora los Estudios Disney de Hollywood) abrieron primero en 1989. Universal Studios Florida no abrió sus puertas hasta 1990.
Es posible, por supuesto, que los planes de Disney avanzaran más rápidamente que los de Universal debido a una mejor gestión interna. Pero también es bastante plausible -incluso probable- que Disney haya podido impulsar su desarrollo a una velocidad mucho mayor que la de sus competidores debido a su estatus legal especial.
Una forma de mercantilismo moderno
No obstante, este tipo de acuerdos de amiguismo tiene sus defensores entre los activistas antifiscal y antirregulación. El argumento es que, como los impuestos y las regulaciones son malos, hay que apoyar los acuerdos especiales para un pequeño número de grupos o corporaciones selectas. Estas personas parecen creer que si se concede a Disney un acuerdo especial de distrito, los políticos estarán más inclinados a conceder acuerdos similares a otros muchos. Se trata de un pensamiento bastante ilusorio, por no decir otra cosa, y eso no está sobre la mesa en ningún estado.
De hecho, una ley de distritos especiales para Disney no fomenta ni mejora la libertad de los demás como lo haría una ley que declarara que «los hermanos y primos hermanos de los legisladores estatales estarán exentos de impuestos». Sin embargo, uno podría imaginar a ciertos libertarios diciendo: «Bueno, esto es una exención de impuestos, y ¿no deberíamos fomentar las exenciones de impuestos? La lógica dicta que debemos apoyar esta ley de «hermanos y primos»». En realidad, por supuesto, los privilegios legales para los amigos del régimen no nos hacen avanzar en la dirección de bajar los impuestos o ampliar el mercado. Es sólo un chanchullo a la vieja usanza.
En todo caso, estos acuerdos aumentan el poder del Estado, y por eso el mercantilismo —la filosofía económica del absolutismo— se basó en acuerdos fiscales especiales y en poderes de monopolio concedidos a determinadas empresas.1 Estos acuerdos son una forma de consolidar el apoyo de los intereses poderosos. La caída de Disney no tiene nada que ver con ningún principio general de limitación del poder estatal. Más bien, la caída en desgracia de Disney en Tallahassee está en la misma categoría que las intrigas palaciegas de antaño, en las que algún favorito del monarca cae en desgracia y se cancelan sus exenciones de los mandatos reales selectos, exenciones nunca disponibles para la gente común.
En los tiempos modernos, los acuerdos como el de Disney no son más que planes de corporativismo benefactor en forma de políticas de «desarrollo económico», favorecidas por los gobiernos durante décadas. Estas políticas favorecen a ciertas empresas grandes y poderosas, pero no conceden los mismos favores a las empresas más pequeñas y a los competidores. Luego, los farsantes de las empresas y sus amigos en la legislatura o el ayuntamiento se atribuyen el mérito de los «puestos de trabajo creados», como si la economía no hubiera crecido si las leyes no se hubieran redactado para favorecer a unos pocos elegidos. Estos acuerdos utilizan frases como «impuestos bajos» y «libre mercado», pero en realidad no tienen nada que ver con el laissez-faire o el libre mercado. Se trata de tratos de favor para los políticamente bien conectados.
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Naturalmente, considerado de forma totalmente aislada, nunca es bueno subir los impuestos o aumentar el control gubernamental sobre una empresa privada, que Disney -en su mayor parte- sigue siendo. Pero también hay un factor oculto aquí. Lo que no se ve es la cantidad de empresas privadas que han sido impedidas, sofocadas y apartadas por leyes escritas para favorecer a una sola corporación. Al igual que las corporaciones privadas mercantilistas de antaño —como la Compañía de las Indias Orientales— ahogaron los negocios privados en América y ayudaron a impulsar la Revolución americana, los beneficiarios actuales del mercantilismo moderno hacen lo mismo. ¿Cuánto se beneficiaría el público de otros competidores en el área de Orlando? ¿Cuánto menos habrían pagado los consumidores por las entradas a los parques de Disney si ésta no hubiera podido mantener legislativamente a los competidores fuera del mercado? Nunca lo sabremos.
- 1James R. Edwards define el mercantilismo como un sistema «en el que las Coronas concedían sistemáticamente franquicias a diversas industrias y líneas de comercio como monopolios exclusivos y carteles a individuos y grupos de productores favorecidos a cambio de sobornos y pagos, utilizando los poderes policiales del Estado para protegerlos de la competencia tanto interna como externa (productores extranjeros)».
