En una reciente orden ejecutiva, el presidente Trump pidió el fin de la financiación por los contribuyentes de NPR y la televisión «pública» (PBS), creadas por el Congreso en 1967 para crear, riéndose, una fuente de noticias «independiente». Sí, siempre han sido independientes del libre mercado y de los desventurados contribuyentes americanos, pero ciertamente no independientes del establishment del estado profundo de Washington. NPR siempre ha sido un órgano de propaganda subvencionado por el gobierno. Si los americanos quieren aún más propaganda gubernamental de la que ya reciben de los «medios dominantes», Hollywood, las universidades, Google, Facebook y docenas de cadenas de televisión, NPR y la televisión «pública» no deberían tener ningún problema en atraer a inversores y espectadores para un negocio privado muy rentable.
La demanda de NPR afirma que la orden ejecutiva del presidente Trump priva a los empleados de NPR de la libertad de expresión, con la suposición implícita de que solo las subvenciones del gobierno les permiten tener libertad de expresión y que esa libertad será abolida si se pone fin a las subvenciones. Como presidente del Instituto Mises, entidad privada sin ánimo de lucro, puedo dar fe de que, en efecto, es posible hablar libremente e incluso criticar al gobierno sin un solo céntimo rojo del dinero de los contribuyentes.
La NPR afirma que privarla de las subvenciones financiadas por los contribuyentes es inconstitucional, cuando en realidad lo que es inconstitucional es la existencia de la NPR y la PBS. No se menciona la propaganda estatista subvencionada por el gobierno —ni ningún otro tipo de propaganda subvencionada por los contribuyentes— en los poderes delegados del Artículo 1, Sección 8 de la Constitución. Sin embargo, la existencia de la radio y la televisión «públicas» es coherente con el sexto de los diez puntos del Manifiesto Comunista: «Centralización de los medios de comunicación... en manos del Estado». La NPR, junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), no hacen otra cosa que centralizar más la comunicación en manos del Estado. Durante la administración de FDR, la FCC esencialmente abolió las críticas a FDR a través de la radio negando o eliminando las licencias de emisión de sus críticos. Otras emisoras de radio captaron el mensaje y guardaron silencio.
La propaganda estatista financiada por el gobierno también es inmoral, tiránica y anti-americana ya que, como dijo una vez Thomas Jefferson: «Es pecaminoso y tiránico obligar a un hombre a contribuir a ideas con las que no está de acuerdo». Al menos la mitad de los americanos adultos no están de acuerdo con la propaganda izquierdista de NPR/PBS.
Las órdenes ejecutivas pueden de hecho ser tiránicas, pero en este caso el presidente Trump está haciendo lo que muchos de sus predecesores hicieron antes de que se estableciera por la Guerra Civil que cinco abogados del gobierno federal con cargos vitalicios (la mayoría de la Corte Suprema) tendrán el monopolio de la interpretación constitucional. Antes de esa época todo el mundo entendía que el presidente, el Congreso y el pueblo de los estados libres e independientes tenían los mismos derechos de interpretación constitucional. Cuando la Corte Suprema «dictaminó» que el Banco de los Estados Unidos, precursor de la Fed, era constitucional, por ejemplo, el presidente Andrew Jackson respondió esencialmente diciendo gracias por su opinión, pero mi opinión como presidente es diferente e igualmente válida. A continuación, vetó la nueva constitución del Banco de los Estados Unidos, que quebró.
El presidente Trump probablemente no es consciente de que esto es lo que está haciendo a pesar de tener un retrato de Andrew Jackson en la Casa Blanca. Sus instintos son correctos en el sentido de que en una sociedad libre no debería haber ningún papel para la propaganda estatal financiada por el gobierno. Ese fue un sello distintivo de la Unión Soviética y de todos los demás regímenes opresivos y totalitarios de la historia.
