Loïc Wacquant y Murray Rothbard provienen de mundos completamente diferentes. Wacquant, en Castigar a los pobres (2009), analiza cómo los estados modernos gestionan a las poblaciones marginadas mediante la vigilancia policial y el encarcelamiento. Rothbard, en La ética de la libertad (1982), sostiene que el estado es un monopolio de la coacción y que la verdadera justicia consiste en la restitución a las víctimas, más que en el castigo impuesto por el gobierno. A primera vista, parecen no tener nada en común. Sin embargo, cuando se analiza detenidamente lo que cada uno dice sobre el crimen y el castigo, describen dinámicas institucionales notablemente similares: un sistema penal que no existe para impartir justicia, sino para mantener el poder político, controlar a las comunidades vulnerables y satisfacer el deseo de castigo del público.
Wacquant sostiene que el castigo moderno no se dirige contra el delito en sí, sino contra las personas de bajos ingresos. En Castigar a los pobres escribe que «no es tanto contra el delito contra lo que se lucha, sino contra los propios pobres». Atribuye esta dinámica a los recortes en el bienestar social y a lo que él interpreta como una reestructuración neoliberal. Esta es la interpretación de Wacquant. Mi propósito aquí no es defenderla ni refutarla, sino resumir su análisis institucional y compararlo con la crítica de Rothbard al poder estatal. El punto central de Wacquant es que el sistema penal se expande a medida que se reducen las protecciones sociales, convirtiendo a las cárceles en almacenes para las personas expulsadas del mercado laboral. Describe a los Estados Unidos como un amplio aparato de control social en el que el castigo recae principalmente sobre la delincuencia callejera, mientras que gran parte de las infracciones de cuello blanco se manejan a través de procesos administrativos y legales.
Rothbard aborda el tema desde un ángulo diferente. Para él, el delito es, en esencia, una agresión contra una persona o su propiedad. La justicia debe reparar a la víctima. Eso significa restitución —devolver lo que se le quitó, más una sanción por el daño causado. En opinión de Rothbard, la cárcel es una doble injusticia. No compensa a la víctima y obliga a los contribuyentes a pagar el alojamiento y la manutención del delincuente. Como resume un ensayo del Instituto Mises titulado: «la víctima no recibe nada y luego es ‘robada’ una vez más a través de los impuestos para alimentar y alojar al delincuente». Rothbard considera que el sistema carcelario es un despilfarro, inmoral y, en esencia, incompatible con la justicia. Su alternativa es clara: la restitución, incluso si debe pagarse mediante trabajo supervisado cuando el infractor no tiene dinero.
La crítica de Rothbard no es solo moral, sino también económica. En su artículo de referencia «Crimen y castigo: un enfoque económico» (1968), Gary Becker llegó a una conclusión similar desde una perspectiva diferente. Toda sanción conlleva costos, así como beneficios, y el encarcelamiento es una de las más costosas. Si la restitución, las multas o el trabajo compensatorio pueden disuadir el delito y, al mismo tiempo, resarcir a las víctimas, resulta difícil justificar la prisión, salvo en el caso de los delincuentes peligrosos. El análisis de Becker complementa el argumento de Rothbard al demostrar que la restitución no solo es preferible desde el punto de vista ético, sino que también es superior desde el punto de vista económico.
Wacquant y Rothbard comparten una visión del papel del Estado. Wacquant considera que el Estado penal es un brazo burocrático de lo que él denomina «gobernanza neoliberal», utilizado para controlar a las poblaciones marginadas. Rothbard ve al Estado penal como una institución depredadora que se nutre de la coacción. Ambos coinciden en que el sistema penal tiende a descuidar a las víctimas, a ampliar el poder del Estado y a generar legitimidad política en lugar de justicia genuina.
Su coincidencia resulta aún más llamativa cuando se analiza desde la perspectiva de los incentivos institucionales. Una burocracia penal no se limita a administrar justicia; sustenta una red de organismos policiales, fiscales, funcionarios penitenciarios, contratistas de prisiones y presupuestos públicos, cuya existencia depende de la expansión de las instituciones penales. La restitución amenaza esta lógica al desviar la atención del Estado hacia la víctima. Un sistema centrado en reparar el daño privado requiere menos burocracia y deja menos espacio para el teatro político. Desde esta perspectiva, el encarcelamiento persiste no solo porque los ciudadanos exigen castigo, sino porque los gobiernos tienen incentivos institucionales para proporcionarlo.
René Girard, en Violencia y lo sagrado (1972), ayuda a explicar cómo funciona el castigo. Girard sostiene que las sociedades siempre han utilizado chivos expiatorios para aliviar la tensión social. En la época moderna, el delincuente se convierte en ese chivo expiatorio, y la prisión se convierte en el altar. Como señala un ensayo del Instituto Mises, «el verdadero producto del sistema penal es la catarsis colectiva». El castigo no es una política racional, es un ritual. Por eso los votantes exigen penas más severas incluso cuando las prisiones fallan. Por eso persiste el encarcelamiento masivo a pesar de su costo y la falta de resultados. El castigo satisface una necesidad simbólica, no práctica.
Girard también ayuda a explicar por qué los gobiernos consideran que este ritual es políticamente útil. Si las sociedades buscan repetidamente víctimas simbólicas para restablecer la cohesión social, el Estado se convierte en la institución que organiza y legitima esos sacrificios. El miedo público genera demanda de castigo; las instituciones políticas la satisfacen. Rothbard expone el lado institucional de esta relación, mientras que Girard revela su fundamento antropológico. Juntos, muestran cómo las expectativas emocionales y los incentivos burocráticos se refuerzan mutuamente, lo que permite que el sistema penal se expanda incluso cuando no logra reducir la delincuencia ni compensar a las víctimas.
Aquí es donde Rothbard ofrece algo que Wacquant no ofrece: una salida. La restitución reemplaza la lógica sacrificial del castigo por una lógica de reparación. Desplaza el enfoque del infractor a la víctima, cierra la cuenta moral en lugar de dejarla abierta y satisface la necesidad de justicia sin alimentar la maquinaria burocrática. En To Serve and Protect (1990), Bruce Benson muestra que los sistemas jurídicos preestatales, como el weregild anglosajón, se basaban en la restitución para prevenir las disputas y mantener la paz. Estos sistemas funcionaban porque se enfocaban en la compensación en lugar del castigo.
Wacquant aboga por el «minimalismo penal radical», un modelo que reduce el alcance del castigo sin dejar de preservar su legitimidad democrática. Rothbard propone un sistema de justicia basado en la restitución en lugar del encarcelamiento. Girard aboga por poner fin a la violencia sacrificial. Benson muestra cómo se puede implementar la restitución. Becker sostiene que el encarcelamiento suele ser menos eficiente desde el punto de vista económico que la restitución, las multas y otras sanciones alternativas.
A pesar de sus profundas discrepancias filosóficas, los cinco plantean serias dudas sobre la eficacia y la legitimidad de un modelo de justicia centrado en las prisiones. Becker cuestiona su eficiencia. Benson presenta alternativas históricas. Girard expone su lógica sacrificial. Wacquant revela su expansión burocrática. Rothbard propone la restitución como una alternativa basada en principios.
El Leviatán penal no desaparecerá con consignas abolicionistas ni con reformas burocráticas. Solo desaparecerá cuando la justicia deje de ser un ritual de castigo y se convierta en un proceso de reparación. Para ello es necesario replantear la suposición de que el delito debe entenderse principalmente como una ofensa contra el Estado y no como un daño a víctimas identificables. Una vez que la víctima vuelva a ser la figura central de la justicia, la restitución sustituirá naturalmente al castigo como objetivo principal.
Mientras los gobiernos mantengan el monopolio del castigo, seguirán teniendo incentivos para ampliar el aparato penal, independientemente de su eficacia. La restitución revierte esa lógica. Limita el poder burocrático, devuelve a la víctima al centro de la justicia y transforma el castigo de un ritual político en un proceso genuino de reparación moral y legal. Ya sea desde la sociología, la economía, la antropología o la filosofía política libertaria, la víctima —y no el Estado— surge como el punto de partida indispensable para cualquier teoría coherente de la justicia.
