Es posible que el cambio climático sea real. Es posible que las temperaturas estén aumentando, que la actividad humana contribuya a ese aumento y que los problemas ambientales merezcan una atención seria. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones demuestra que los gobiernos cuenten con el conocimiento necesario para reorganizar toda una economía en respuesta a las proyecciones climáticas.
Esto es importante porque el lenguaje político en torno al cambio climático ha cambiado. Un riesgo se convierte en una crisis; una crisis se convierte en una emergencia; y la emergencia se utiliza luego para justificar políticas que serían difíciles de defender en circunstancias normales. Una vez que un problema se plantea como existencial e inmediato, cuestionar la solución propuesta puede parecer irresponsable. Pero reconocer un problema no es lo mismo que conocer su solución.
Esta fue una de las grandes ideas de la Escuela Austriaca. El problema económico central no es simplemente que los gobiernos carezcan de información. El conocimiento relevante está disperso entre millones de personas y cambia constantemente. Hayek destacó, en su famosa frase, que gran parte del conocimiento necesario para la coordinación económica consiste en conocimiento local y particular: conocimiento de circunstancias cambiantes que no pueden concentrarse en una sola mente. Mises abordó el problema desde otro ángulo: sin precios de mercado para los factores de producción, el cálculo económico no puede comparar racionalmente los usos alternativos de los recursos escasos. La política climática no resuelve este problema; lo empeora.
Un modelo climático puede informarnos sobre posibles futuros físicos. Pero una proyección física no nos dice cómo responderán millones de consumidores, trabajadores, empresarios, inversionistas y productores ante las condiciones cambiantes. Tampoco puede, por sí sola, indicar a una autoridad central qué usos alternativos de los recursos escasos generarán el mayor valor para determinadas personas en momentos específicos. La distinción entre el conocimiento científico y el económico es esencial.
Supongamos que un gobierno decide que las emisiones deben reducirse para una fecha específica. Puede establecer metas, medir las emisiones, subsidiar ciertas tecnologías y penalizar otras. Puede regular los automóviles, los edificios, la agricultura, el transporte y la producción de energía. Incluso puede elaborar modelos complejos para estimar las consecuencias económicas de estas medidas. Pero nada de esto responde a la pregunta empresarial: ¿en comparación con qué?
Toda decisión económica implica alternativas. El capital invertido en una tecnología no puede invertirse al mismo tiempo en otra. La tierra utilizada para un fin no puede utilizarse para otro. La energía destinada a una actividad no puede ser consumida por otra. Los trabajadores empleados en un sector no pueden producir simultáneamente en otro.
Los precios reflejan estas afirmaciones contrapuestas. Las ganancias y las pérdidas constituyen una prueba constante de si los recursos se han utilizado de maneras que los consumidores valoran lo suficiente como para justificar sus costos. Por lo tanto, el cálculo económico no es simplemente un ejercicio técnico. Es un proceso mediante el cual las decisiones descentralizadas se revisan continuamente a la luz de las circunstancias cambiantes. La política climática puede interferir precisamente en este proceso cuando los objetivos políticos comienzan a suplantar el cálculo económico descentralizado.
Pensemos en la energía. A menudo, la cuestión se plantea como una simple elección entre los combustibles fósiles y la energía renovable. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la cuestión es mucho más compleja. ¿Qué fuentes proporcionan energía confiable y a qué costo? ¿Qué infraestructura se requiere? ¿Cuánto capital debe reasignarse? ¿Qué materiales se necesitan? ¿Qué alternativas se sacrifican? ¿Cómo cambiará la demanda? ¿Qué tecnologías serán más eficientes en cinco, diez o veinte años? ¿Qué tecnologías que hoy parecen prometedoras fracasarán? Ninguna autoridad central puede saber todo esto de antemano.
Los emprendedores tampoco lo saben. Precisamente por eso son importantes los mercados. Los emprendedores experimentan; algunos tienen éxito; otros fracasan. Los precios varían, el capital se mueve y los consumidores responden. Surge nueva información. Las iniciativas exitosas se expanden, mientras que las que no lo son se contraen. La planificación centralizada intenta sustituir este proceso por la previsión. Pero el futuro no se puede conocer de antemano simplemente porque los gobiernos tengan más datos.
Por eso también los costos de las políticas climáticas suelen ser más fáciles de ver en términos agregados que los costos de las alternativas que nunca se concretan. Un gobierno puede contabilizar las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos, los subsidios, los empleos generados o las toneladas de emisiones evitadas. Es mucho más difícil identificar las oportunidades de inversión perdidas, los negocios que nunca se crearon, las tecnologías que nunca se desarrollaron o los empleos que nunca se ofrecieron debido a una política en particular. El problema se vuelve especialmente grave cuando la destrucción de la actividad económica existente se toma como evidencia de progreso.
La afirmación de que la mano de obra y el capital desplazados por las industrias convencionales encontrarán automáticamente usos igualmente productivos en otros lugares merece un análisis más detallado del que suele recibir. El trabajo no es simplemente una cantidad estadística. Proporciona ingresos, independencia, participación social y dignidad. Una política que perturba las oportunidades productivas no puede evaluarse simplemente contando los nuevos puestos de trabajo creados en otros lugares.
Lo mismo se aplica a la agricultura. Los agricultores operan dentro de sistemas altamente localizados que involucran el suelo, el clima, el capital, la maquinaria, los mercados, las regulaciones y la experiencia acumulada. Una reducción del ganado o cambios en la producción agrícola determinados de manera centralizada pueden parecer sencillos en una hoja de cálculo, pero producen consecuencias que los planificadores no anticiparon. Mi análisis anterior sobre el alarmismo climático llamó la atención sobre las protestas de los agricultores europeos precisamente porque el tema no se trataba únicamente de la regulación ambiental. También se trataba de los medios de vida, la propiedad y el conocimiento local.
Esto no demuestra que todas las regulaciones ambientales sean erróneas, ni tampoco que todas las proyecciones climáticas sean inexactas. Lo que establece es algo más modesto —y más importante—: la existencia de un problema no demuestra que el gobierno sea capaz de resolverlo.
El libro False Alarm (Falsa alarma), de Bjørn Lomborg, que analicé en mis notas originales, resulta útil en este contexto no porque haya que aceptar todos los argumentos que plantea, sino porque ilustra una distinción importante: reconocer el cambio climático no implica tratarlo como si fuera el fin del mundo, ni la preocupación por el cambio climático justifica automáticamente todas las medidas políticas propuestas. Su argumento también destaca los costos de las políticas climáticas, especialmente para las poblaciones más pobres.
Este último punto merece una atención especial. Las políticas climáticas no distribuyen sus costos de manera equitativa. Un hogar con recursos puede absorber más fácilmente los costos más elevados de energía o transporte que un hogar de bajos recursos. Una gran empresa puede absorber los costos de cumplimiento normativo que acabarían con una pequeña empresa. Una economía desarrollada puede financiar una transición costosa con mayor facilidad que un país de bajos recursos que lucha por proporcionar electricidad, transporte y alimentos confiables.
Por lo tanto, una política destinada a proteger a las generaciones futuras puede imponer costos inmediatos a las personas con menos recursos para absorberlos. Es aquí donde la política climática pone de manifiesto un problema institucional más amplio.
Cuando los gobiernos responden a problemas complejos añadiendo capas de regulación, metas, requisitos de reporte, subsidios y controles administrativos, pueden generar nuevas complicaciones que requieren una intervención adicional. El intento de controlar la complejidad produce más complejidad. La institución responde a las consecuencias de su intervención anterior ampliándola.
Eso es lo que en otra ocasión he denominado «antiprogreso»: el punto en el que los mecanismos diseñados para mejorar un sistema comienzan a socavar su capacidad de adaptación. Las instituciones modernas pueden acumular enormes cantidades de información al tiempo que pierden la capacidad de interpretar la complejidad que buscan controlar. Una mayor cantidad de datos no implica necesariamente un mayor conocimiento; una mayor regulación no implica necesariamente una mayor adaptabilidad.
La política climática es especialmente vulnerable a este patrón porque se refiere a un futuro intrínsecamente a largo plazo e incierto. Cuanto más incierto es el futuro, mayor es el riesgo de tomar una previsión política como si fuera un plan detallado. La alternativa, sin embargo, no es quedarnos de brazos cruzados.
Los mercados no son pasivos. Son sistemas de adaptación continua. Los derechos de propiedad, los precios, el espíritu emprendedor, la competencia, la innovación y las ganancias y pérdidas permiten que millones de personas respondan a circunstancias cambiantes sin que nadie tenga que predecir el futuro. Los problemas ambientales pueden abordarse mediante los derechos de propiedad, la responsabilidad civil, la innovación tecnológica y el intercambio voluntario. Estos enfoques preservan el proceso descentralizado mediante el cual surgen nuevos conocimientos.
La pregunta fundamental, por lo tanto, no es si debemos preocuparnos por el cambio climático. Debemos preocuparnos por las condiciones ambientales y el bienestar de las generaciones futuras. La pregunta es si esa preocupación dota a las autoridades políticas del conocimiento necesario para rediseñar la economía. No es así.
Los modelos climáticos pueden, tal vez, informarnos sobre posibles futuros físicos. Por sí solos, no pueden determinar qué asignación de capital escaso servirá mejor a millones de personas cuyas preferencias, tecnologías y circunstancias cambiarán con el tiempo. Ese es el problema del conocimiento.
Cuanto mayor es la incertidumbre sobre el futuro, mayor es nuestra necesidad de instituciones capaces de detectar y corregir errores, en lugar de aquellas que dan por sentado que ya conocen la respuesta. No necesitamos saber exactamente cómo será el clima en el futuro para reconocer que ningún gobierno puede contar con la información suficiente para planificar toda la economía en función de él.
