Uno de los argumentos más extraños que surgen de la controversia sobre el «distrito especial» de Disney en Florida es la noción de que la propiedad de Disney en Florida es una especie de entidad autónoma verdaderamente independiente que opera sin la supervisión del gobierno.
La mayoría de las afirmaciones a este respecto sobrestiman el grado de autogobierno de Disney. Algunos también afirman que el distrito especial de Disney en Florida representa una especie de modelo de una verdadera «ciudad privada» en el modelo de una ciudad-Estado soberana. O como dijo un comentarista en Twitter: «Irónicamente, las ciudades-estado privadas al estilo de Walt Disney son mi ideología».
unironically, Walt Disney style private city-states is my ideology
— Confederate Kierkegarchist (@Kierkegarchy) July 19, 2018
Sin embargo, el «distrito especial» de Disney sólo significa esto:
- Su «autogobierno» sólo la exime de las ordenanzas locales.
- Se trata de una parcela de terreno privado totalmente sujeta a todas las leyes estatales y federales.
- El distrito especial no tiene soberanía, y sólo existe a voluntad de la legislatura estatal.
- No tiene poder de veto respecto a las leyes que puedan afectarla o abolirla.
- No es un par de entidades gubernamentales que ejerzan algún nivel de soberanía real, como un estado de EEUU o una reserva india. Ni siquiera llega al nivel de una ciudad autogobernada.
La creación de un distrito especial tampoco es única. En Estados Unidos hay literalmente decenas de miles de distritos especiales, que son entidades corporativas con prerrogativas especiales y que se rigen por consejos separados de los gobiernos locales municipales y de condado. Los distritos especiales se han creado para muchos fines, como la extinción de incendios, el suministro de agua y el alcantarillado, las carreteras privadas de peaje y la educación. Lo único que podría decirse que es único en el distrito especial de Disney es que se creó explícitamente para beneficiar a una única corporación privada con ánimo de lucro para fines generales. Esto también significa que Disney es esencialmente una corporación privada que puede emitir bonos «municipales» libres de impuestos.
Por otro lado, el hecho de que Disney tenga su propia fuerza policial, mantenga sus propias carreteras y pueda excluir a las personas que no «siguen las reglas» no significa nada especial. Lo único que significa es que Disney World funciona en este sentido como un enorme centro comercial que emplea su propia seguridad privada y mantiene las carreteras, los aparcamientos y la infraestructura general en sus inmediaciones. (Sería muy erróneo, por ejemplo, pensar que las instituciones policiales de Disney son de algún modo independientes de las fuerzas del orden estatales y locales. Los parques de Disney están muy dentro de la jurisdicción del sheriff local del condado).
Así que, no hace falta decir que esta idea de que Disney World es una especie de forma revolucionaria de «privatización», una ciudad-Estado o un ejemplo brillante de «ciudad privada» es engañosa y poco útil.
Por ejemplo, el uso de la frase «ciudad-Estado» implica que Disney World está en la misma liga que los Estados modernos como la Ciudad del Vaticano o Mónaco, o los Estados renacentistas como Cospaia o la República de Florencia. De hecho, observar las verdaderas ciudades-Estado —que por definición gozan de un cierto grado de soberanía de facto— ilustra lo erróneo que es presentar el modelo de Disney World como revolucionario o de algún modo contrario a las prerrogativas de los Estados centralizados. Disney ni siquiera goza de la condición de «Estado cliente» o «protectorado», que generalmente ejerce la independencia en los asuntos internos. No, Disney World está directamente sujeto a la legislación estatal y es, en todos los sentidos, una parte plenamente integrada en la jurisdicción política conocida como Florida.
De hecho, el modelo de Disney World se describe mejor como otra «asociación público-privada» empleada por el gobierno estadual para beneficiar al gobierno estadual. La procedencia del distrito especial de Disney no es más que un cálculo realizado por agentes estaduales de que eximir a Disney World de algunas ordenanzas del gobierno local beneficiaría a la larga al gobierno del estado de Florida. En esto, los políticos de Florida probablemente tenían razón, y el distrito especial de Disney ha contribuido a producir inmensas cantidades de ingresos fiscales que han permitido al gobierno de Florida ampliar enormemente sus poderes en otros lugares. (En este regateo entre el estado y las empresas, los que más pierden son los competidores potenciales de Disney).
Ciertamente se puede argumentar a favor de eximir a los propietarios de ciertos códigos de construcción e impuestos. Eso es algo bueno, pero no sugiere la creación de una ciudad-Estado o una ciudad privada. Descentralizar el poder municipal en jurisdicciones más pequeñas —es decir, la secesión urbana— también es algo positivo. Esto ayuda a dispersar y limitar el poder político. Pero, al igual que con el distrito especial de Disney, estos cambios no limitan los poderes o la jurisdicción de los niveles superiores de gobierno, como los gobiernos estaduales o federales.
Sin embargo, de vez en cuando se oye decir a un activista libertario que Disney World es un modelo radical de «gobierno privado» supuestamente independiente de la supervisión gubernamental. La situación de Disney no es ni mucho menos tan innovadora como afirman esas declaraciones. De hecho, el modelo de Disney World sólo demuestra que —con un ejército de grupos de presión— un gran propietario puede llegar a un acuerdo especial con el gobierno en el que dichos propietarios quedan exentos de algunas ordenanzas locales. Eso es todo.
