En los últimos años, los cubanos se han visto obligados a soportar una de las peores escaseces de productos básicos, como alimentos, suministros médicos y combustible. La escasez de combustible ha sido especialmente devastadora, ya que provoca cortes de electricidad habituales, lo que dificulta enormemente el trabajo y la producción, y obstaculiza el transporte y la distribución de mercancías por toda la isla. Varios factores han contribuido a la actual crisis económica en Cuba, entre ellos la lenta recuperación de la industria turística tras las restricciones impuestas por la COVID-19 y la eliminación del sistema de doble moneda, lo que ha dado lugar a una inflación persistentemente alta. Sin embargo, en última instancia, es el bloqueo financiero y económico americano el que, con diferencia, más ha contribuido a la reciente crisis económica, así como el principal obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económicos de Cuba en general.
En lo que respecta a Cuba, los partidos Demócrata y Republicano apoyan políticas casi idénticas, que no tienen por objeto promover los intereses de los cubanos de a pie, ni tampoco los de los americanos. Ninguno de los dos partidos políticos está realmente interesado en establecer relaciones de libre comercio con Cuba, ni se ha comprometido con ninguna causa humanitaria. En cambio, las políticas de los EEUU se han centrado en garantizar que Cuba sea un Estado comercial cerrado, con la intención de provocar su eventual colapso. En ese caso, los EEUU podrá restablecer el control que ejercía anteriormente sobre la isla antes de que prevaleciera la Revolución Socialista Cubana el 1 de enero de 1959.
Durante el período de dominación americana sobre Cuba, —de 1898 a 1959—, el gobierno de los EEUU dictó las políticas internas y externas de la nación insular. Al hacerlo, utilizó su autoridad para promover los intereses de las empresas americana, que acabaron poseyendo las mejores tierras agrícolas, minas y otros recursos naturales de la isla, y controlando todos sus sectores económicos, a menudo mediante medios corruptos. Antes de la Revolución socialista, «las empresas americanas controlaban el 40 % de las tierras azucareras de la isla, el 80 % de los servicios públicos, el 90 % de las minas y las ganaderías y, junto con Shell, prácticamente todo el negocio petrolero». Además, la mafia americana controlaba todos los casinos de la isla, además de operar muchos burdeles en La Habana. Como resultado, Cuba se convirtió en un destino popular para los extranjeros, en particular los americanos, que buscaban disfrutar del juego y la prostitución.
Murray Rothbard señaló que, antes de la Revolución Socialista, los EEUU «prácticamente» instaló «al dictador Batista en Cuba», quien transformó el país en un estado policial entre 1952 y 1959. Durante ese tiempo, cualquier persona que se opusiera a su dictadura tenía que «elegir entre el silencio y la cárcel, el exilio o la ejecución». Esto quedó patente en el hecho de que «cientos de cuerpos mutilados quedaron colgados de las farolas o abandonados en las calles, en una grotesca variante de la práctica colonial española de las ejecuciones públicas».
Tras derrocar con éxito el régimen de Batista, respaldado por los EEUU, los revolucionarios cubanos cerraron todos los casinos y burdeles de la isla, marginaron la influencia de la mafia y restringieron el turismo internacional a Cuba. También instituyeron una serie de reformas agrarias y de la propiedad de la tierra, que implicaban la confiscación de todas las tierras propiedad de empresas americanas y explotadas por ellas, la limitación de la propiedad de la tierra y la prohibición a los extranjeros de comprar o poseer tierras en el país. Además, el gobierno de Castro emprendió un importante proceso de nacionalización, que se centró en las empresas extranjeras, los servicios públicos, los bancos y las compañías telefónicas. Como resultado, las refinerías que antes controlaban empresas americanas, como Shell y Esso, fueron nacionalizadas, mientras que Cuba firmó un acuerdo comercial para comprar petróleo a la Unión Soviética. Además, se hizo que la educación y la sanidad fueran accesibles para todos los ciudadanos, al tiempo que se destinaron grandes inversiones a la construcción de viviendas y a la mejora de las infraestructuras.
El presidente Dwight Eisenhower (1890-1969) se enfureció por las políticas antiimperialistas de Castro, que no solo restringían el poder político y económico americano en Cuba, sino que también impedían a los empresarios americanos y a la mafia poseer y explotar a los habitantes y los recursos naturales de la isla. Como resultado, rompió las relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961. Eisenhower también tomó represalias al aprobar los esfuerzos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para derrocar al gobierno socialista de Cuba, lo que se conoció como el Programa de Acción Encubierta contra Castro. En esencia, las ya tensas relaciones entre los EEUU y Cuba empeoraron en el momento en que Castro declaró a Cuba como un estado socialista el 16 de abril de 1961. Posteriormente, a medida que Cuba fortalecía sus lazos con la Unión Soviética, los EEUU justificaba cada vez más su embargo como una medida destinada a evitar la expansión del comunismo en el patio trasero de América.
Los esfuerzos por derrocar al gobierno socialista de Cuba culminaron en la invasión de Bahía de Cochinos, que comenzó el 17 de abril de 1961, cuando aproximadamente 1400 exiliados cubanos, —entrenados, armados y financiados por la CIA—, participaron en un ataque directo contra Cuba. Aunque esta invasión fallida se llevó a cabo durante la presidencia de Kennedy, que tomó posesión el 20 de enero de 1961, la CIA comenzó a planificar la operación en marzo de 1959, cuando Eisenhower aún estaba en el cargo. El 2 de mayo de 1961, Fidel Castro se refirió a las políticas hostiles de Kennedy cuando afirmó:
El gobierno de los EEUU dice que un régimen socialista aquí amenaza la seguridad de los EEUU. Pero lo que amenaza la seguridad del pueblo americano es la política agresiva de los belicistas de los EEUU. Lo que amenaza la seguridad de la familia norteamericana y del pueblo americanos es la política violenta y agresiva que ignora la soberanía y los derechos de otros pueblos... Nosotros no ponemos en peligro la vida ni la seguridad de ninguna familia de EEUU. Estamos creando cooperativas, llevando a cabo la reforma agraria, construyendo granjas populares, viviendas, escuelas, realizando campañas de alfabetización y enviando a miles y miles de maestros al interior de Cuba, construyendo hospitales, enviando médicos, concediendo becas, construyendo fábricas y convirtiendo fortalezas en escuelas.
El 3 de febrero de 1962, el presidente Kennedy proclamó que «el actual gobierno de Cuba es incompatible con los principios y objetivos del sistema interamericano»; en consecuencia, impuso un bloqueo comercial, económico y financiero total, que suspendió todo el comercio con Cuba e impidió a los ciudadanos de EEUU viajar a la isla. Además, añadió que «los Estados Unidos, de conformidad con sus obligaciones internacionales, están dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para promover la seguridad nacional y hemisférica, aislando al actual gobierno de Cuba y reduciendo así la amenaza que supone su alineamiento con las potencias comunistas».
Desde la década de 1960 hasta la de 1980, Washington continuó sus esfuerzos por destruir el régimen socialista de Cuba con el pretexto de impedir la expansión del comunismo a otros países del Caribe y América Latina. Sin embargo, una de las medidas más extremas se estableció durante la administración Reagan. En 1982, el presidente Ronald Reagan (1911-2004) incluyó a Cuba en la lista de los EEUU de Estados patrocinadores del terrorismo (SST) por su apoyo a grupos de izquierda en América Central y África. Esto impidió a Cuba acceder a créditos y préstamos en los mercados financieros internacionales, incluida la ayuda financiera del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales. Reagan también impuso restricciones adicionales a los viajes y prohibió la importación de cualquier producto que contuviera mercancías cubanas procedentes de terceros países.
Cuba se vio especialmente afectada por la disolución de la Unión Soviética, que dio lugar a lo que se conoció como el «período especial» de 1989 a 1995. Durante este tiempo, la economía cubana se derrumbó y los cubanos de a pie sufrieron una importante escasez de productos básicos, como alimentos y medicinas. Mientras tanto, el gobierno de los EEUU aprovechó esta oportunidad para promulgar diversas medidas destinadas a reforzar su embargo contra Cuba en la década de 1990. Concretamente, el presidente George H. W. Bush firmó en 1992 la Ley para la Democracia en Cuba (también conocida como Ley Torricelli), que declara que «el presidente debe alentar a los países que comercian con Cuba a restringir sus relaciones comerciales y crediticias con Cuba». También estipula que el gobierno de los EEUU no «autoriza ninguna transacción entre una empresa de propiedad o control de los EEUU en un tercer país y Cuba». Eso significa que las filiales extranjeras de empresas de los EEUU no pueden «exportar desde un tercer país a Cuba artículos fabricados en el extranjero». Esta ley también autoriza al presidente americano a imponer sanciones a «los países que prestan asistencia a Cuba». Además, la Ley para la Democracia en Cuba también prohíbe:
...que los buques que entren en Cuba para realizar actividades comerciales carguen o descarguen mercancías en los Estados Unidos en los 180 días siguientes a su salida de Cuba. Esta restricción se aplica incluso si un buque ha hecho escala en Cuba únicamente para adquirir servicios no relacionados con el comercio de mercancías, como el mantenimiento programado del buque.
El bloqueo se reforzó aún más bajo la administración Clinton. En 1994, el presidente Bill Clinton prohibió las remesas familiares y suspendió los vuelos entre los EEUU y Cuba. Luego, en 1996, el gobierno de Clinton promulgó la Ley Helms-Burton, que declara que «los actos del gobierno de Castro, incluidas las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, son una amenaza para la paz internacional». La Ley Helms-Burton consta de cuatro títulos específicos diseñados para ampliar el embargo comercial, económico y financiero original contra Cuba, en un esfuerzo por disuadir a las empresas no de EEUU de invertir en el país. El más controvertido de ellos es el Título III, que permite a los ciudadanos americanos, incluidos los cubanoamericanos naturalizados, demandar a cualquier empresa extranjera que realice negocios relacionados con propiedades que poseían antes de ser confiscadas por el gobierno socialista cubano tras la Revolución de 1959. De hecho, el presidente Bill Clinton suspendió inicialmente el Título III tras la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996, y esta suspensión se ha renovado cada seis meses por todos los presidentes en ejercicio desde entonces, incluido el presidente Trump durante sus dos primeros años en el cargo.
En 2003, durante la administración Bush, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó medidas contra cualquier «agencia de viajes cubana en línea dirigida a turistas americanos». Aunque estas agencias de viajes estaban «ubicadas en Argentina, Bahamas, Canadá, Chile, Países Bajos e Inglaterra», la OFAC consideró ilegal que ofrecieran sus servicios a ciudadanos de los EEUU. Según el Departamento del Tesoro de los EEUU, las empresas de viajes que anuncian y venden vacaciones en Cuba a ciudadanos americanos desde países extranjeros «facilitan el acceso a Cuba a aquellos individuos de EEUU que deciden infringir la ley». El efecto inmediato de estas medidas de la OFAC fue «estrangular el flujo de dólares hacia el régimen de Castro» al restringir a los ciudadanos americanos la compra de paquetes vacacionales a Cuba a través de empresas internacionales. Sin embargo, el objetivo más amplio era «reforzar la aplicación de las leyes de los EEUU que prohíben las transacciones relacionadas con los viajes a Cuba y acelerar la llegada de una nueva Cuba libre y democrática».
Posteriormente, en 2004, la administración de George W. Bush aplicó medidas para multar a los bancos extranjeros que permitieran a Cuba transferir dinero para pagar sus importaciones. Estas medidas impidieron efectivamente «que Cuba utilizara el dólar como moneda para comerciar con el resto del mundo, y cualquier cargo o pago cubano en esa moneda fue confiscado». La prohibición del uso del «dólar de los EEUU como moneda de pago obliga a las instituciones cubanas a utilizar el euro y otras monedas en sus transacciones internacionales. Esto genera gastos adicionales en cambio de divisas y comisiones que deben pagarse a los bancos por estas operaciones».
En respuesta a este enfoque de endurecimiento del embargo, cuyo objetivo era bloquear «el flujo financiero externo de fondos cubanos, el Banco Central de Cuba emitió la Resolución 80 del 23 de octubre de 2004, con el fin de desalentar la entrada de efectivo en dólares de EEUU en el sistema bancario y financiero de Cuba». Más tarde ese mismo año, Fidel Castro anunció que los dólares de los EEUU ya no circularían en Cuba. Más concretamente, ordenó que «los dólares de los EEUU se cambiaran por ‘pesos convertibles’, —una moneda local que se puede utilizar en tiendas especiales de la isla, pero que no tiene valor internacional—, con un recargo del 10 %». En consecuencia, el Departamento del Tesoro de los EEUU respondió que:
El anuncio del gobierno de Castro de retirar los dólares americanos de la circulación es un acto de desesperación económica y una clara señal de que el endurecimiento de las políticas del presidente Bush hacia Cuba ha perjudicado al régimen de Castro...
Las cosas comenzaron a mejorar para Cuba el 17 de diciembre de 2014, casi 55 años después de que los EEUU impusiera inicialmente su bloqueo comercial y financiero contra la isla, cuando el presidente Barack Obama entabló negociaciones destinadas a restablecer las relaciones diplomáticas. Esto le llevó a visitar la nación insular, lo que supuso el primer viaje de un presidente de EEUU en ejercicio desde Calvin Coolidge (1872-1933) en 1928. Obama finalmente accedió a reducir las restricciones a las remesas de los cubanoamericanos y a permitir que los americanos viajaran a Cuba con fines religiosos y educativos, lo que se tradujo en un aumento del 60 % del turismo americano a la isla entre 2014 y 2016. Su administración también eliminó a Cuba de la lista de EEUU de países que apoyan el terrorismo. Además, se firmaron varios acuerdos comerciales entre ambos países, incluidos contratos para acuerdos comerciales entre La Habana y 60 empresas americanas.
Posteriormente, la elección de Donald Trump puso fin a cualquier acercamiento entre las dos naciones. La administración Trump no solo revirtió los esfuerzos realizados por la administración de Obama para establecer relaciones diplomáticas formales con Cuba, sino que también reforzó el bloqueo económico con la introducción de más de 240 nuevas sanciones. Entre ellas se incluían la prohibición de los cruceros, la restricción de los vuelos directos, la imposición de sanciones a las empresas navieras y a los buques que transportaban petróleo venezolano a Cuba, la imposición de límites estrictos a las remesas desde los EEUU y la aplicación de restricciones a las importaciones cubanas de medicamentos vitales.
En noviembre de 2017, la página web del Departamento de Estado de los EEUU enumeró 180 «entidades» en Cuba con las que se prohibirían inmediatamente las transacciones financieras. Aproximadamente doce meses después, el 14 de noviembre de 2018, se añadieron 26 nuevas entradas a la lista. Luego, el 17 de abril de 2019, la administración Trump anunció que los EEUU ya no suspendería el Título III de la Ley Helms-Burton, lo que permitiría entablar demandas contra las empresas que se benefician de la cooperación con empresas estatales cubanas. Esta medida fue condenada por Canadá y la Unión Europea por considerar que violaba el derecho internacional, y prometieron proteger a sus empresas. Los efectos del Título III se dejaron sentir rápidamente, ya que en 2020 se cerraron 407 oficinas de Western Union en toda Cuba, lo que básicamente detuvo las remesas de familiares en los EEUU y otros países de las que dependen muchos cubanos. Desde julio de 2023, Western Union ha «reanudado su servicio de transferencia de dinero entre los EEUU y Cuba», pero solo para familiares cercanos, como «personas relacionadas con el remitente por consanguinidad, matrimonio o adopción que no estén separadas por más de tres generaciones de esa persona o de un antepasado común con esa persona».
Al año siguiente, el 9 de octubre de 2019, la administración Trump decidió que «las instituciones bancarias sujetas a la jurisdicción de los EEUU no pueden procesar transacciones de «giro en U», es decir, transferencias de fondos que se originan y terminan fuera de los EEUU, en las que ni el originador ni el beneficiario son personas sujetas a la jurisdicción de los EEUU». Esto significa que los EEUU no permitía las transacciones con Cuba, incluso si la transferencia era iniciada por un banco no cubano y pasaba por el sistema de los EEUU (el giro de 180 grados o en U) en su camino hacia otro banco no cubano.
En enero de 2021, la administración Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de los EEUU de SST, junto con «los talibanes o el territorio de Afganistán controlado por los talibanes». La justificación dada para esta medida fue que Cuba amenaza la paz y la seguridad internacionales al participar en actos armados, violencia internacional y terrorismo. Como resultado, «la exportación de productos agrícolas, medicamentos o dispositivos médicos a Cuba... ha sido determinada por el Secretario de Estado». En consecuencia:
...ninguna persona de los Estados Unidos podrá ofrecer condiciones de pago o financiación para la venta de productos agrícolas o productos a Cuba o a cualquier persona en Cuba, salvo de conformidad con las siguientes condiciones... (A) Pago en efectivo por adelantado. (B) Financiación por parte de instituciones financieras de terceros países (excluidas las personas de los Estados Unidos o las entidades del gobierno de Cuba), salvo que dicha financiación pueda ser confirmada o asesorada por una institución financiera de los Estados Unidos. Nada de lo dispuesto en este párrafo autoriza condiciones de pago o financiación comercial que impliquen un débito o crédito en una cuenta de una persona ubicada en Cuba o del gobierno de Cuba mantenida en los libros de una institución depositaria de los Estados Unidos.
Pocas semanas después de que Cuba volviera a la SST, los bancos y las instituciones financieras internacionales dejaron de hacer negocios con la nación isleña por temor a enfrentarse a multas, sanciones y procedimientos legales. Básicamente, se negaron a transferir dinero a Cuba y no permitieron que Cuba depositara dólares de EEUU. Además, se cerraron las cuentas bancarias de muchos empresarios cubanos en los Estados Unidos, lo que dificultó enormemente las transacciones financieras con la isla. De hecho, «varias plataformas de pago y comercio electrónico, como PayPal y Airbnb», se negaron «a prestar sus servicios a estos empresarios».
Cuba experimentó poco alivio durante la presidencia de Joe Biden, ya que «el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba ha seguido siendo la columna vertebral de la política americana hacia la isla y se ha intensificado de manera oportunista a niveles sin precedentes». Aunque Biden prometió eliminar a Cuba de la lista de SST en 2021, su administración no lo hizo hasta su última semana en el cargo. Esto resultó ser poco más que un gesto vacío, ya que el presidente Trump «actuó en su primer día en el cargo para mantener a Cuba» en la lista de SST. Desde entonces, su administración ha seguido aplicando nuevas medidas destinadas a reforzar el bloqueo económico, con el fin de utilizarlo como arma para debilitar el régimen socialista cubano.
El gobierno americano siempre ha actuado como agresor hacia Cuba y sus ciudadanos desde que prevaleció la Revolución en 1959, empleando una amplia variedad de tácticas en un esfuerzo por desestabilizar y destruir su régimen socialista. Durante ese tiempo, ningún presidente americano se mostró receptivo a la idea de que los cubanos solo buscan una coexistencia pacífica, libre de cualquier hostilidad, con los EEUU. En consecuencia, las empresas cubanas de todos los sectores de la economía se han visto obligadas a soportar un bloqueo económico paralizante, que les impide acceder a materias primas e importar piezas de los EEUU. En su lugar, tienen que importar esos productos de lugares lejanos de América Latina, Europa o Asia, lo que aumenta considerablemente los costes. Además, las empresas cubanas se ven aún más limitadas por el hecho de que muchas empresas extranjeras son filiales de EEUU, que no pueden suministrar ningún producto a instituciones o empresas cubanas según las estipulaciones del embargo americano.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado por abrumadora mayoría una resolución en la que se critican los efectos del embargo y se pide su levantamiento en 33 ocasiones distintas. En la votación más reciente, 187 países apoyaron esta resolución no vinculante, y solo los Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Ucrania se abstuvo. La filosofía libertaria apoya el levantamiento del embargo contra Cuba, ya que se opone a cualquier forma de embargo contra cualquier país del mundo, independientemente de la ideología de su régimen. En consecuencia, Murray Rothbard argumentó que el gobierno de los EEUU debería reconocer la soberanía de la Cuba socialista y levantar el embargo. Creía que reconocer la autodeterminación de Cuba «simplemente significa reconocer la existencia física de un Estado, es un acto de cordura, no un acto de alabanza». Su apoyo al «restablecimiento del comercio libre y sin trabas» entre Cuba y los EEUU es coherente con sus opiniones sobre la relación entre los EEUU y las naciones comunistas. Durante la era de la Guerra Fría, Rothbard argumentó que «el libre comercio mundial no solo ayudaría a derribar el telón de acero, sino que beneficiaría tanto a las naciones anticomunistas como a las comunistas». Creía que «nada podía ser más absurdo que el actual programa de ‘ayudar a otras naciones a ayudarse a sí mismas’ y, al mismo tiempo, restringir coercitivamente sus oportunidades de participar en un comercio rentable».
