El presidente Trump causó un considerable revuelo en Washington cuando despidió a la comisionada de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, el 1 de agosto. El despido se produjo a raíz de un débil informe sobre el empleo en julio, que Trump considera inexacto. «Necesitamos cifras de empleo precisas», escribió en Truth Social en respuesta al informe. «He ordenado a mi equipo que despida a esta persona nombrada políticamente por Biden, INMEDIATAMENTE. Será sustituida por alguien mucho más competente y cualificado».
Trump también afirmó que McEntarfer «falsificó» las cifras de empleo antes de las elecciones para intentar ayudar a Kamala Harris a ganar.
En una publicación posterior del 4 de agosto, Trump enfatizó que fueron las importantes revisiones en los informes de empleo, —tanto los relacionados con las elecciones como el de julio—, lo que le hizo sospechar. «Esos grandes ajustes se hicieron para encubrir y nivelar las cifras políticas FALSAS que se INVENTARON con el fin de que el gran éxito republicano pareciera menos brillante», escribió.
La lista de personas prominentes que denunciaron la medida de Trump era, naturalmente, muy larga. «Nadie está falsificando cifras», dijo el exjefe de gabinete del Departamento de Trabajo, Daniel Koh. «Las revisiones se producen constantemente».
Max Stier, —director ejecutivo de Partnership for Public Service—, expresó en voz alta lo que sin duda pensaban muchos observadores. «El presidente Trump está destruyendo una vez más la credibilidad de nuestro gobierno al despedir a funcionarios expertos y no partidistas porque no le gustan los datos que presentan», afirmó. «Los gobiernos que siguen este camino se encuentran muy rápidamente en una situación muy desagradable».
David Harsanyi, —redactor jefe del Washington Examiner—, se hizo eco de este sentimiento. «Este despido huele a república bananera, independientemente de lo que se piense de la precisión o las revisiones de los datos de la BLS», escribió.
Trump no se equivoca al señalar que las recientes revisiones de los datos de la BLS han sido mayores de lo normal. Pero, como señala Tho Bishop, hay una explicación inocua para ello: las menores tasas de participación en las encuestas dificultan la captura precisa del estado de la economía a corto plazo. Trump puede sospechar que alguien está manipulando las cifras para hacer quedar mal a su administración, pero, dado que no ha presentado pruebas concluyentes al respecto, parece más probable que simplemente esté siguiendo la tradición milenaria de los gobernantes de disparar al mensajero en lugar de afrontar la posibilidad de que ellos mismos sean los responsables de las malas noticias. Como dice el refrán, la historia puede que no se repita, pero a menudo rima.
En un giro irónico, aunque quizás no sorprendente, el sustituto «mucho más competente y cualificado» que Trump ha nombrado está siendo acusado de ser terriblemente incompetente para el puesto. El candidato de Trump es E.J. Antoni, actualmente economista jefe de la Heritage Foundation y conocido por ser un ferviente partidario de Trump. Al comentar el nombramiento en National Review, el editor de economía Dominic Pino no se anduvo con rodeos.
«Antoni no está ni remotamente cualificado para ser comisionado de la BLS», escribió Pino, tras señalar la falta de experiencia de Antoni y ejemplos de su pobre razonamiento económico.
Si realmente fuera cierto que Trump quisiera modernizar y mejorar la BLS, habría nombrado a alguien con amplia experiencia en la recopilación de datos económicos, que hubiera publicado investigaciones sobre metodología estadística y tuviera ideas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la BLS. Su nominación de Antoni demuestra que, en cambio, lo que quiere es un lacayo.
Con toda la atención que está recibiendo la Oficina de Estadísticas Laborales, muchos están aprovechando la oportunidad para destacar sus deficiencias percibidas y las formas en que podría reformarse y mejorarse. Pero hay una pregunta mucho más fundamental que deberíamos plantearnos: ¿debería existir la BLS en primer lugar?
Argumentos en contra de la BLS
Para responder a esta pregunta, debemos retroceder y comprender por qué se creó la BLS y, en términos más generales, cómo las estadísticas gubernamentales se convirtieron en la gigantesca empresa que conocemos hoy en día.
En su artículo de 1989 titulado «World War I as Fulfillment: Power and the Intellectuals» (La Primera Guerra Mundial como cumplimiento: el poder y los intelectuales), publicado en el Journal of Libertarian Studies, el economista Murray Rothbard señaló que fue la ideología de la Era Progresista, y concretamente el creciente deseo de que una clase experta de intelectuales gestionara la economía, lo que llevó por primera vez a los gobiernos a recopilar grandes cantidades de datos estadísticos. Rothbard señala a economistas como Richard T. Ely (1854-1943), Henry Carter Adams (1851-1921) y Wesley Clair Mitchell (1874-1948) como pioneros de este enfoque. Mitchell, señala Rothbard, fue especialmente explícito sobre el uso de las estadísticas como herramienta para la planificación gubernamental. Rothbard cita a la esposa de Mitchell, que colaboró estrechamente con él:
...él [Mitchell] previó la gran contribución que el gobierno podría hacer a la comprensión de los problemas económicos y sociales si los datos estadísticos recopilados de forma independiente por diversas agencias federales se sistematizaran y planificaran de manera que se pudieran estudiar las interrelaciones entre ellos. La idea de desarrollar estadísticas sociales, no solo como un registro, sino como base para la planificación, surgió temprano en su propio trabajo. (énfasis en el original)
Rothbard destaca que muchas intervenciones gubernamentales serían completamente imposibles o, como mínimo, francamente ridículas sin estadísticas. ¿Cómo puede un gobierno abordar el desempleo si no dispone de datos sobre las tasas de empleo, por ejemplo? Por ello, Rothbard cita a Samuel B. Ruggles, delegado ameericano en el Congreso Internacional de Estadística celebrado en Berlín en 1863, quien afirmó allí que «las estadísticas son los ojos del estadista, que le permiten examinar y analizar con una visión clara y completa toda la estructura y la economía del cuerpo político».
No debería sorprender que la Oficina de Estadísticas Laborales naciera y se desarrollara en este entorno intelectual. Creada en 1884 como Oficina de Trabajo, la agencia pasó por varios departamentos gubernamentales durante unas décadas antes de establecerse finalmente en el recién creado Departamento de Trabajo en 1913, donde ha permanecido desde entonces. La Oficina creció considerablemente durante el siglo XX y ahora es la segunda agencia estadística más grande del gobierno de los EEUU, —después de la Oficina del Censo—, con un presupuesto de aproximadamente 700 millones de dólares y unos 2300 empleados. Además de los datos sobre el empleo, la BLS también recopila datos sobre la inflación, las condiciones de trabajo y la productividad laboral, entre otras cosas.
Casi tres décadas antes de su artículo de 1989, Rothbard ya era muy consciente de la profunda conexión entre las estadísticas y la planificación gubernamental. En 1960, publicó un artículo titulado «The Politics of Political Economists: Comment» (La política de los economistas políticos: comentario), —una respuesta a un artículo de George Stigler—, en el que señalaba que «el impulso de la intervención gubernamental y el impulso de más estadísticas han ido de la mano». Desarrolló un argumento similar en un artículo de 1961 para The Freeman titulado «Statistics: Achilles’ Heel of Government» (Las estadísticas: el talón de Aquiles del gobierno), en el que escribió lo siguiente:
Las estadísticas, repito, son los ojos y los oídos de los intervencionistas: de los reformadores intelectuales, los políticos y los burócratas gubernamentales. Si se cortan esos ojos y oídos, si se destruyen esas pautas cruciales para el conocimiento, se elimina casi por completo toda la amenaza de la intervención gubernamental.
... Así, de entre todas las medidas que se han propuesto a lo largo de los años para controlar y limitar al gobierno o para revocar sus intervenciones, la simple y poco espectacular abolición de las estadísticas gubernamentales sería probablemente la más completa y eficaz. Las estadísticas, tan vitales para el estatismo, su homónimo, son también el talón de Aquiles del Estado.
Sin duda, algunos objetarán que la abolición de la BLS privará a los responsables políticos de la información vital que necesitan para hacer su trabajo, ¡pero ese es precisamente el quid de la cuestión! No debemos querer que los intervencionistas dispongan de las herramientas para hacer su trabajo, porque su trabajo consiste en obstaculizar la competencia y el progreso económico. La parálisis para ellos significa libertad para sus súbditos y dinamismo para la economía.
Por supuesto, esto no quiere decir que las estadísticas deban rechazarse siempre. Algunas estadísticas son valiosas, y el sector privado es más que capaz de proporcionar esas estadísticas útiles de acuerdo con la demanda de los consumidores. La cuestión es simplemente que las agencias estadísticas gubernamentales existen principalmente para ayudar a los intervencionistas a practicar el intervencionismo. Solo por esa razón, deberíamos estar en contra de ellas.
No es que haya muchas esperanzas de abolirlas en un futuro próximo, por supuesto. Al fin y al cabo, los estatistas también son plenamente conscientes de la importancia que tienen las estadísticas para su programa. Cualquier ataque a un activo tan fundamental del enemigo se encontrará con una feroz resistencia.
