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Los banqueros centrales piensan que ahorrar demasiado es un problema que debe ser resuelto con más creación de dinero. Pero el verdadero problema es el sistema bancario de reserva fraccionaria de estilo keynesiano.

Desde las barreras comerciales hasta las desastrosas regulaciones gubernamentales, la intervención del gobierno ha paralizado la capacidad de la sociedad para responder bien a la propagación de las enfermedades.

La Reserva Federal es, en efecto, un gobierno económico sin ley para sí mismo. Es el prestamista de primer recurso, una especie de casa de empeño inversa que paga el máximo por activos en rápido declive.

Los presupuestos de los gobiernos estatales y locales están en peligro de colapsar. Esto impulsará a los políticos a encontrar formas de terminar con los confinamientos. A los políticos puede que no les importe si tienes un trabajo. Pero se preocupan profundamente por los presupuestos de sus gobiernos y los trabajos de sus amigos.

África no está en condiciones de detener la actividad económica. La pobreza urbana y las enormes deudas presentan una aparente elección entre la enfermedad desenfrenada y el empobrecimiento masivo.

Desde Nueva York hasta Londres, pasando por Bruselas y Tokio, los bancos centrales han adoptado en las dos últimas semanas una amplia variedad de medidas inflacionistas extraordinarias para apoyar a los bancos y gobiernos insolventes.

Gracias al comercio mundial tenemos ahora acceso a muchos más recursos para el tratamiento y la prevención de enfermedades, incluyendo el COVID-19.

La crisis del coronavirus ha desencadenado dos tipos de bancarrotas muy diferentes, con causas distintas, y que deberían requerir soluciones diferentes.

Los actuales rescates globales pueden retrasar las redadas globales por bastante tiempo. Pero debilitarán la producción y el aumento del empleo. El nivel de vida de la gente se estancará o incluso caerá, incluso a corto plazo. Con esto viene el empobrecimiento y tal vez incluso el malestar social.

El estado danés cree que la nación puede evitar el colapso económico si el estado paga los salarios de los trabajadores del sector privado. Se cree que esto permitirá a las empresas privadas evitar los despidos. Pero hay un inconveniente.