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La policía es el último grupo “víctima” de persecución

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05/31/2018

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El 16 de mayo se aprobó la Ley de Proteger y Servir de 2018 en la Cámara de Representantes y ahora está pendiente del Senado. El principal efecto de la propuesta de ley sería mejorar la capacidad del gobierno federal para enjuiciar a personas acusadas de atacar efectivamente o tratar de atacar a un agente de policía. Hay quien ha observado que la legislación propuesta ofrecería protecciones propias de los delitos de odio a los agentes de policía, haciendo de ellos una clase todavía más protegida.

Esta propuesta tiene numerosos problemas. Uno es que es una solución a la búsqueda de un problema. Como señalé previamente, las muertes delictivas de agentes de policía han seguido una larga tendencia a la baja. Los defensores de la propuesta se remiten a un informe del Departamento de Justicia sobre emboscadas a policías, que incluye el siguiente gráfico, haciendo que uno se pregunte qué vieron en él que les haya llevado a creer que dicha legislación que es necesaria ahora mismo.

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Otro problema es su dudosa constitucionalidad, como señala Ilya Somin, la Ley de Proteger y Servir se basa en las mismas premisas constitucionales que la Ley de Violencia contra las Mujeres, que es que la violencia contra la policía (o las mujeres) afecta al comercio interestatal y está por tanto bajo la autoridad regulatoria del gobierno federal. En United States v. Morrison (2000), el Tribunal Supremo echó abajo una disposición de la Ley de Violencia contra las Mujeres, declarando que esa interpretación de la Cláusula de Comercio permitiría al gobierno federal regular esencialmente cualquier cosa. Por supuesto, esta se vio menoscabada por la sentencia de Gonzalez v. Raich (2005), en la que el Tribunal Supremo decidía que la aplicación de la ley federal podía confiscar plantas de marihuana cultivadas para consumo individual porque incluso esos actos puramente locales podrían afectar al mercado nacional. Como en Wickard v. Filburn (1942), el Tribunal sentenció que alguien puede afectar aparentemente al comercio interestatal no participando en él. A la vista de sentencias como estas, no está claro cómo podría interpretar el Tribunal Supremo de EEUU la legitimidad de la Ley de Proteger y Servir si se sanciona como ley.

Un problema adicional es cómo se aplicaría realmente la ley. Radley Balko señala que ha habido casos en los que “fiscales de distrito o grandes jurados han rechazado castigar a los objetivos de redadas antidroga que dispararon a la policía” al entrar en sus casas y que la legislación propuesta daría a un fiscal federal oportunista la capacidad de eludir la toma local de decisiones. En el mejor de los casos, la legislación es redundante.

Balko también acusa a la mayoría de los defensores de la propuesta como “increíblemente hipócritas”, dado su supuesto compromiso con el federalismo. Argumenta que “crea un delito federal por un comportamiento que se trata más que adecuadamente a los niveles estatal y local”. Esta crítica está justificada. Sin embargo, lo que parece haber atraído menos atención es la selectividad, sino la hipocresía, de ciertas personas y grupos que se oponen a esta legislación, pero no a la legislación de los delitos de odio como tales. Esto lleva a una base poco firme sobre la que criticar la propuesta.

Tomemos por ejemplo la ACLU, que ha firmado una carta abierta en oposición a la Ley de Proteger y Servir. En esta carta lista en una serie de razones para su desacuerdo con la propuesta, algunas de las cuales son las mismas que se han mencionado antes, pero con la crítica adicional de que los delitos del odio “son crímenes motivados por un estatus de víctima como miembro de un grupo históricamente perseguido o discriminado”.

Sin embargo, esto es bastante extraño, dadas algunas de las acciones pasadas de la ACLU. En Wisconsin v. Mitchell (1993), un caso que implicaba a un hombre negro que fue condenado por atacar a un hombre blanco, estaba en juego la constitucionalidad de las agravantes contra Mitchell basadas en la clasificación del incidente como un delito de odio. El Tribunal Supremo de Wisconsin eliminó la agravante, argumentando que era una violación de los derechos de la Primera Enmienda de Mitchell. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EEUU reafirmó la agravante. La ACLU presentó una propuesta de tercero en apoyo de la agravante de la sentencia por delito de odio, aunque la víctima no pertenecía a lo que considerarían que era un grupo históricamente perseguido.

Además, actualmente es legal en algunos contextos discriminar en contra de la policía, mientras que sería ilegal discriminar en contra de las clases protegidas en el mismo contexto. Consideremos el caso de la tienda Hasta Muerte Coffee en Oakland, que no ofrece sus servicios a agentes de policía, haciendo de estos un “grupo discriminado”. Esto puede parecer un ejemplo trivial de discriminación, pero la ACLU no puede hacer esta afirmación, ya que han calificado pedir a la gente que abandone una cafetería después de no comprar nada como humillante, injusto y totalmente falto de respeto. Aunque se podría argumentar que los delitos de odio se basan en sesgos con respecto a características inmutables, mientras que ser un agente de policía no lo es, esto no es verdad para todos los grupos de derechos civiles. Algunas organizaciones que apoyan a los estados en sus intentos de perseguir los delitos de odio incluyen características mutables, como la ocupación, en su definición de lo que puede constituir un delito de odio.

En último término, estos grupos están decididamente en contra de la Ley de Proteger y Servir y aun así decididamente a favor de otra legislación de los delitos de odio y están lanzando piedras desde, sino una casa de cristal, tal vez desde una casa que se deteriora construida sobre arena. A pesar del énfasis de estos grupos en la igualdad, su apoyo a dar privilegios o estatus legales especiales a ciertos grupos es contrario al ideal de igualdad ante la ley. Su objeción se reduce a que algunas clases o grupos son más iguales que otros y los agentes de policía están en este último grupo.

Tate Fegley is a 2018 Mises Institute Fellow, and winner of the 2018 Grant Aldrich Prize for Best Graduate Student paper at the Austrian Economics Research Confernce. He is currently a graduate student at George Mason University.

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