En su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche, el presidente Trump recibió un aplauso de los republicanos por su declaración: «Estados Unidos se fundó en la libertad y la independencia, no en la coerción, la dominación y el control del gobierno. Nacemos libres y nos mantendremos libres». Pero este sentimiento edificante no puede sobrevivir ni siquiera una breve mirada al libro de leyes federales o las tácticas de aplicación de la mano por parte de las burocracias federales, estatales y locales en todo el país.
En realidad, la amenaza del castigo gubernamental impregna la vida cotidiana de los estadounidenses más que nunca:
El número de delitos federales ha aumentado de 3 en 1789 a más de 4000 en la actualidad. El Congreso ha tipificado como delito «el transporte de pastos de caimán a través de una línea estatal; uso no autorizado del eslogan “Give a hoot, don’t pollute“; y pretendiendo ser un miembro del club 4-H con la intención de defraudar», como lo señaló la Revisión de Derecho Penal de Buffalo.
Las agencias de aplicación de la ley arrestaron a más de 10 millones de personas en 2017, aproximadamente el tres por ciento de la población. Trump se percató momentáneamente de la existencia de coacción gubernamental el mes pasado cuando se quejó de que el FBI había usado «29 personas» y «vehículos blindados» para el arresto de Roger Stone. Pero los equipos SWAT realizan hasta 80.000 redadas al año, según la ACLU, principalmente para arrestos por drogas o órdenes de registro. Muchas personas inocentes han sido asesinadas en tales redadas.
El martes, Trump destacó el caso de Alice Johnson, sentenciada injustamente a cadena perpetua por un delito de drogas no violentas. La conmutación de su sentencia por parte de Trump no es un consuelo para los objetivos de 1,6 millones de arrestos por drogas en 2017, y no es como esas personas que aparecieron voluntariamente en las estaciones de policía pidiendo ser «esposados y arrestados». Más personas son arrestadas por delitos de marihuana que para todos los delitos violentos combinados, según las estadísticas del FBI.
¿Sin coerción? Dígale eso a las decenas de miles de víctimas de las leyes de decomiso de activos, que dan derecho a las fuerzas del orden público a confiscar el efectivo, los automóviles y otras propiedades de las personas según la acusación más leve. Las agencias federales de aplicación de la ley incautaron más propiedades a través de disposiciones de decomiso de activos en el año 2014 que todos los ladrones robados a propietarios de viviendas y negocios en todo el país.
Desde 1970, el número de personas confinadas en prisiones estadounidenses ha aumentado en más del 500 por ciento. Según un informe del Departamento de Justicia de 1997, casi el 10 por ciento de todos los hombres estadounidenses terminarán en prisión en algún momento de sus vidas. Según el Journal of American History, más del 10 por ciento de los hombres negros de 20 a 34 años estaban tras las rejas.
Los ciudadanos y las empresas pagan más de $ 3 billones en impuestos federales cada año gracias en gran parte a la variedad de amenazas y sanciones por incumplimiento. Cada semana, decenas de miles de estadounidenses tienen sus cuentas bancarias incautadas por el IRS, o se les ponen gravámenes al IRS en sus casas o tierras, o se someten a una auditoría fiscal, o reciben notificación de sanciones y demandas de impuestos adicionales. El número de multas diferentes que el IRS impone a los contribuyentes ha aumentado más de diez veces desde 1954.
Nadie tiene una buena estimación de la cantidad de estadounidenses que son víctimas de regulaciones arbitrarias y caprichosas por parte de las agencias federales. Cuando la Corte Suprema escuchó el caso de los dictámenes del Departamento de Agricultura que prohibían a los granjeros vender la mayor parte de su cosecha en 2014, la jueza Elena Kagan sugirió que el régimen era «la ley más desactualizada del mundo». Pero hay muchas otras disposiciones sin sentido que los medios de comunicación y los tribunales simplemente ignoran.
Trump perpetúa uno de los mitos más preciados de Washington: que el gobierno federal no es coercitivo a menos que el presidente o algún jefe de la agencia anuncie formalmente sus planes de castigar brutalmente a un grupo sin causa. Esta noción es apoyada y propagada con avidez por muchos de los expertos y científicos políticos de la nación como una forma de mantener a las personas pagando y obedeciendo.
Trump siguió su afirmación de «no hay coacción aquí» con la siguiente línea: «Esta noche, renovamos nuestra determinación de que Estados Unidos nunca será un país socialista». Los demócratas respondieron con un silencio pedregoso, si no irritable. Quizás la mayor ironía en Washington es que las personas que más desconfían de Trump buscan aumentar enormemente el poder del gobierno.
Los socialdemócratas no han ofrecido evidencia de que las nuevas adquisiciones federales de la economía no producirían los mismos desastres que siguieron a la dominación federal de la agricultura o la industria hipotecaria. En cambio, las nuevas prohibiciones económicas crearían una profusión de víctimas similares a Eric Garner, quien fue estrangulado en 2014 por un policía de la ciudad de Nueva York luego de ser detenido vendiendo cigarrillos individuales sin una licencia.
El presidente Andrew Johnson observó acertadamente en un mensaje de 1868 al Congreso: «Se puede asumir con seguridad como un axioma ... que las injusticias más grandes infligidas a un pueblo son causadas por una legislación arbitraria e injusta». Las regulaciones son Torres de babel que contienen un gran número de disposiciones punitivas que injustamente arruinan o dañan la vida de otros estadounidenses. Confíe en el establecimiento de Washington para continuar simulando que «no hay nada que ver aquí» en la coerción de piloto automático de la nación.
