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El engaño detrás de las leyes de licencias del Estado

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Tags Burocracia y RegulaciónSubsidios CorporativosIntervencionismo

[De Poder y mercado, capítulo 3.]

Uno de los argumentos favoritos para las leyes de concesión de licencias y otros tipos de normas de calidad es que los gobiernos deben «proteger» a los consumidores asegurándose de que los trabajadores y las empresas vendan bienes y servicios de la más alta calidad. La respuesta, por supuesto, es que la «calidad» es un término muy elástico y relativo y es decidido por los consumidores en sus acciones libres en el mercado. Los consumidores deciden de acuerdo a sus propios gustos e intereses, y particularmente de acuerdo al precio que desean pagar por el servicio. Por ejemplo, es muy posible que un cierto número de años de asistencia a un cierto tipo de escuela resulte ser la mejor calidad de los médicos (aunque es difícil ver por qué el gobierno tiene que proteger al público de manifestantes sin licencia o de plomeros sin título universitario o con menos de diez años de experiencia). Pero al prohibir la práctica de la medicina a las personas que no cumplen estos requisitos, el Estado está perjudicando a los consumidores que comprarían los servicios de los competidores proscritos, está protegiendo a los médicos «calificados» pero menos productivos de la competencia exterior, y también concede precios restrictivos a los médicos restantes.1 Se impide a los consumidores elegir un tratamiento de menor calidad de los males menores, a cambio de un precio más bajo, y también se les impide ser condescendientes con los médicos que tienen una teoría de la medicina diferente a la sancionada por las escuelas de medicina aprobadas por el Estado.

La medida en que estos requisitos están diseñados para «proteger» la salud del público, y la medida para restringir la competencia, puede medirse a partir del hecho de que dar consejos médicos gratuitos sin una licencia es raramente una ofensa legal. Sólo la venta de asesoramiento médico requiere una licencia. Dado que alguien puede resultar tan o más perjudicado por el asesoramiento médico gratuito que por el asesoramiento adquirido, el principal objetivo de la regulación es claramente restringir la competencia en lugar de proteger al público.2

Otros estándares de calidad en la producción tienen un efecto aún más perjudicial. Imponen definiciones gubernamentales de los productos y exigen a las empresas que se atengan a las especificaciones establecidas por estas definiciones. Por lo tanto, el gobierno define «pan» como de una cierta composición. Se supone que esto es una salvaguarda contra la «adulteración», pero de hecho prohíbe la mejora. Si el Estado define un producto de cierta manera, prohíbe el cambio. Un cambio, para ser aceptado por los consumidores, tiene que ser una mejora, ya sea en forma absoluta o en forma de un precio más bajo. Sin embargo, puede llevar mucho tiempo, si no siempre, persuadir a la burocracia gubernamental para que cambie los requisitos. Mientras tanto, la competencia está lesionada y las mejoras tecnológicas están bloqueadas.3 Las normas de «calidad», al trasladar las decisiones sobre la calidad de los consumidores a juntas gubernamentales arbitrarias, imponen rigideces y monopolización al sistema económico.

En la economía libre, habría amplios medios para obtener reparación por lesiones directas o «adulteración» fraudulenta. No es necesario un sistema de «normas» gubernamentales o un ejército de inspectores administrativos. Si a un hombre se le vende comida adulterada, entonces claramente el vendedor ha cometido fraude, violando su contrato para vender la comida. Por lo tanto, si A vende a B el alimento para el desayuno, y resulta ser paja, A ha cometido un acto ilegal de fraude al decirle a B que le está vendiendo comida mientras que en realidad está vendiendo paja. Esto es punible en los tribunales bajo la «ley libertaria», es decir, el código legal de la sociedad libre que prohibiría todas las invasiones de personas y propiedades. La pérdida del producto y el precio, además de los daños y perjuicios adecuados (pagados a la víctima, no al Estado), se incluirían en el castigo del fraude. No se necesita ningún administrador para evitar las ventas no fraudulentas; si un hombre simplemente vende lo que llama «pan», debe cumplir con la definición común de pan que tienen los consumidores, y no con alguna especificación arbitraria. Sin embargo, si especifica la composición de la hogaza, puede ser procesado si miente. Hay que destacar que el delito no es mentir per se, lo cual es un problema moral que no es competencia de una agencia de defensa del libre mercado, sino incumplir un contrato — tomar la propiedad de otra persona bajo falsos pretextos y por lo tanto ser culpable de fraude. Si, por otra parte, el producto adulterado daña la salud del comprador (por ejemplo, mediante un veneno insertado), el vendedor es además responsable de la persecución por lesiones y agresiones a la persona del comprador.4

Otro tipo de control de calidad es la supuesta «protección» de los inversores. Los reglamentos de la SEC obligan a las nuevas empresas que venden acciones, por ejemplo, a cumplir con ciertas reglas, a emitir folletos, etc. El efecto neto es obstaculizar a las nuevas empresas, especialmente a las pequeñas, y restringirlas en la adquisición de capital, confiriendo así un privilegio monopolístico a las empresas existentes. Se prohíbe a los inversores invertir en empresas especialmente arriesgadas. Las regulaciones de la SEC, las «leyes de cielo azul», etc., restringen por lo tanto la entrada de nuevas empresas e impiden la inversión en empresas arriesgadas pero posiblemente exitosas. Una vez más, la eficiencia en los negocios y el servicio al consumidor se ven obstaculizados.5

Los códigos de seguridad son otro tipo común de estándar de calidad. Prescriben los detalles de la producción y las diferencias de los proscritos. El método de libre mercado para lidiar, por ejemplo, con el colapso de un edificio que mata a varias personas, es enviar al dueño del edificio a la cárcel por homicidio. Pero el libre mercado no puede tolerar ningún código de «seguridad» arbitrario promulgado antes de cualquier crimen. El sistema actual no trata al propietario del edificio como un virtual asesino en caso de que se produzca un colapso, sino que se limita a pagar una suma de daños monetarios. De esta manera, la invasión de una persona queda relativamente impune y no se ve afectada. Por otra parte, proliferan los códigos administrativos, y su efecto general es impedir que se produzcan mejoras importantes en la industria de la construcción y, por lo tanto, conferir privilegios monopolísticos a los constructores existentes, en contraste con los competidores potencialmente innovadores.6 La evasión de los códigos de seguridad a través del soborno permite entonces que el agresor real (el constructor cuya propiedad lesiona a alguien) continúe impune y salga impune.

Se podría objetar que las agencias de defensa del libre mercado deben esperar hasta después de que la gente se lesione para castigar, en lugar de prevenir, el crimen. Es cierto que en el libre mercado sólo se pueden castigar los actos manifiestos. No hay ningún intento de tiranizar sobre nadie más sobre la base de que algún crimen futuro pueda ser prevenido por ello. En la teoría de la «prevención», cualquier tipo de invasión de la libertad personal puede ser, y de hecho debe ser, justificada. Ciertamente es un procedimiento ridículo intentar «prevenir» unas cuantas invasiones futuras cometiendo invasiones permanentes contra todos.7

También se imponen normas de seguridad en los contratos de trabajo. Los trabajadores y los empleadores no pueden acordar los términos de la contratación a menos que se obedezcan ciertas normas gubernamentales. El resultado es una pérdida impuesta a los trabajadores y a los empleadores, a quienes se les niega la libertad de contratar, y que deben recurrir a otros empleos menos remunerados. Por lo tanto, los factores se distorsionan y se asignan mal en relación tanto con la máxima satisfacción de los consumidores como con el máximo rendimiento de los factores. La industria se vuelve menos productiva y flexible.

Otro uso de las «normas de seguridad» es evitar la competencia geográfica, es decir, impedir que los consumidores compren productos de productores eficientes ubicados en otras zonas geográficas. Analíticamente, hay poca distinción entre la competencia en general y en la ubicación, ya que la ubicación es simplemente una de las muchas ventajas o desventajas que poseen las empresas competidoras. Así, los gobiernos estatales han organizado cárteles de la leche obligatorios, que fijan precios mínimos y restringen la producción, y se imponen embargos absolutos a las importaciones de leche fuera del estado, bajo el disfraz de «seguridad». El efecto, por supuesto, es cortar la competencia y permitir la fijación de precios monopolísticos. Además, los requisitos de seguridad que van mucho más allá de los que se imponen a las empresas locales suelen exigirse a los productos de fuera del Estado.8

  • 1. No es de extrañar que oigamos continuas quejas sobre la «escasez» de médicos y profesores, pero rara vez oímos quejas sobre la escasez en ocupaciones sin licencia. Sobre la concesión de licencias en medicina, véase Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press, 1963), págs. 149-60; Reuben A. Kessel, «Price Discrimination in Medicine», Journal of Law and Economics (octubre de 1958), págs. 20-53.
  • 2. Para un excelente análisis del funcionamiento de las normas de calidad obligatorias en un caso concreto, véase P. T. Bauer, West African Trade (Cambridge: Cambridge University Press, 1954), págs. 365-75.
  • 3. Para estudios de caso sobre los efectos de tales normas de «calidad», véase George J. Alexander, Honesty and Competition (Syracuse: Syracuse University Press, 1967).
  • 4. Sobre la adulteración y el fraude, véase la discusión definitiva de Wordsworth Donisthorpe, Law in a Free State (Londres: Macmillan & Co., 1895), pp. 132-58.
  • 5. Algunas personas que generalmente se adhieren al libre mercado apoyan a la SEC y regulaciones similares con el argumento de que «elevan el tono moral de la competencia». Ciertamente restringen la competencia, pero no se puede decir que «elevan el tono moral» hasta que la moralidad sea definida con éxito. ¿Cómo se puede definir la moralidad en la producción si no es como un servicio eficiente al consumidor? ¿Y cómo puede alguien ser «moral» si se le impide por la fuerza actuar de otra manera?
  • 6. La industria de la construcción está tan constituida que muchos trabajadores son empresarios casi independientes. Por lo tanto, los códigos de seguridad agravan el carácter restrictivo de los sindicatos de la construcción.
  • 7. Podríamos añadir aquí que en el mercado puramente libre incluso el criterio de «peligro claro y presente» sería una definición demasiado laxa y subjetiva para un hecho punible.
  • 8. Véase de Stigler, Theory of Price, p. 211.
Author:

Murray N. Rothbard

Murray N. Rothbard made major contributions to economics, history, political philosophy, and legal theory. He combined Austrian economics with a fervent commitment to individual liberty.

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Image source:
Getty
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