La orden ejecutiva de Donald Trump emitida a principios de esta semana pretende prevenir la censura en línea instruyendo efectivamente a las agencias federales para reinterpretar la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 (CDA). En particular, Trump tiene una queja bien fundada con la infame sección 230 de la CDA, que otorga a las empresas de tecnología un cierto nivel de inmunidad frente a diversas demandas civiles, incluyendo demandas por difamación. Con ello, el artículo 230 no sólo intenta adelantarse a la ley estatal en sentido contrario —la prelación federal es casi siempre mala— sino que también crea una clase de actores que disfruta de la condición de plataforma neutral o de transportista común pero que ejerce discreción editorial.
Recuerden que en 1996 los medios sociales no existían. Los motores de búsqueda como Alta Vista eran rudimentarios; la mayoría de la gente todavía escribía las direcciones de los sitios en sus navegadores. La CDA estaba dirigida principalmente a los proveedores de servicios de Internet como AOL, que el Congreso ostensiblemente quería proteger de cualquier responsabilidad por las acciones, comunicaciones o contenido de los usuarios. Después de todo, cuando dos individuos se involucran en una conspiración criminal por teléfono los fiscales no acusan al proveedor de la red celular. El CDA tenía sentido en una época en que Internet estaba en su infancia.
Pero en los últimos 25 años, las empresas de medios de comunicación social se han visto empujadas a desempeñar el papel de policía de «estándares comunitarios». Los motores de búsqueda, en particular Google, son los guardianes y curadores de la información que consumimos. Estas compañías tecnológicas se nombran ahora a sí mismas árbitros de la verdad y el decoro, y no sólo con respecto a la política y las campañas. El discurso de odio y el acoso, ambiguo y siempre cambiante, es motivo de remoción o suspensión de las plataformas. Las opiniones poco ortodoxas o políticamente incorrectas sobre temas científicos relacionados con el calentamiento global, las vacunas y el COVID-19 están reguladas por algoritmos invisibles o empleados no responsables de las empresas tecnológicas. Los sitios web y blogs «malos» desaparecen de los resultados de las búsquedas o se entierran tan profundamente que se vuelven invisibles.
Por cualquier medida, estas acciones de las empresas de tecnología —prohibición, suspensión, prohibición en la sombra y desmonetización— se basan en el contenido en cuestión o en la identidad del usuario. En ambos casos, se aplica el criterio editorial. Esto es ineludible. Por lo tanto, en la medida en que la CDA inmuniza a los responsables de la toma de decisiones editoriales o a los empleadores de sus empresas tecnológicas contra la responsabilidad por daños y perjuicios de las demandas reconocidas por la ley estatal o el derecho consuetudinario, los libertarios tienen todas las razones para oponerse. Pero como en la mayoría de los casos de favoritismo en la ley, la respuesta es la revocación de los privilegios especiales en lugar de más legislación.
Algunos comentarios resumidos adicionales:
- Las órdenes ejecutivas son intrínsecamente sospechosas y, en general, malas, no sólo por (en este punto risible) preocupaciones constitucionales, sino porque establecen otra capa de «leyes» de facto para las que tù y yo tenemos pocos recursos legales. Si es necesario enmendar el CDA, que lo haga el Congreso. Mejor aún, deséchalo.
- Sí, Facebook, Google, Twitter, Amazon y otros son empresas privadas, a pesar de sus profundos enredos (incluyendo contratos) con el gobierno federal. Prácticamente todas las industrias y todas las grandes empresas están en la cama con el Tío Sam, desde los subsidios y el cabildeo hasta la legislación proteccionista. Si permitimos que esos enredos justifiquen niveles aún más profundos de regulación, sólo se erosionará aún más lo que debería ser una distinción muy clara entre el sector privado y el Estado.
- Sí, estas compañías tienen profundos prejuicios antiliberales, e incluso agendas abiertamente antiliberales, desde una perspectiva libertaria.
- No, las empresas privadas no están obligadas a darte a ti o a cualquier otra persona acceso a sus plataformas.
- No, la Primera Enmienda no se aplica a las empresas privadas.
- La «comprobación de hechos» es inherente e ineludiblemente política. ¿Quiénes son los ángeles desinteresados encargados de realizar estas comprobaciones? ¿Qué hechos se comprueban, y de quiénes son los hechos que se comprueban? ¿Qué hay de las medias verdades y las distorsiones, en oposición a las falsedades descaradas?
- Todos somos «media» en una era de plataformas de intercambio social instantáneo y teléfonos con cámara. La Primera Enmienda no creó ni contempló una clase especial de prensa institucional que goza de mayor protección del gobierno. Los niños en bicicleta tienen tanto derecho a «cubrir» la situación en Minneapolis como la CNN, y sus publicaciones en Facebook merecen las mismas protecciones que el programa nocturno de Wolf Blizter.
¿Qué hacer, entonces? Peter Klein traza un camino hacia adelante:
- Revisar el CDA.
- Hacer cumplir los acuerdos contractuales entre las plataformas y los usuarios.
- Evitar todo intento de regulación de la neutralidad del punto de vista.
- Eliminar las barreras de entrada creadas por el gobierno para los nuevos participantes (incluido el CDA).
- No tratar la información como propiedad (por ejemplo, no actuar como si los usuarios «poseyeran» «sus datos» y hacer cumplir los reglamentos sobre la portabilidad).
- Por último, Trump simplemente debería trasladarse a Gab o a una plataforma similar. Muchos de sus 85 millones de seguidores lo seguirían, y esto haría más para «castigar» a Twitter (y alentar a nuevos competidores) que cualquier acción legal.
