No sé quién introdujo la idea de que el mercado es algo egocéntrico y perverso, pero ha distorsionado su significado. Originalmente, quienes hablaban del mercado no eran «economistas», sino —como los de la Escuela de Salamanca— teólogos y filósofos morales, o —como Adam Smith— personas dedicadas a la filosofía moral.
Estos moralistas no pretendían fundar otra ciencia, solo explicar el comportamiento de las personas dentro de algo tan natural como el mercado. El «mercado» se consideraba teóricamente como la reunión de todas las personas comunes en un lugar, cooperando de forma voluntaria y pacífica, intercambiando productos y servicios para mejorar sus vidas y colaborar con los demás. Dado que todo intercambio voluntario solo se produce si cada persona recibe más de lo que da, es evidente que los mercados maximizan el bienestar.
Ser «egocéntrico», por supuesto, lleva a la idea de que el gobierno debe «regular», de forma coercitiva, lo que acaba, no en una regulación natural, sino en una distorsión del desarrollo espontáneo de la sociedad. El «mercado» pasa de ser un ámbito de cooperación —donde todos deciden y ganan en tiempo real— a convertirse en un ámbito interferido por las decisiones arbitrarias de un burócrata.
De hecho, este tipo de intervenciones transforman el mercado en un ámbito egocéntrico en el que lo que resulta ventajoso es convencer —o corromper— al burócrata para que las «regulaciones» les beneficien a ellos a expensas de los demás, como cuando los empresarios obtienen subvenciones pagadas por los ciudadanos de a pie. O, en el ámbito de la prevención, cuando los funcionarios imponen directivas estatales caprichosas por encima de las opiniones de los interesados: el público.
Por ejemplo, el ejército de los EEUU —concretamente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército— construyó y mantuvo los canales y muros que protegían Nueva Orleans. Lamentablemente, sabían que no resistirían tormentas de la magnitud del huracán Katrina en 2005, que dejó la ciudad devastada. Las compañías de seguros y reaseguros podrían haber construido fácilmente una infraestructura de defensa adecuada si las regulaciones estatales lo hubieran permitido.
Swiss Re estimó que las contribuciones de las aseguradoras mundiales por desastres naturales en 2024 superarían los 135 000 millones de dólares, pero las pérdidas económicas totales por desastres fueron superiores, superando los 318 000 millones de dólares, lo que dejó un importante déficit de protección debido a que los Estados interfieren desalentando, si no prohibiendo directamente, la cobertura en muchos casos.
Ahora tenemos este terrible accidente ferroviario que se cobró más de cuarenta vidas en Adamuz, España. Entre otros testimonios, salió a la luz una carta en la que un sindicato de maquinistas españoles había advertido, en agosto de 2025, sobre el grave deterioro de las líneas de alta velocidad, incluido el tramo donde se produjo el accidente. Todo parece apuntar a un problema con las vías, cuyo cuidado y mantenimiento está en manos de los burócratas estatales.
Sea como fuere, hay dos cosas que deben quedar claras y que hacen que el «control estatal» sea contraproducente. En primer lugar, las personas —el mercado— arriesgan sus propias vidas y fortunas, mientras que, para el burócrata, prevenir un accidente es solo otra tarea tediosa; por lo tanto, nadie será más cuidadoso que las personas con ellas mismas. Además, a la burocracia se le garantiza la financiación a través de los impuestos, lo que significa que no hay ganancias ni pérdidas, ni cálculos económicos.
El mercado regula los accidentes de manera muy eficaz. Si el Estado no interfiere de manera coercitiva, la competencia entre las empresas las obliga a mejorar al máximo sus servicios (además de la amenaza de la responsabilidad civil por daños). Entonces, en casos como el transporte, tanto los empleados (conductores, pilotos, etc.) como los directivos serán los primeros en supervisar la situación, ya que cualquier accidente les afectaría directamente. Los usuarios, que también arriesgan sus propias vidas, serán implacables reguladores con sus observaciones, experiencias y opiniones, elogiando o desacreditando y denunciando a las empresas.
En segundo lugar, el mercado funciona en tiempo real y de forma personalizada, mientras que los burócratas responden a normativas, leyes y protocolos obsoletos y generales, cuando cada persona y cada situación son un caso especial. Por ejemplo, durante la crisis del COVID, sé personalmente que, «por razones de protocolo», muchas personas fueron sometidas a procedimientos que no eran adecuados para ellas, poniendo en grave peligro sus vidas, y no quiero saber cuántas murieron como consecuencia de ello.
