Hace poco escribí un artículo en el que explicaba que hay argumentos libertarios para quitarle a Disney sus privilegios en Florida. Sin embargo, escribo esto para subrayar que, aunque estratégicamente ese es el enfoque adecuado, no debemos tirar el bebé con el agua de la bañera.
Fue el pasado agosto cuando Jerome Powell empezó a admitir que la inflación podría ser un problema. Pero incluso entonces, sólo estaba dispuesto a decir que la inflación probablemente estaría «moderadamente» por encima del arbitrario estándar de inflación del 2%. En agosto, la baja inflación —no la alta inflación— todavía se percibía como el «problema».
Los políticos africanos tienden a culpar a los actores extranjeros o a los factores externos de los problemas internos. Esto no es nada nuevo ni es exclusivo de los políticos africanos. En todo el mundo, los gobernantes y los políticos no pierden la oportunidad de culpar de los problemas internos a chivos expiatorios locales o extranjeros, protegiéndose así de sus propios fracasos políticos.
La inflación en los EEUU está en máximos de cuarenta años, mientras que los tipos de interés de los bonos del Tesoro a diez años acaban de alcanzar el 3%, lo que indica que hay problemas para los compradores de viviendas. Los conductores de camiones pagan más de 1.000 dólares por llenar sus camiones con gasóleo a 5 dólares por galón para repartir tus cada vez más caros comestibles y paquetes de Amazon. La delincuencia y la falta de vivienda se disparan en las grandes ciudades, exacerbadas por opioides virulentos como el fentanilo y el krokodil.
El lunes, la Casa Blanca se vio de nuevo obligada a «calmar los temores» de que Estados Unidos esté participando en una política de brinkmanship nuclear. Es decir, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se vio obligada a desmentir la afirmación de Moscú de que Estados Unidos y Rusia están cada vez más comprometidos en una guerra por delegación en Ucrania y que ésta podría acabar escalando de forma imprevisible.
La «inflación» vuelve a ser noticia, y se dicen muchas tonterías al respecto. Sin pensar demasiado en si tiene sentido o no, la «inflación» se define como una subida generalizada de los precios. Las estadísticas oficiales afirman que se puede medir el «nivel de precios» y calcular su cambio como la llamada tasa de inflación, sin que haya casi ninguna evaluación crítica de la fiabilidad de estas cifras. Rara vez se menciona que estos conceptos son construcciones estadísticas, publicadas como «cifras oficiales» y, como tales, sujetas a intereses gubernamentales.
Hay un impulso inculcado en todos los seres vivos que los dirige hacia la asimilación de la materia que preserva, renueva y fortalece su energía vital. La eminencia del hombre actuante se manifiesta en el hecho de que, de forma consciente y decidida, se propone mantener y potenciar su vitalidad.
Una aplicación especialmente importante de nuestra teoría de los títulos de propiedad es el caso de la propiedad de la tierra. Por un lado, la tierra es una porción cuotal fija de la tierra, y por lo tanto el suelo perdura prácticamente de forma permanente. Por tanto, la investigación histórica de los títulos de propiedad de la tierra tendría que remontarse mucho más atrás que la de otros bienes más perecederos.
A los políticos les encantan sus palabras de moda y sus temas de conversación, y la Casa Blanca de Joe Biden y el Partido Demócrata los utilizan tanto o más que cuando Donald Trump y los Republicanos dirigían el espectáculo de fenómenos de Washington. El año pasado, el mantra del gobierno de Biden fue que la inflación era «transitoria», lo que significa que la inflación no duraría mucho. Desde Biden (cuando podía recordar cuáles eran sus temas de conversación) hasta Paul Krugman en el New York Times, los fieles repetían la palabra más nueva de la vida: «transitoria».
Uno de los argumentos más extraños que surgen de la controversia sobre el «distrito especial» de Disney en Florida es la noción de que la propiedad de Disney en Florida es una especie de entidad autónoma verdaderamente independiente que opera sin la supervisión del gobierno.
