La beneficencia suele considerarse una actividad estatal. Sin embargo, como Mises y otros han señalado, la beneficencia patrocinada por el Estado socava la economía y amplía el poder del gobierno. La caridad privada es el único sistema sostenible y justo.
Los socialistas se enorgullecen de sus supuestas buenas intenciones, incluso cuando diseñan políticas que causan estragos y perjudican a las personas a las que los socialistas pretenden ayudar. Ludwig von Mises lo llamó destruccionismo.
Mientras que el total de «empleos» (en su mayoría a tiempo parcial) aumentó en 273.000 en mayo —gracias en gran parte a cifras inventadas—, el total de trabajadores empleados cayó en 408.000 personas.
Los economistas keynesianos no tienen una buena explicación para la estanflación, tasas crecientes tanto de inflación como de desempleo. La escuela austriaca lleva mucho tiempo señalando que la inflación sostenida tiene un patrón predecible que conduce en última instancia a la estanflación.
En contra de los keynesianos, que creen que el gasto gubernamental y la burocracia son las claves del crecimiento económico, es el Estado burocrático el que engulle los recursos y ahoga a los empresarios. Cuanto más poderosa es la burocracia, más bajo es el nivel de vida.
El socialismo no infecta nuestro cuerpo político sólo a través de medidas económicas. La obsesión actual por aplicar políticas DEI tiene todas las características de cómo las medidas socialistas socavan un orden de propiedad privada.
El dinero fiat patrocinado por el Estado ha sido la norma durante más de noventa años, pero su propia inestabilidad lo hace vulnerable a un régimen de dinero sano.
Los precios del petróleo se han debilitado en las últimas semanas a pesar de la guerra en Gaza y el aumento del riesgo geopolítico. Esto apunta a una contracción económica general.
La interminable economía burbuja tiene una nueva moda crediticia: los préstamos respaldados por chips de inteligencia artificial. El problema es que, aunque los chips sirven de garantía, las compañías ahora mismo no pueden obtener ingresos suficientes para cubrir sus costes.
Con el fin de ampliar enormemente el estado regulador, la administración Biden está utilizando relaciones costo-beneficio falsas para hacer que sus regulaciones parezcan menos costosas y más beneficiosas. Esto es claramente fraudulento, pero ningún burócrata será acusado de ningún delito
