Confianza: permitir que alguien tenga, utilice o cuide (a alguien o algo importante o valioso) con seguridad: te confiaría mi vida.
La mayoría de la gente no confía en los políticos, y sin embargo estos dominan nuestras vidas. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
La confianza es un factor fundamental en cualquier relación. ¿La gente habla en serio? ¿Cumplen sus promesas? Si hubiera suficiente gente que no confiara en Amazon, esta habría quebrado hace mucho tiempo. Los amigos dejarían de serlo si demostraran no ser de fiar.
No confiamos en los políticos, pero no tenemos más remedio que aguantarlos, al menos por ahora. Hay quien vota para que lleguen al poder quienes, en su opinión, son mejores candidatos. Sin embargo, el gobierno sigue siendo un desastre fiscal con una marcada inclinación hacia la guerra. Existen pruebas contundentes de que nuestro actual presidente, que fue elegido con la promesa de la paz, está subordinando a los Estados Unidos a los deseos de otro país, el Israel sionista.
Veamos los hechos relevantes: la clase política tiene un poder del que el resto de nosotros carecemos. Y tiene acceso a cantidades de dinero aparentemente ilimitadas de las que el resto de nosotros carecemos. Son motivos poco sólidos para confiar en ellos.
Soberanía y banca
En ciencias políticas, un gobierno soberano es, por lo general, aquel que posee la autoridad máxima dentro de un territorio. Hay quien considera que la Constitución de los EEUU afirma que «Nosotros, el pueblo» somos soberanos y que el gobierno actúa como nuestro representante. Esto se materializó en forma de soberanía estatal, pero llegó a su fin de manera violenta en 1865. A partir de entonces, el gobierno federal pasó a ser soberano, ya que podía hacer valer su reivindicación de la autoridad máxima.
Veamos el caso de la banca. Históricamente, los bancos desempeñaban dos funciones distintas: una era la custodia y la otra, la concesión de préstamos.
Un banco de depósito actúa como custodio. Los depositantes pagan por el servicio y esperan que su dinero esté disponible en todo momento para su retirada. La obligación del banco es la custodia, no la inversión.
Una caja de ahorros desempeña una función diferente. Los depositantes aceptan que sus fondos puedan prestarse a prestatarios a cambio de una rentabilidad. Dado que parte de los fondos se destina a préstamos, no siempre se puede garantizar el reembolso inmediato. El depositante sacrifica liquidez a cambio de ingresos.
La confusión surge cuando se fusionan estas dos funciones. Un almacén promete disponibilidad constante. Una entidad de crédito promete una rentabilidad. La dificultad comienza cuando se considera que un mismo dólar está disponible para el depositante y, al mismo tiempo, comprometido con un prestatario.
En ese momento, la cuestión ya no es meramente bancaria. Se trata de una cuestión de confianza y de la naturaleza de las promesas que se están haciendo.
En el siglo XIX, se producían lo que se conocía como «pánicos» —lo que hoy llamaríamos «corridas bancarias»— cuando los bancos no podían cumplir sus promesas de reembolso. Los depositantes acudían en busca de su dinero, solo para descubrir que gran parte de él se había prestado. Las leyes que restringían la apertura de sucursales contribuyeron al problema, pero la vulnerabilidad más profunda provenía del propio sistema de reserva fraccionaria. Había más reclamaciones de dinero que dinero disponible para su reembolso.
La solución ideada por los principales banqueros y responsables políticos a principios del siglo XX, y que finalmente se plasmó en la Ley de la Reserva Federal de 1913, consistió en un banco central que pudiera actuar como «prestamista de última instancia». Los bancos que no pudieran hacer frente a las demandas de reembolso podrían obtener reservas del banco central y seguir operando.
Pero esto plantea una pregunta obvia: ¿de dónde obtiene el banco central los fondos que presta?
Hasta 1933, los Estados Unidos se mantuvo en el sistema del patrón oro. Las monedas de oro constituían la moneda de referencia, mientras que el papel moneda y los depósitos bancarios eran legalmente canjeables por oro. Este requisito de canje suponía una restricción tanto para los bancos como para los responsables políticos. Por mucha moneda que quisieran crear, en última instancia tenían que hacer frente a las solicitudes de canje.
Tras la crisis de 1929, muchos economistas y políticos empezaron a considerar esa restricción como un obstáculo más que como una medida de protección. El economista de Yale Irving Fisher y otros creían que la recuperación económica requería una expansión monetaria. Sin embargo, la obligación de canjear los títulos de deuda por oro limitaba el alcance de dichas políticas.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el propio patrón oro se presentaba cada vez más no como un garante de la integridad financiera, sino como un obstáculo para la recuperación. Mediante el Decreto Ejecutivo n.º 6102, promulgado el 5 de abril de 1933, el presidente Roosevelt declaró ilegal «el acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro dentro del territorio continental de Estados Unidos». Se ordenó a la población que entregara su oro a un banco local de la Reserva Federal a más tardar el 1 de mayo de 1933. El incumplimiento de esta orden se castigaba con hasta 10 años de prisión y una multa de 10 000 dólares.
Tras la aprobación de la Ley de Reservas de Oro de 1934, el presidente elevó el precio legal del oro de 20,67 dólares por onza troy a 35 dólares, lo que supuso una devaluación del dólar y permitió a la Reserva Federal aumentar su oferta. Los americanos que se habían visto obligados a cambiar su oro por dólares el año anterior se vieron privados de ese aumento, pero el cambio provocó un incremento de las importaciones de oro a la Fed y al Tesoro de EEUU.
En aquella época, los Estados Unidos no era el coloso mundial que es hoy en día. Los gobiernos extranjeros conservaban el derecho a canjear dólares por oro, un privilegio que cobró cada vez más importancia durante la década de 1960, cuando Francia y otras naciones comenzaron a convertir en oro sus importantes reservas de dólares.
Tras la declaración del presidente Nixon el 15 de agosto de 1971, en la que anunciaba que los EEUU ya no canjearía por oro los dólares en poder de extranjeros, el dólar pasó a ser una moneda puramente fiat. La confianza recayó entonces en el criterio de los responsables de los bancos centrales, que influirían en el poder adquisitivo del dólar a través de la política monetaria. A diferencia de los falsificadores privados, la Reserva Federal está legalmente autorizada a crear nuevos dólares. Sin embargo, el efecto económico es similar en un aspecto importante: entra nuevo poder adquisitivo en la economía antes de que los precios se hayan ajustado por completo. Dado que la Fed compra deuda del Tesoro con dinero fiat, el gobierno se enriquece y se muestra más inclinado a emprender actividades extracontitucionales. En consecuencia, los americanos de a pie, que son víctimas de la inflación, ven cómo sus dólares compran menos, al tiempo que sus vidas corren mayor peligro debido a actividades como las guerras no declaradas.
Conclusión
Llega un momento en el que nos damos cuenta de que es imposible lograr un cambio duradero bajo una forma de gobierno basada en el monopolio de la fuerza —o la «autoridad suprema»—. Sin embargo, cada día participamos en otro sistema de orden social, uno basado en el intercambio voluntario, los contratos, la reputación y el consentimiento. Este sistema rige miles de millones de decisiones económicas sin recurrir al poder monopolístico. El libre mercado espera que se confíe plenamente en él. Les animo a que lo consideren un objetivo por el que luchar.
